Las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba (II)
Elías Amor Bravo, economista
El 1 de mayo, mientras La Habana celebraba una debilitada manifestación en horas de la madrugada para conmemorar el día del trabajo, en Estados Unidos el presidente Donald J. Trump firmaba una orden ejecutiva[1] que imponía nuevas sanciones al régimen cubano para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. En cierto modo, con esta orden se daba un paso adelante en el proceso, representando una continuidad y refuerzo de la orden anterior publicada en el mes de enero, lo que viene a confirmar que Estados Unidos ha pasado a una segunda fase, y puede que decisiva, en la defensa de la libertad y la democracia en el régimen comunista de Cuba.
De hecho, la orden presidencial aumentó las sanciones contra Cuba para incluir nuevas restricciones en virtud de
la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia. Esta Ley es
una legislación federal que otorga al presidente una serie de facultades
extraordinarias para regular el comercio internacional, congelar activos internacionales
propiedad de individuos o entidades declarados en un programa de sanciones, y tras
declarar una emergencia nacional en respuesta a amenazas inusuales y
extraordinarias que tienen su origen en el exterior del país, como sucede con
Cuba.
La Ley fue promulgada el 28 de diciembre de 1977, y tiene
casi medio siglo de existencia, encontrándose bajo las disposiciones de la Ley
de Emergencias Nacionales. A lo largo de este período de vigencia, la Ley ha
sido invocada en numerosas ocasiones con declaraciones de emergencia provocadas
por crisis fuera de Estados Unidos.
En particular, la principal novedad de la orden presidencial es que establece nuevas sanciones a entidades, personas o afiliados que den su apoyo al aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de la corrupción gubernamental o de graves violaciones de derechos humanos, o sean agentes, funcionarios o colaboradores materiales del gobierno cubano. Asimismo, se autorizan nuevas sanciones contra personas, entidades o instituciones financieras afectadas que hayan realizado o facilitado transacciones con personas o entidades sancionadas en virtud de la misma.
La etapa de conversaciones parece haber entrado en un momento decisivo en
el que, el presidente de Estados Unidos ha decidido hacer frente, con todos los
medios a su alcance, a las continuas amenazas a la seguridad nacional que
plantea día sí y al otro también, el régimen comunista de La Habana. Y ello se
hace por medio de la adopción de medidas decisivas, no solo para exigir
responsabilidades al régimen cubano, como en la orden anterior, sino a quienes
lo mantienen y le dan apoyo extendido al terrorismo y a la inestabilidad
regional, poniendo en peligro la seguridad y la política exterior de Estados
Unidos.
La orden presidencial ha tomado en consideración el hecho de
que el régimen cubano no deja de establecer acuerdos y relaciones con países y
actores malintencionados hostiles a Estados Unidos, llegando incluso a
facilitar sus operaciones militares y de inteligencia en territorio de la Isla.
Por ejemplo, se denuncia que Cuba alberga instalaciones de adversarios extranjeros dedicadas a
recabar y explotar información sensible sobre la seguridad nacional de Estados
Unidos.
Además, se dice que Cuba mantiene estrechos vínculos con importantes estados patrocinadores del terrorismo, incluido el Gobierno de
Irán, y proporciona refugio a grupos terroristas transnacionales, entre ellos
Hezbolá, ofreciendo un entorno propicio para operaciones hostiles de
inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 100 millas del
territorio estadounidense.
La nota presidencial sostiene que estas acciones constituyen
una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política
exterior de Estados Unidos, lo que requiere una respuesta inmediata para
proteger a los ciudadanos y los intereses estadounidenses.
La nota señala que, a nivel interno, el régimen mantiene las
persecuciones y torturas a los opositores políticos, niega a sus ciudadanos el
derecho a la libertad de expresión y difunde activamente la ideología comunista
por toda la región, mientras reprime a su población. Se destaca, asimismo, que el régimen corrupto e
incompetente de Cuba sigue impulsando la migración hacia Estados Unidos, con
más de 850.000 migrantes que llegaron a Estados Unidos entre 2022 y el otoño de
2024.
La nota finaliza señalando que el presidente Trump se ha enfrentado sistemáticamente a los regímenes que amenazan la seguridad y los intereses de Estados Unidos, logrando lo que otros no consiguieron, pues fallaron en hacer que los adversarios rindieran cuentas. El presidente Trump continúa con los esfuerzos iniciados en su primer mandato para apoyar al pueblo cubano y exigir responsabilidades al régimen. En la nota se ofrece una descripción de los hitos de este proceso, desde entonces.
