Enfrentar a los cubanos no es la solución

Elías Amor Bravo, economista

Prosiguen los ataques en la prensa oficial, que están lógicamente inspirados por los dirigentes del régimen, contra los “oportunistas” y “los mercados que expenden productos de alta demanda”, a los que califican como “impunes”, “vivos”, “dispuestos a sacar tajadas de las adversidades y lucrar a costa de las necesidades ajenas”. Hay motivos de preocupación en el régimen. Dos meses han transcurrido de aplicación de la Tarea Ordenamiento y lo único que se va a recordar de este periodo son estos ataques organizados desde el régimen contra lo que denominan “acaparadores que pululan con el objetivo de revender y emplean para ello diversas estrategias” como forma de dar vida a su “nociva existencia”. Como si tales hechos fueran ciertos.

Históricamente, el régimen cubano ha sido especialmente activo a la hora de descalificar a los profesionales de cualquier actividad que obtienen rentabilidad de las mismas, cumpliendo con sus tareas y dando servicio a la población. Fue Fidel Castro el que lanzó el despectivo término “maceta” para hostigar a los que en el periodo especial obtenían beneficios de sus actividades, que no cabían en la mente obtusa del comunista de a pie.

No es extraño que muchos de los que huyeron del país en la crisis de Guantánamo fueran estos profesionales que acabaron viendo que en Cuba no tenían futuro. En aquel momento, igual que ahora, Castro aprovechó la situación para crear un enemigo allí donde no existía, y utilizando la demagogia y la propaganda administrada desde su gabinete personal, lanzó a las huestes de los actos de repudio y las turbas partidistas contra estos profesionales.

Todo ocurrió en muy poco tiempo y con una secuencia que los hechos se empeñan en confirmar que vuelve de nuevo. Primero, Castro acusa la impunidad de los “macetas” a los que acusó de “vivos” y de sacar beneficio de la actual situación, “tajadas” en terminología castrista. Si todo quedase aquí no pasaría de ser una majadería más del régimen, que no tendría más trascendencia.

El problema viene porque, otra vez, y los acontecimientos se repiten, las autoridades están incitando “a un combate popular y gubernamental” contra estos “impunes”, para añadir, y aquí viene lo peor, que aunque este “combate” ha plantado cara a la nociva existencia de estos “vivos” desde el mismo inicio de la Tarea Ordenamiento, sin embargo, “está lejos de arrancar el mal de raíz”.

¿Qué es lo que se pretende con esta posición oficial? ¿Tal vez volver a mandar a las turbas a atacar a los comercios o los carrretilleros? ¿Organizar actos de repudio a los que proporcionan bienes y servicios a la población en las actuales condiciones difíciles que existen en el país? Parece que sí. Hablan de la existencia “metástasis en varios rincones de la nación, lacerando la economía familiar” y esto es grave.

Muy grave, porque habría que despejar muchas dudas antes. ¿A qué se deben estos comportamientos? ¿Quién ha sido el responsable de implementar una política económica como la Tarea Ordenamiento en un momento tan complejo como el actual? ¿De quién depende realmente que los costes de producción se hayan disparado a alza provocando una inflación general de precios? Culpar a los trabajadores de la red comercial de los problemas provocados por una pésima gestión gubernamental es muy peligroso, y peor aún lanzar a la población en contra de los mismos. Todo esto no augura nada bueno.

Además, se falta a la verdad en el discurso oficial por muchos motivos. La canasta familiar normada existe porque el régimen quiere. Sería más fácil su eliminación, y con ello todos los mecanismos de intervención que limitan la oferta de producción. Ello sería mucho mejor para favorecer los precios. La canasta normada es un instrumento de control comunista de la población que rompe con el principio de libre elección. Por otra parte, si en Cuba no existe estabilidad en las ofertas del comercio interior, al menos actualmente, el único responsable es el gobierno, el régimen que, como propietario del 80% de los medios de producción de la economía no consigue abastecer de forma regular a los mercados.

Y por último, culpar a la pandemia del COVID-19 de muchos de los problemas de la economía al exigir un desembolso adicional de gastos al gobierno, no tiene nada que ver con ese déficit público en el 20% del PIB a que ha conducido la aventura de la Tarea Ordenamiento, descontrolando completamente la política fiscal. Todos los países han tenido que realizar los mismos esfuerzos de garantía salarial y solvencia a sus empresas, y por la misma razón, todos están volviendo a sendas de ajuste de los gastos que permitan afrontar el futuro, al superar la crisis sanitaria, en mejores condiciones. Cuba no está en ello, al menos de momento.

Por lo tanto, el responsable del actual desabastecimiento de productos y su encarecimiento no es otro que el régimen, el gobierno, que ha situado las prioridades políticas del congreso comunista por delante de los intereses colectivos. Hay desabastecimiento y continuará por meses venideros si no se rectifica la senda elegida y se sustituyen los parches del “perfeccionamiento del modelo” por las necesarias reformas estructurales que China o Vietnam, sí que acometieron y finalmente tuvieron éxito en sus procesos de transformación. Culpando a “los vivos” de la situación actual de escasez y precios descontrolados es quedarse en la punta de un iceberg que avanza sin obstáculos para acabar provocando el hundimiento del barco de la economía.

Los comunistas han lanzado la campaña de propaganda contra aquellos que lo único que hacen es fijar los precios por sus servicios, que obviamente, serán mayores si sus costes también lo son, porque nadie trabaja gratis por nada. Y si se revende lo que “está perdido” en un mercado paralelo al agropecuario y se cometen delitos, es responsabilidad de las autoridades la denuncia y sanción, debidamente justificada, pero insisto, antes de llegar a esa situación hay que plantearse por qué en Cuba existen esos fenómenos y en cambio en países con economía de mercado, no.

Es de la única forma que el régimen comunista puede, como dice la prensa oficial, “mantener a raya a esos, que denomina, vive bien al margen de nuestras leyes”. Posiblemente, las leyes sean inadecuadas y sea necesaria su sustitución por otras distintas que funcionen mejor. Ya se ha visto que la caterva de inspectores, vigilantes, controladores y autoridades designadas para imponer las sanciones a los incumplidores no funciona y que día tras día nos llegan más imágenes de actos de protesta ciudadana defendiendo a carretilleros o trabajadores por cuenta propia cuando son sancionados por la policía. 

La protesta social está servida y ya no está Fidel Castro para apagar fuegos. La solución no pasa por enfrentar a unos cubanos contra otros, lanzando a las calles a las turbas y organizar actos de repudio, sino en cambiar lo que no sirve. Tanto que se quejan del “mercado negro” y la realidad para muchos cubanos en los últimos 62 años es que solo en el mercado informal resultaba posible encontrar latas de leche condensada, desaparecidas de las bodegas desde mucho tiempo antes. 

De modo que, frente al silencio y la impunidad frente a los precios abusivos y el llamado mercado negro, que denuncia la prensa oficial reflejando con ello la posición del gobierno comunista en este asunto, los dirigentes se están encontrando que quienes tienen aliados en el pueblo no son ellos, sino justamente los que ellos llaman “vivos” y “especuladores”, entendiendo que esta batalla que los dirigentes quieren convertir en “asunto de todos” es tan solo un “asunto de ellos”.