Electricidad, agua y transportes en Cuba: sin soluciones a corto ni medio plazo

Elías Amor Bravo, economista

Mientras que prosiguen las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, en La Habana los dirigentes del régimen no parece que se den cuenta de la gravedad de la situación, y mantienen una huida hacia adelante que no es la estrategia más adecuada en momentos como estos.

Buen ejemplo de ello es lo que se dijo en el programa Mesa Redonda del miércoles pasado, que iba dedicado a presentar las actuaciones del régimen comunista en materia de electricidad, agua y transporte en la actual coyuntura, que se calificó por todos los participantes de tener “un impacto demoledor” sobre la economía y la sociedad.

El relato del director de la UNE, que fue el primero en intervenir, insistió que el recrudecimiento del bloqueo estadounidense provocado por la segunda orden ejecutiva el 1 de mayo, ha dejado al país prácticamente paralizado, sin poder utilizar gran parte de su capacidad instalada.

Argumento falso, porque realmente la situación de la economía cubana se vio agravada desde que Venezuela, hace dos años, dejó de cumplir sus compromisos petroleros, acentuando la dependencia energética exterior de la Isla. Lo de ahora es no contar con una Venezuela que regale petróleo.

El director de la UNE informó que se ha perdido prácticamente una potencia equivalente a los 1.300-1.400 MW por falta de combustible. El panorama ha llevado a producir electricidad solo con crudo nacional en las plantas térmicas, con gas acompañante en las plantas de Energas y con fuentes renovables, fundamentalmente la fotovoltaica.

De modo resumido, la generación distribuida por todas las plantas antes de la actual coyuntura, que podía aportar entre 700 y 800 MW disponibles, prácticamente ha desaparecido. Dado que la energía solar es aún escasa, el sistema se queda solo con la generación de las plantas térmicas y el gas, entre 1.100 y 1.200 MW, lo que hace imposible evitar los apagones que se van intensificando cada vez más.

En este escenario dramático, solo la Isla de la Juventud, ha podido consolidar unas seis horas diarias de suministro eléctrico todos los días. En el resto del país, esto es imposible.

Igualmente, la llegada a la Isla a comienzos de abril del donativo de crudo de 100.000 toneladas procedentes de Rusia permitió una cierta mejora que apenas duró dos semanas, en las que se redujeron los niveles de afectación, que, sin embargo, no se pudieron eliminar del todo. Al agotarse el envío y no contar con uno nuevo, la situación de interrupción del servicio eléctrico en todo el territorio nacional ha vuelto a ser habitual y desde hace varios días se vuelve a estar como antes de la llegada del combustible ruso.

Reconocido que la falta de petróleo es el elemento paralizador de la generación eléctrica, el director de la UNE analizó la influencia de las averías en las unidades térmicas, señalando que aun cuando no existe justificación para las mismas, se trata de “unidades con muchos años de explotación y con deuda de mantenimiento”, un reconocimiento que le honra.

Sin embargo, la cuota de falsedades prosiguió cuando atribuyó al embargo/bloqueo la imposibilidad de comprar las nuevas piezas en el exterior. Este argumento es rotundamente falso. Cuba no puede comprar las piezas porque no obtiene crédito financiero con el que hacer frente a los pagos, y ese crédito no se obtiene porque el régimen no cumple sus responsabilidades de deuda. Ahí está la deuda condonada por el Club de Paris o el litigio del fondo CRF en el tribunal Londres para testificar los incumplimientos. Es igualmente una falsedad atribuir a un supuesto bloqueo de navieras francesas el equipamiento para la termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal del país. En realidad, los transportes marítimos también se tienen que pagar, y los precios son elevados para un país en bancarrota.

Llegados a este punto, el embargo/bloqueo no es más que una ensoñación que permite atribuir a otros la incompetencia propia y la incapacidad de gestión de un modelo agotado. El régimen debería saber que, cuando se cuenta con el capital extranjero para abordar proyectos de infraestructura, hay que saber dónde empieza y dónde acaba la responsabilidad de todas las partes.  Es por eso por lo que la ley de inversión extranjera de 2014 nunca ha dado sus frutos.

De modo que el director de la UNE no quiso complicar las cosas y sentencio que “mientras no se reviertan las medidas coercitivas, la generación eléctrica en el país se mantendrá en un delicado equilibrio, dependiente del crudo nacional, el gas y la energía renovable, muy por debajo de la demanda de la población y la economía”.