En su primer mandato, el presidente Trump aplicó una política
firme hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la Administración Obama
que había suavizado unilateralmente las restricciones a La Habana, sin
garantizar reformas significativas para el pueblo cubano. Basándose en décadas
de evidencias, la primera Administración del presidente Trump designó
correctamente a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.
En junio de 2025, el presidente Trump incrementó la presión
política de Estados Unidos sobre Cuba mediante un Memorando Presidencial
de Seguridad Nacional, con el fin de garantizar que las relaciones entre
Estados Unidos y Cuba promovieran los intereses de Estados Unidos y del pueblo
cubano, lo que incluye la defensa de los derechos humanos, el fomento de un
sector privado independiente del control gubernamental y el refuerzo de la
seguridad nacional.
Más reciente, en enero de 2026, el presidente Trump firmó
una orden ejecutiva en la que declaraba una emergencia nacional y establecía un
proceso para imponer aranceles a los productos procedentes de países que
vendieran o suministraran petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad
nacional y la política exterior de Estados Unidos frente a las acciones y
políticas malignas del régimen cubano.
El presidente Trump continúa demostrando su compromiso de abordar directamente las amenazas a la seguridad nacional procedentes del extranjero, como en la operación Absolute Resolve de Venezuela, la operación Southern Spear contra 186 narcoterroristas en ataques contra buques dedicados al tráfico de fentanilo, y las operaciones Midnight Hammer y Epic Fury contra Irán.
Con inusitada rapidez, la reacción de La Habana no se ha hecho esperar esta vez. El primero en reaccionar fue el canciller Rodríguez, que ha calificado de "repudiable pero curioso y ridículo", el contenido
de la nueva orden presidencial de Estados Unidos. A continuación, Díaz Canel también lanzó su mensaje en un tono menos críptico y, hasta cierto punto, similar a otras veces.
Bruno Rodríguez, por medio de la red social X, señaló que el gobierno de Estados Unidos "se alarma" ante el desfile de “más de medio
millón de cubanos en La Habana por el Primero de Mayo, encabezado por Raúl Castro y Díaz Canel, y responde
con el aumento de las presiones económicas sobre la Isla”. Hasta aquí, nada nuevo.
Asimismo, dijo que la reacción de la Casa Blanca se debe
al resultado del movimiento “Mi firma por la Patria”, que concluyó con el
respaldo de seis millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de
16 años) “en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del
bloqueo recrudecido y del cerco energético”. Más de lo mismo, sin rigor ni claridad.
Por cierto, una recomendación con este tema de los números. Rodríguez debería tener más cuidado con las cifras que salen de su boca, porque nadie en su sano juicio, viendo las imágenes en televisión, puede pensar que el desfile reunió a más de medio millón de cubanos y que el documento ha sido firmado por seis millones (cuantos lo hicieron obligados). La credibilidad muchas veces se pierde cuando se comete este tipo de errores.
El ministro calificó duramente la orden presidencial como “una
respuesta de carácter ilegal y extraterritorial de Washington” que, como la emitida el pasado 29 de enero, quiere
calificar a la nación caribeña “de constituir una amenaza inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados
Unidos”. El mismo argumento fue utilizado por Díaz Canel. En suma, los dos dirigentes castristas afirman que es “una justificación para arreciar el bloqueo
que ha persistido durante más de seis décadas, intentando asfixiar a la
población cubana”. En fin, hasta aquí nada que valga la pena señalar. Lean ustedes los comunicados de Rodríguez y de Díaz Canel y verán que parecen escrito por la misma persona. El relato se les desgasta de tanto repetir.
Rodríguez y Díaz Canel han reaccionado con rapidez ante algo que no estaba previsto. Pero en La Habana es posible que estuvieran avisados. Posiblemente, sabían que todo esto iba a ocurrir y lo tuvieran preparado desde hace tiempo. De ahí la reacción inmediata y prácticamente igual de los dos miembros de la nomenclatura castrista. Anunciaron que las nuevas
medidas entran en vigor, con efecto inmediato, y que comprenden acciones económicas
contra entidades y personas de Cuba y extranjeras o estadounidenses señalando, además, que las
sanciones serán aplicadas “a sectores clave para el desarrollo del país, como
son la banca, energía, minería y servicios financieros”.
¿Estaban preparados en La Habana para este paso en las conversaciones? ¿Qué sabían los dirigentes castristas que los demás ignoramos? ¿Les habrá ofrecido alguien, alguna información de los contenidos concretos de unas conversaciones
en las que los cuadros políticos del régimen han sido desplazados por el núcleo
de poder Castro? ¿Se les ha ido la lengua? En concreto, ¿Qué sabe el ministro Rodríguez de que las nuevas sanciones imposibiliten
la entrada de divisas a la Isla? Si, todo muy misterioso.
Siguen las conversaciones
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