Robo de combustible y teneduría de libros: la búsqueda de delitos por el régimen

Elías Amor Bravo, economista

Al régimen castrista hay que reconocerle su extraordinaria capacidad para atemorizar a la población con la ficción de supuestos delitos, casi siempre en el ámbito económico, que tienen su razón de ser por las características del modelo. Un buen ejemplo es que algunos delitos se mantienen en el tiempo, como matar una res, que supone graves castigos en Cuba desde los primeros momentos de la revolución. Sin embargo, la tenencia de dólares, que durante décadas supuso graves condenas de prisión para los infractores, ahora es una necesidad cotidiana.

Esto viene a cuento por dos notas publicadas en Granma. Una “urge elevar el rigor en las sanciones contra el robo de combustibles” y la otra, “el refuerzo de mecanismos para prevenir ilícitos financieros”. Es el mismo procedimiento de siempre. El castrismo identifica supuestos delitos y anuncia los instrumentos de represión para infundir miedo a la población. Veamos con detalle.

Manuel Marrero ha realizado un llamamiento público para “elevar el combate contra los delitos, con especial énfasis en los asociados al robo de combustible”. Con apenas un barco petrolero llegando a Cuba cada varios meses, las necesidades de derivados energéticos aumentan y con ellas el precio. Qué quieren que les diga. Sin querer, o queriendo, el régimen abona el suelo para que las prácticas supuestamente delictivas vayan en aumento.

De esto se habló, y al parecer mucho, en la reciente reunión del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, en la que se pidió un aumento de las sanciones, en su mayoría administrativas, y al mismo tiempo, divulgar el enfrentamiento de las autoridades contra los delitos para “que se convierta en una batalla de todos los días”.

En este Grupo han participado, nada más y nada menos, que el presidente del Tribunal supremo popular, la Contraloría general, una directiva de la Oficina de Uso Racional de Energía, y el propio Marrero. Nada más y nada menos. Con todo lo que se tiene que hacer y las prioridades de la economía, esta gente prefiere dedicarse a la nueva “batalla”. Ya me dirán ustedes qué impacto puede tener en la economía nacional y en los servicios básicos a la población la apropiación de una botella de gas licuado o una garrafa de diésel automoción a estas alturas de la historia.

En vez, se han inventado el robo de aceite dieléctrico, un asunto que inquieta a Marrero porque este aceite se utiliza en los transformadores, de modo que es “un delito de alta sensibilidad” para el que pidió que se diera mucha divulgación a este asunto para sumar al pueblo al enfrentamiento. Que todo el mundo sepa que “no hay tolerancia ante el robo de combustible, el robo de este aceite, ante la corrupción”.

Y sin cortarse ni un milímetro anunció mano dura contra los “irresponsables administrativos” que no están cumpliendo su papel, que no están exigiendo y que no están controlando como tienen que controlar. Quédense con este mensaje y la selección de este colectivo como objetivo de la represión comunista, porque se está extendiendo como la pólvora.

A los dirigentes comunistas les preocupan estos delitos y de ese modo, en la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure), se elabora información sobre los resultados en la prevención y enfrentamiento al robo de combustible en 2025 y en el primer trimestre de 2026. Según la Oficina, “las acciones de control crecen, en un escenario de desabastecimiento agudo de combustible y la aparición de nuevos actores en su comercialización a la vez que se animó a perfeccionar el trabajo con la aplicación Ticket y el sistema de venta en los servicentros”.

La Contraloría general de la República, que también participó en este aquelarre castrista, insistió en la “necesidad de fortalecer el sistema de control interno en las entidades estatales y profundizar en el análisis de la información derivada de los ejercicios de supervisión” y para ello “se tiene que elevar el rigor de las medidas administrativas que se adoptan y de las medidas disciplinarias también”  y concluyó diciendo que “parece que no hay total conciencia de lo que implica el desvío de combustible y la indisciplina en su control y uso”.

El presidente del Tribunal Supremo Popular también tomó la palabra para destacar “la importancia de informar las acciones de enfrentamiento” y lo justificó porque “cuando las personas aprecian ese enfrentamiento y ese sistema de trabajo, confían y participan, y ahí se gana la pelea del rechazo social a los delitos”.