Y en ese relato culpó de forma directa al secretario de estado Marco Rubio “de desnudar el propósito de las medidas coercitivas, provocando una reacción popular, un estallido social. Ese es el objetivo fundamental: apretarnos y apretarnos, primero no combustible, no lubricante y después nada que tenga que ver con el tema de la energía para llegar a estas situaciones en las que estamos viviendo hoy de tantas horas de apagón”. Ese fue el contenido de la primera parte de la intervención de este directivo de la UNE en el programa Mesa Redonda.

A continuación, dedicó unos breves instantes a explicar lo que se está haciendo. Reivindicó los donativos de China para atender necesidades de calderas, partes y piezas que permiten trabajar en varias unidades que deben incorporarse antes del primero de julio, y que pueden ayudar en algo a mejorar la situación y durante junio lograr unos 900 MW de disponibilidad en generación térmica, y a partir de julio estar en el entorno de los 1.000 MW promedio.

Respecto de Energás, se limitó a decir que “continuamos operando esta planta”, y que el reto está en la adquisición del mantenimiento especializado y las partes y piezas para turbinas y compresores.

Con relación al montaje de generación fotovoltaica, continúa gota a gota. A los 47 parques construidos el año pasado —que sumaron prácticamente 1.000 MW al cierre de julio—, este año, dijo, se deben montar 215 MW adicionales.

Habló en tono medieval cuando dijo “se impulsa una cruzada para recuperar las mini hidroeléctricas, varias de ellas en la región oriental, que forman parte del plan del gobierno de este año y evaluar cuáles pueden pasar a generación renovable”.

Anunció a continuación la actualización de los mapas energéticos municipales, una tarea más para encargar a las autoridades locales, en particular a los intendentes. La idea es movilizar “los molinos, el biogás, el carbón, además de las cosas propiamente de la electricidad”, es decir, todo aquello que en algún momento funcionó y se abandonó.

Consultado sobre la termoeléctrica Antonio Guiteras, la de mayor potencia del país, el director UNE dijo que la unidad está finalizando la prueba hidráulica después de la reparación realizada, considerando que “esta unidad puede estar en arranque hacia finales de esta noche”.

Llegados a este punto, el director de la UNE reconoció que “no todo es atribuible al bloqueo, ya que a veces se nos va un circuito que autocríticamente pudiéramos haber evitado, que no se nos fuera tanta sobrecarga, o nos demoramos un poco más en el cambio de los transformadores que se dañan”. Llegó a culpar a la población de las sobrecargas que se producen cuando vuelve la electricidad y la gente “se moviliza para cocinar, lavar y hacer sus tareas”, señalando que frente a eso solo cuentan con una modificación del sistema de trabajo, sin precisar más.

El siguiente turno fue para el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que volvió al mismo relato, al señalar que “el sector enfrenta una situación bien compleja debido al impacto del bloqueo estadounidense, el déficit energético y las recientes medidas de la Administración Trump”.

En este punto, confirmó que el sistema de Recursos Hidráulicos, la disponibilidad de agua potable para la población es uno de los sectores más afectados por el bloqueo, por ser de los mayores consumidores de energía del país ya que prácticamente todas las actividades esenciales del organismo, como la desobstrucción de redes, la limpieza de fosas, la supresión de salideros y el servicio de agua en pipas requieren grandes volúmenes de combustible para su ejecución. A ello se suma el uso de productos químicos indispensables para garantizar la calidad del agua, cuya producción y traslado también dependen de energía y transporte.

Señaló que antes de la crisis se realizaban por el Instituto importaciones anuales cercanas a los 100 millones de dólares, “pero en el último año solo logró importar alrededor de 10 millones” y lo atribuyó a no tener “ningún crédito operativo”. En este punto, volvió a falsear la situación, culpando a las presiones derivadas del bloqueo de paralizar las líneas de financiación internacional. No es cierto. Si Cuba pagase sus deudas, no tendría este tipo de problemas financieros, pero es más fácil culpar a otros de las incompetencias propias.

Si los proveedores se retiran o se mantienen en compás de espera, es porque esperan cobrar antes de dar servicio. Cuba tiene más de 250 millones de euros de deudas a corto plazo con empresas españolas que han solicitado ayuda al gobierno español. Nadie quiere operar con quien no paga o escamotea sus responsabilidades. Hay que cumplir las reglas del juego cuando se quiere participar en condiciones objetivas.

