El sistema tributario cubano no sirve

Elías Amor Bravo economista 

El sistema tributario en los países democráticos define una línea precisa entre Estado y los ciudadanos que se regula por medio de la participación popular en las elecciones. Los partidos de izquierdas, cuando acceden al poder, incrementan los recursos monetarios del Estado con los cuales poder cumplir sus programas políticos de gastos. Los partidos de derecha, en su caso. rebajan los impuestos para fomentar la actividad económica productiva. Ambos ejercen sus potestades constitucionales de acuerdo con sus programas que previamente han recibido el apoyo popular. Los ciudadanos eligen libremente.

Este es un aspecto fundamental, porque las actividades desarrolladas por el aparato estatal son diferentes, según se trate de izquierdas o derechas, y por ello, el voto popular democrático es fundamental para que se propicie la alternancia en el poder. Los partidos de derechas tienen mucho cuidado de aumentar los impuestos porque saben que eso los castiga por sus electores. Los partidos de izquierdas no renuncian a gastar más y recaudar (o endeudarse) para satisfacer a sus electores. Las preferencias sociales de impuestos se encuentran bien definidas en los sistemas democráticos. Los sistemas tributarios permiten esa alternancia y se mantienen estables en sus principios porque son el resultado de la voluntad popular en las urnas.

Esta relación entre sistema tributario y democracia es esencial para entender lo que no ocurre en Cuba, precisamente. En la Isla, al no existir instituciones democráticas, ni pluralismo, ni elecciones libres, la alternancia en el poder es imposible, de modo que el sistema tributario no cambia y se convierte en una imposición más del régimen autoritario que dirige los destinos de los ciudadanos. En Cuba al régimen no importa lo qué piensen los ciudadanos de los impuestos. Se fija un objetivo de gasto y a recaudar con las figuras impositivas que existen. Y santas pascuas. A quien no paga se le reprime y castiga. Más aún cuando el régimen decide gastar sin límite en lo que denominan "las necesidades colectivas", como la educación, la salud pública y el orden interior, para las que no se escatiman recursos.

La participación democrática ciudadana en los gastos públicos y en la recaudación es un rasgo de los sistemas democráticos, donde el deber de tributar se encuentra avalado por la capacidad (el derecho) que se reconoce al ciudadano de elegir y de influir en las decisiones de las autoridades. Además, el sistema tributario se adapta a las características del entorno económico en cada momento, siendo necesario poseer un conocimiento adecuado de las tendencias de la economía. Si se pretende recaudar más en un momento de crisis económica, ocurrirá justo lo contrario. Alternativamente una expansión de la inflación puede generar ingresos de manera artificial. El gestor democrático debe estar atento a estas consideraciones.

Para entender la fijeza del sistema tributario cubano conviene recordar que en los reinos feudales, poco importaba al monarca en qué situación se encontraban los aldeanos cuando llegaba el recaudador. Quién no pagaba era castigado. Este comportamiento autoritario no tiene que ver con la participación voluntaria, democrática y contributiva de los ciudadanos en los sistemas democráticos.

En Cuba, por mucho que el régimen se empeñe en decir lo contrario, la ausencia de democracia impide obtener los máximos beneficios del sistema tributario. La constitución comunista de 2019 cubana establece la contribución a la financiación de los gastos públicos en la forma establecida por ley, como uno de los deberes de los ciudadanos y extranjeros. Un deber que no va acompañado de derecho alguno. Es la diferencia entre el estado de derecho, y lo que no es. Los tributos en Cuba son recursos que el Estado detrae sin más para ejecutar sus programas, que tampoco responden a necesidades sociales puestas de manifiesto. El sistema tributario es un instrumento de naturaleza recaudatoria o fiscal. Los cubanos lo saben, y por ello no sienten el menor aprecio por su sistema tributario. El sistema responde a los intereses del Estado comunista, recaudar sin más, de forma arbitraria y sin límites.

A diferencia del estado de derecho democrático, la creación y exigencia del tributo en Cuba va contra los principios de seguridad jurídica y garantía para los contribuyentes, y no responde a los principios de generalidad, igualdad, capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad. Buena prueba de ello es que el sistema tributario está formado por una pléyade de 25 tributos, de ellos 19 impuestos (como el impuesto sobre los ingresos personales y el impuesto sobre el transporte terrestre), 3 contribuciones (como la contribución a la seguridad social) y 3 tasas (como la tasa por peaje). Una compleja maraña que genera no pocos problemas a los contribuyentes y hace complicada la gestión de todos los tributos.

Por otra parte, el sistema tributario cubano no surge de un proceso democrático, sino de una imposición de partido único. No conviene olvidar que sus bases tienen origen en los denominados “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, aprobados en abril de 2011 durante el VI congreso comunista, y poco después el 23 de julio de 2012, durante el IX Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional de Poder Popular, se aprobó la Ley No. 113, Del Sistema Tributario.

Un sistema tributario el comunista que no ha cumplido ninguno de sus fines:

Primero, no ha servido para garantizar los recursos monetarios suficientes que permitan enfrentar las erogaciones que debe cumplimentar el Estado porque desde ese año se ha cerrado de forma sistemática con déficit, agravándose en los últimos años.

Segundo, no ha servido como mecanismo de redistribución de la riqueza, más bien lo que ha provocado es destrucción de riqueza, reduciendo la motivación de los actores privados para producir y ganar más.

Tercera, no ha actuado como estímulo a los sectores, actividades y conductas que contribuyen al desarrollo socio económico y desestimular aquellos que son contrarios a ello. La política económica no ha practicado estas fórmulas salvo casos puntuales y asimétricos.

Cuarto, no ha servido para fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad de los ciudadanos y las entidades económicas porque estos percibe que frente al deber de tributar apenas obtienen derechos del estado comunista.

Un sistema tributario diseñado con las exigencias de un solo partido ha llevado a una Ley tributaria, la que está en vigor, igualmente monopartidista, y lo que es peor, ajena a las tendencias dominantes en otros países del mundo en materia de hacienda y sistemas fiscales, y con un sesgo recaudador que tampoco se logra por el embarque del régimen en programas de gasto cada vez más costosos.

Es un sistema tributario tan mal diseñado que ni siquiera, en la actual coyuntura de inflación, ha logrado recaudar más como ocurre en otros países. Se trata de una Ley tributaria que exige una profunda revisión antes que sea demasiado tarde y acabe por generar efectos negativos sobre el sistema económico de difícil solución.

Los comunistas atribuyen a la Ley del presupuesto del Estado, la función de ir modificando el sistema tributario, pero eso no es suficiente. Las reformas que se tienen que implementar van más allá del maquillaje anual y deben ir orientadas a situar a las personas en el centro del sistema, orientar el sistema a las necesidades de los actores económicos, potenciar sus derechos, eliminar las trabas, la complejidad burocrática y en general, el deficiente funcionamiento del sistema. 

Por último, atribuir a una Asamblea nacional como la que existe en Cuba un papel determinante en los cambios tributarios, es de risa. Por mucho que la constitución comunista le atribuya ese papel, un conglomerado de casi medio millar de personas que ideológicamente piensan lo mismo, o al menos no reconocen pensar de forma alternativa, no están facultados, ni pueden plantear una reforma como la que necesita el sistema tributario cubano.