¿Quién me paga mi pensión?

Elías Amor Bravo, economista

La presidenta del Banco Central de Cuba anunció esta medida hace unos días, y ya está en funcionamiento de forma experimental. Me refiero a la ocurrencia, por denominarla de algún modo, de que los actores económicos privados, en su caso, las mipymes o los TCP, asuman el pago de las pensiones a los jubilados, que residen en su vecindad. Este pago se realiza con la recaudación de ingresos por ventas obtenidos por la entidad, y una vez formalizado a los jubilados, el banco realiza un abono posterior en su cuenta.

¿Qué ha llevado al régimen a plantear esta medida alocada e inoportuna?

Las razones son numerosas, y cada cual más difícil de entender.

La primera que se ofrece es evitar que las personas mayores hagan colas por largas horas en las sucursales bancarias para cobrar sus pensiones. Si esta es la razón, entonces hay que señalar que no se está yendo al origen del problema que no es otro que las colas en los bancos. Lo que se tiene que analizar, y corregir, es por qué surgen esas colas, que son un ejemplo evidente de la ineficiencia del sistema bancario, un ejemplo más del problema interno global de la economía castrista.

Y no vale salir diciendo que la cola es consecuencia de los apagones, del aumento del envejecimiento de la población, o de la demanda de efectivo por los cubanos, que no aceptan, y hacen bien, la bancarización impuesta por el régimen comunista. Para hacer desaparecer las colas de los bancos y retornar a una situación de normalidad hay que hacer los deberes, y hacerlos bien. La gestión del sistema bancario estatal cubano es un ejemplo de ineficiencia acumulada por el paso de los años y la indolencia de las autoridades.

La segunda razón tiene que ver con la anterior. En una situación de crisis generalizada de los transportes y de aumentos muy significativos de los precios de estos (ver IPC del primer semestre), al suprimirse los envíos gratuitos de petróleo de Venezuela, el cobro por los jubilados de sus pensiones en establecimientos cercanos a sus viviendas va dirigido a reducir los desplazamientos imposibles por la falta de transporte. La razón está en la ausencia de movilidad, y, por tanto, las actuaciones deberían ir dirigidas a resolver dicha situación. De no hacer lo correcto, habría que preguntarse qué va a ocurrir cuando se restablezcan las comunicaciones.

En tercer lugar, el “zapatero a tus zapatos” tiene más vigencia hoy que nunca. ¿Es que nadie en el régimen castrista piensa en los actores económicos y en la imposición de esta tarea, ajena a su actividad? Se pretende que las mipymes o los TCP participantes actúen como agentes bancarios mediante contratos de Caja Extra, pero, además, que realicen otras funciones burocráticas, como controlar el registro de los jubilados beneficiados y de las operaciones de pago realizadas. 

Desde luego, habrá actores que podrán asumir estas tareas porque cuentan con personal que puede hacerlo o están en condiciones de utilizar las aplicaciones que dicen que se van a implantar, pero habrá otros que no van a poder dedicarse a pagar las pensiones de los jubilados porque su actividad no lo permite. En estos casos, ¿estarán obligados a hacerlo? ¿habrá algún tipo de sanción para aquellos establecimientos que nieguen su participación en este tipo de medidas?

En cuarto lugar, suponiendo que el régimen hace bien las cosas (que es mucho suponer) y que se desatasquen las colas de jubilados en los bancos, que se eviten los agotadores desplazamientos y que los actores puedan asumir estas tareas de pago de pensiones, queda un problema no menor. ¿Acaso se ha pensado en qué puede ocurrir cuando el jubilado acuda a la mipyme o al TCP de la esquina de su casa a cobrar y le digan que no se puede hacer efectivo el pago de la pensión porque la Caja Extra no cuenta con fondos para hacerlo, y lo más grave aún, no sepan decirles cuándo llegarán? 

Y la otra cuestión no menos relevante. Muchos actores económicos desconfían de los bancos y temen que después de haber pagado las pensiones con los ingresos por ventas que deberían depositarse en el banco, no se realice de forma oportuna la transferencia a las cuentas, por lo que cabe la posibilidad de descubiertos, con un elevado coste financiero a cargo de la entidad, lo que puede acabar en quebrantos y suspensiones de pagos.

Aunque el régimen tiene sus dudas con respecto a esta medida, se pretende llevarla adelante cueste lo que cueste. La presidenta del Banco Central ha declarado estar orgullosa de la primera experiencia en Colón, ya que, en su opinión, “los pequeños negocios privados dejan de ser vistos únicamente como espacios dedicados a producir o comercializar bienes y comienzan a desempeñar una función social que hasta hace poco parecía reservada a las instituciones estatales”.

Con una percepción completamente alejada de la realidad y de los principios básicos de funcionamiento de una economía, la dirigente del BCC no entiende que la mejor forma de que los pequeños negocios sean percibidos por la comunidad a la que sirven es que funcionen libremente y atiendan la demanda de sus clientes con productos y servicios de calidad y a buenos precios. Y que esto de obligarles a pagar las pensiones, va justo en la dirección contraria. A algunos y algunas la ideología les hace perder el sentido.

Y quizás por ello, y previendo que la medida sea un fracaso absoluto, se ha adoptado una solución salomónica, por un lado, los establecimientos que participen en esta modalidad recibirán la comisión correspondiente por la prestación del servicio (cuya cuantía es despreciable) mientras que los jubilados podrán acogerse al nuevo mecanismo o continuar cobrando sus pensiones en las sucursales bancarias, si así lo prefieren.

Como en tantas otras ocasiones, el régimen se embarca en medidas de dudosos resultados por esa incompetencia tradicional a la hora de abordar las cuestiones de la economía y las políticas públicas con la interpretación marxista y colectivista. 

Los que han pensado en esta fórmula para el pago de las pensiones quizás no han reflexionado en algo mucho más importante aún, y es que, con el tiempo, los ancianos cubanos pueden llegar a pensar que sus pensiones no las paga el estado sino los actores económicos. Entonces, algunos se podrían preguntar ¿para qué sirve una vida de trabajo y de pagos a la seguridad social si al final la pensión no la satisface el estado? 

Incluso, la duda puede ser más grave aún, ¿Está el régimen preparando las condiciones para culpar a los actores económicos de posibles impagos de pensiones, ante el inminente quebranto del sistema? No conviene olvidar que en Cuba no existe un sistema complementario de pensiones privado y que apenas ahora con las medidas, se han introducido los seguros de vida. No cabe la menor duda que se trata de cuestiones inquietantes, que están encima de la mesa y que actúan como una espada de Damocles para el funcionamiento de la economía cubana.