El suministro de agua se ve afectado porque tan solo una pequeña parte de la matriz energética del sector está respaldada actualmente por sistemas alternativos. Cuba cuenta con 3.331 estaciones de bombeo, muchas de las cuales requieren operar entre 18 y 24 horas diarias para garantizar el suministro. El 64% de esas instalaciones necesita trabajar más de 18 horas continuas, mientras apenas el 36% opera menos de 10 horas, estando las mayores dificultades en estaciones ubicadas en cabeceras provinciales y zonas densamente pobladas. Por otro lado, la manipulación del sistema eléctrico ante la crisis energética provoca frecuentes variaciones de voltaje y frecuencia que incrementan las roturas en conductoras y equipos hidráulicos.

La situación es tan grave que, en numerosos territorios, el agua debe rebombearse varias veces para llegar a la población, como en las grandes ciudades, La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas. Informó que hay zonas donde el agua llega con baja presión y depende de la electricidad para alcanzar edificios o viviendas elevadas, de modo que, si en ese momento no hay servicio eléctrico muchas personas se quedan sin recibir agua. Actualmente, hay alrededor de 2,7 millones de personas afectadas por las dificultades en el suministro de agua, aunque aclaró que no siempre se trata de los mismos territorios ni de las mismas personas.

Dada la gravedad de la situación, informó que el régimen prioriza al sector del agua con el poco combustible disponible. Sin embargo, reconoció que el Instituto apenas recibe el 37% de las necesidades reales, un ajuste mucho más serio de lo que pueda parecer. De las 480 estaciones de bombeo más importantes del país —responsables de beneficiar entre el 70 y el 80% de la población— solo 145 se encuentran en circuitos protegidos y 73 poseen grupos electrógenos, todo muy limitado porque no hay combustible.

Ante esta situación, el Instituto ha dado prioridad a la reparación de equipos nacionales, y dijo que este año solo se han podido importar 17 bombas. Una vez más, ¿Dónde está el bloqueo? Otras 245 se han reparado mediante esfuerzos de la industria nacional, equipos se han reparado varias veces y no duran el tiempo deseado, y sancionó diciendo “esta es la situación que tenemos y la solución que estamos buscando”.

En este punto, señaló que uno de los principales programas estratégicos del Instituto es el cambio de la matriz energética en las estaciones de bombeo mediante sistemas fotovoltaicos. Actualmente, 841 estaciones cuentan ya con este sistema, beneficiando a unas 500 mil personas. Una cifra a todas luces insuficiente en términos absolutos y relativos. Paralelamente, se trabaja en otras 520 estaciones que abarcarían instalaciones de hasta 20 kilowatts, con lo cual el país podría llegar al 52 % de cobertura energética alternativa en el sector hidráulico.

Y en este punto, llegó lo mejor cuando explicó que se trabaja en nuevas importaciones para ampliar la cobertura. De nuevo, ¿Dónde está el bloqueo? Pues sí, porque al parecer avanzan negociaciones para incorporar 446 nuevas estaciones con energía renovable, lo que permitiría alcanzar el 37% de las estaciones de bombeo bajo esa modalidad. ¿Con quién están negociando? ¿Quiénes o quién se beneficia de estas inversiones? De eso no se dijo nada.

Se citaron otras actividades menores, como la creación de un taller especializado y homologado para garantizar el mantenimiento de esas nuevas tecnologías y de la habilitación de un aula para capacitar al personal técnico encargado de operar y mantener estos sistemas.

En coordinación con la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto trabaja en el traslado de estaciones de bombeo hacia circuitos protegidos y, “pese a las dificultades, el sector no está detenido. Informó que durante los primeros cuatro meses del año se ejecutó el 103% del plan de inversiones aprobado y se concluyeron 29 obras que benefician a más de 500 mil personas”. Buena falta hace a un sistema excluido de las inversiones por la prioridad del turismo.

Llegados a este punto, el directivo se detuvo a valorar los problemas asociados a negligencias operacionales y hechos delictivos. Al parecer, una de las principales quejas de la población está relacionada con la operación incorrecta de válvulas, tanto por errores del personal como por manipulaciones indebidas realizadas por terceros. Igualmente se denunciaron robos en estaciones de bombeo con paneles solares, en particular, el hurto reciente de 32 paneles fotovoltaicos en Holguín, que posteriormente pudieron recuperarse.