Marrero finalmente, respecto a los delitos económicos, insistió en potenciar el control en centros de elaboración y almacenes, el trabajo diferenciado con los equipos de seguridad e indicó reforzar los planes de enfrentamiento.

Y por si la lucha contra el “delito energético” no fuera suficiente, el régimen se inventa ahora también unos ilícitos financieros y ni cortos ni perezosos publican la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) para establecer un procedimiento actualizado para la atención, supervisión y control de la actividad de teneduría de libros, como parte del sistema nacional de prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Si. Han oído bien, los tenedores de libros, los contables, los administrativos, etc., tienen que ir con cuidado a partir de ahora, porque los pueden meter en un buen lío. La líder de esta medida parece que es la viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, que en vez de concentrarse en medidas eficaces para luchar contra la inflación de dos dígitos que atenaza la economía, se dedica a exigir el perfeccionamiento de un procedimiento vigente desde 2020, que ahora “se amplía para incorporar nuevos actores económicos y reforzar las exigencias en correspondencia con estándares internacionales, en particular los asumidos por Cuba como miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), creado para prevenir y combatir estos flagelos”.

El régimen tiene perfectamente identificados los más de 1.300 tenedores de libros que ejercen su profesión como trabajadores por cuenta propia, a los que se suman 146 de mipymes privadas y 7 Cooperativas No Agropecuarias dedicadas a esta actividad, además de los Proyectos de Desarrollo Local incorporados en la nueva normativa. A partir de ahora, estos profesionales se deben atener a lo establecido, so pena de caer en esos ilícitos que se producen, precisamente, porque el marco jurídico e institucional creado a partir del Decreto-Ley 317, de 2013, no es adecuado ni eficiente para regular la prevención y enfrentamiento a estos delitos. Ello obliga al régimen a revisar el marco y los procedimientos para luchar con políticas públicas contra las ilegalidades, corrupción e indisciplinas sociales, según se establece en el Programa Económico Social del Gobierno.

El nuevo procedimiento “se organiza sobre tres pilares: atención, control y supervisión; en cuanto a la atención, el MFP, junto con sus direcciones provinciales y municipales y la Oficina Nacional de Administración Tributaria, asume la responsabilidad de capacitar y preparar a los sujetos obligados mediante una estrategia sectorial de riesgos en proceso de actualización”. En materia de control, la Resolución 86 incorpora una guía para uniformar los procesos de supervisión en todo el país, con un enfoque basado en riesgos, “una herramienta que facilita evaluar el cumplimiento de las obligaciones y detectar posibles irregularidades asociadas a delitos financieros”.

Dentro de las principales responsabilidades de los sujetos de obligación, “se establece la aplicación de la debida diligencia, que implica la identificación y verificación de los clientes antes de prestar servicios, así como la obligación de abstenerse de operar cuando existan indicios de falsedad o suplantación de identidad”.

De hecho, los sujetos deberán “evaluar los riesgos en el ejercicio de su actividad, realizar reportes de operaciones sospechosas ante las autoridades competentes, conservar la información por un periodo de cinco años y garantizar la confidencialidad de los datos manejados”. Imaginen lo que puede significar un olvido, un traspapelado o un informe con errores sobrevenidos. La tensión está garantizada.

La normativa establece “la prohibición de prestar servicios a personas o entidades incluidas en listas nacionales o internacionales vinculadas al terrorismo y en correspondencia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” de modo que el procedimiento fortalece la capacidad del país “para identificar y mitigar riesgos, al tiempo que eleva la transparencia en la actividad económica y protege la integridad del sistema financiero”.

Delitos supuestos, control y vigilancia, batallas, represión y sanciones conforman un círculo vicioso de funcionamiento de la economía castrista durante 67 años del que se pensaba que difícilmente podía ir a más, pero con estos dos ejemplos se puede ver que cualquier cosa es posible. Atando las manos y limitando la capacidad de los actores de la economía, la posibilidad de crecer y generar riqueza se diluye en manos de burócratas represores que tienen todo el poder. Los gestores de la economía cubana no sólo son deficientes, sino que han elegido un modelo que, en absoluto, facilita el crecimiento económico.