El presidente del Instituto también expuso la necesidad de impulsar fuentes alternativas de suministro de agua para enfrentar las contingencias actuales, como el uso de reservorios, pozos tubulares, molinos de viento y bombas manuales, entre otras, y con ello, garantizar alternativas mínimas de acceso mientras se restablecen los servicios convencionales.

Asimismo, se refirió a los productos químicos necesarios para garantizar la calidad sanitaria del agua, afectados por la situación de crisis productiva del país, y aseguró que una de las preocupaciones del sector es evitar riesgos epidemiológicos durante el verano. Para ello, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública se mantienen acciones para asegurar que el agua distribuida conserve condiciones adecuadas para el consumo humano.

El siguiente turno en la Mesa Redonda fue para el ministro de transporte, que centró su relato diciendo que “el transporte es uno de los sectores que más directamente recibe el impacto del desabastecimiento de combustible en Cuba”. Ofreció datos para mostrar que el transporte se encuentra en los niveles más bajos de los últimos años, lo cual tiene una repercusión muy grave en la vida cotidiana de la población y en el funcionamiento de la economía nacional.

El ministro dijo que las necesidades de transporte requieren energía y combustible, por lo que al cortarse el suministro de combustible a Cuba “se afecta a todo el pueblo, a toda la economía y a todos los servicios básicos principales del país, tanto los que prestan las empresas estatales como los que prestan los operadores no estatales, que también necesitan combustible”.

El ministro recordó que, a principios de febrero, tras la ejecutiva del 29 de enero referida a combustibles y lubricantes, se informó sobre un conjunto de medidas que los operadores principales tuvieron que implementar de forma obligatoria, consistentes en disminución de servicios, frecuencias y reducciones.

Los operadores nacionales debieron reducir sus principales salidas un 30%. Los ferrocarriles disminuyeron sus operaciones un 50%. El ferry también se redujo a dos salidas semanales para la Isla de la Juventud. Los servicios interprovinciales se vieron afectados. En los servicios locales, todos los territorios, que ya venían afectados desde años anteriores por limitaciones de disponibilidad técnica, combustible y lubricantes, sufrieron una afectación adicional en enero.

Tras la orden ejecutiva del primero de mayo, de la que dijo que “prácticamente pone en manos del secretario de Estado y del secretario del Tesoro cualquier opción contra Cuba”, se anunciaron nuevas medidas para los servicios interprovinciales, tratando de respetar todos aquellos viajes para los cuales ya se habían vendido boletos.

El ministro dijo a continuación que hay mercancía en los puertos principales de La Habana, de Santiago de Cuba, de Nuevitas, que son alimentos que hay que transportar hacia la población. De nuevo, ¿dónde está el bloqueo? Para transportar la carga en los puertos, defendió el ajuste/reducción de algunos servicios públicos hasta un 30%, pero insistió que “la carga de los puertos no puede ser afectada porque de lo contrario los productos provenientes del exterior (¿y el bloqueo qué?) se apilan, se echan a perder y se generan sobrestadías, lo que agrava aún más el proceso”.

En este nuevo escenario, donde se priorizan las cargas que llegan del exterior a una nación embargada/bloqueada, se decide que paguen los ciudadanos con menos frecuencias de salidas de ómnibus nacionales. Y se deja solo una salida diaria desde y hacia cada una de las cabeceras provinciales, que pasará a ser solo tres veces por semana, asumiendo con ello que se reducirá aún más la capacidad de transportación interprovincial.

En el caso de los ferrocarriles, el ministro ha reducido los servicios a una frecuencia de cada 16 días. Anteriormente los trenes salían cada cuatro días, luego se dispuso cada ocho, y ahora se extiende el intervalo a 16 días. Este tipo de decisiones tiene un impacto fuerte en la oferta de capacidad de transportación estatal, que se oferta a precios asequibles. El transporte privado también se ha visto afectado por la falta de combustible, y los precios han sufrido una “deformación grave”, que no es otra cosa que un aumento reflejado por el IPC de los primeros meses del año que, sin duda, se trasladará al resto de bienes y servicios.

En cuanto a los vuelos nacionales, el ministro dijo una de las frecuencias tuvo que ser cancelada porque el operador de Cubana de Aviación para España cerró las operaciones con Cuba, y esa misma aeronave cubría el tramo entre Santiago de Cuba y La Habana con frecuencia diaria. El servicio se canceló, aunque se mantienen otros vuelos nacionales con mucho esfuerzo, así como la operación de todos los aeropuertos y puertos.

Informó que, próximamente se tendrá que organizar, de conjunto con los organismos correspondientes, los transportes masivos que se realizan cada año al finalizar el curso escolar para el retorno de estudiantes y profesores, que implican movilizar a más de 10 mil o 15 mil personas hacia sus provincias de origen.

Los medios eléctricos se han potenciado para atender el transporte local, especialmente los triciclos eléctricos que se han venido incorporando al tráfico, tanto estatales como no estatales. En este punto, el ministro reconoció que el transporte local e intermunicipal es “muy deficitario”, con serios problemas de comunicación entre las comunidades, y en las zonas rurales la situación es aún peor. A ello se suma el deterioro de las vías, cuyo mantenimiento también requiere combustible.

A partir del 17 de junio, se han suspendido las agencias de reserva y la APK Viajando, porque la oferta de pasajes es tan reducida que existe el riesgo de que las personas con necesidades impostergables de viajar, por ejemplo, para asistir a un turno médico o atender una urgencia familiar, no puedan hacerlo porque los pocos pasajes disponibles serían acaparados en largas colas sin oferta suficiente. Reconoció que esta medida conlleva riesgos, como la corrupción o la discrecionalidad de quienes tengan que decidir quién viaja y quién no. Por ello, anunció que se trabaja en un procedimiento, de conjunto con todos los gobiernos, para establecer una organización que minimice esos problemas.

En este punto, el ministro dijo que el Ministerio de Transporte lleva meses trabajando en cuatro líneas fundamentales, aunque la dinámica creciente de las sanciones obliga a redoblar esfuerzos constantemente.

Primera línea: sustentabilidad financiera en divisa, para que los operadores sean capaces de generar las divisas convertibles necesarias para sus servicios. El Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, organismo del ministerio, se nutre de los impuestos a la comercialización de vehículos, de ingresos propios de entidades del sector y de nuevos mecanismos de financiamiento y con ello se sostienen aquellos servicios públicos que no recuperan sus costos en divisa. Más intervención y regulación.

Segunda línea: sostenibilidad energética, para garantizar combustible, y lograr la transición energética hacia fuentes renovables, lo que requiere cuantiosos recursos financieros. Sin recursos no hay mucho que hacer.

Tercera línea: aprovechar al máximo los recursos disponibles, eliminando trabas, simplificar trámites, modificar políticas, reducir la burocracia y adoptar decisiones que sumen e incorporen a todos los actores, estatales y no estatales, y a la población, generando mejores condiciones para los servicios. Puede ir en la línea correcta.

Cuarta línea: atención diferenciada a los asuntos sociales más sensibles, de salud, la educación, la movilidad de las comunidades más alejadas y de la montaña. Lógico.

El ministro detalló varias acciones ya implementadas o en proceso de materialización.

Destacó este Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, del que dijo que ya funciona y financia proyectos. Entre ellos, el servicio TRANSMED para la transportación de médicos o el servicio funerario en La Habana. Permitió la compra de 200 carros eléctricos para la hemodiálisis, que sustituirán parcialmente los que actualmente consumen gasolina.

También se adquirieron 20 ómnibus nacionales que contribuirán a mejorar la calidad de los servicios, ya que los actuales presentan frecuentes roturas e interrupciones. Con apoyo de la industria nacional, se fabrican nuevos ecomóviles: 40 en Sancti Spíritus, y se iniciará la fabricación de 10 en Holguín.

Se construyen cuatro estaciones de carga en la Autopista Nacional, con todo contratado. En La Habana están financiados camiones con cajas ampliadoras para la recogida de desechos. Con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se financian pipas y equipos especiales.

En el orden organizativo, el ministro informó sobre la flexibilidad en la concesión de licencias de operación de transporte para los triciclos que carecen de matrícula. Como parte de la implementación del nuevo Decreto Ley 114, se abrió la posibilidad para que las personas jurídicas no estatales puedan ensamblar vehículos en el marco de los proyectos que se establezcan al amparo de esta normativa.

Anuncio que el ministerio está a punto de iniciar un nuevo censo para la legalización de vehículos.

Además, se aprobó una directiva que facilita a todas las entidades estatales la adquisición de medios eléctricos con sus estaciones de carga, destinados a las actividades que desarrollan y a sus funciones estatales, utilizando los recursos financieros que puedan generar por sí mismas.