Jugar a los seguros cuando no hay comida: ¿quién responde?

Elías Amor Bravo economista 

No cabe duda de que, a estas alturas de año, el problema principal de la economía cubana se llama dar de comer todos los días a la gente. Los cubanos se desesperan en largas colas, donde es imposible guardar distancias de seguridad, para no tener la seguridad de acceder a los pocos bienes de consumo que llegan a los puntos de venta.

La parálisis agropecuaria, provocada por la reducción de los suministros de petróleo de Venezuela y el impacto directo de las medidas de la Tarea Ordenamiento, está generando un creciente malestar social, que no ha tocado techo. La situación puede ser incluso peor, porque siguen sin llegar los 2.000 millones de dólares que se necesitan para importar alimentos que el régimen comunista no ha logrado obtener en Cuba durante 63 años. A causa del default de la deuda Cuba ha perdido el acceso al crédito internacional.

Mientras tanto, los cubanos que reciben dólares de sus familias en la diáspora y pueden acceder a las tiendas en MLC van resolviendo la situación, aunque también llegan informaciones de falta de surtido en algunos de estos establecimientos privilegiados por el régimen. Con el dólar disparado frente al peso, y sin tocar techo, la ausencia de financiación internacional y el déficit estatal descontrolado, hacen que la economía cubana se encuentre colapsada, en tanto que los dirigentes se dedican a ensayos y experimentos, mostrando una peligrosa indiferencia respecto de la falta de comida.  

Buen ejemplo del efecto devastador de la Tarea Ordenamiento sobre el sector agropecuario han sido las reuniones mantenidas con el sector que, nada más conocer las medidas, alzó su voz para exigir rectificaciones por parte del régimen. Las autoridades, preocupadas por el daño causado (más de 500 empresas entraron en pérdidas dejando de producir) y reconociendo que algo tenían que hacer, dispusieron dar marcha atrás a buena parte de los aumentos de tarifas y precios[1] que recayeron sobre la agricultura, al mismo tiempo que se modificaban las normas fiscales, de aprovisionamiento e incluso de comercialización. Todo ello para intentar calmar a un sector que, como se ha podido comprobar, es fundamental en la economía. Y por supuesto, con recurso al presupuesto, lo que ha generado más gasto en subsidios que no estaba previsto.

Sin embargo, pronto se comprobó que la solución no estaba en parches superficiales basados en reducciones de precios o impuestos, porque en realidad, la traba principal se encuentra en la superficie de tierra puesta en cultivo, y que el estado entrega en arrendamiento a los agricultores que utilizan esta fórmula. El hecho de no tener libertad para decidir cuanta tierra cultivar, en qué productos, y a qué precios, es el determinante principal de la crisis agropecuaria actual, y a pesar de ello, el régimen se niega en rotundo a avanzar hacia una privatización de la propiedad de la tierra y un mercado eficiente de la misma. Reformas necesarias para producir más y mejor.

Como consecuencia de las limitaciones estructurales, la agricultura cubana produce con ineficiencia, lejos de la escala técnica en que se alcanzan los rendimientos más altos (y los costes mínimos) de modo que la gente no encuentra los productos en los mercados. De modo que la economía cubana se encuentra atrapada en un círculo vicioso propiciado por las autoridades comunistas, lo que se podría calificar como un auténtico embargo o bloqueo del gobierno al pueblo cubano, difícil de encontrar en otros países del mundo.

Y ahora, en medio de la grave crisis alimentaria, el experimento de los seguros. Las autoridades han presentado lo que denominan la primera póliza combinada para el seguro agropecuario en Cuba, en principio, diseñada para los productores vinculados al Programa de Asociación de País en Apoyo a la Implementación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Cuba (ciertamente un título largo y abrasador) y que se encuentran certificados con alguna de las categorías de manejo sostenible de la tierra. Casi nada. ¿A ver, a cuántos llegará esta póliza?  

Nada más y nada menos que a un total de 9 bases productivas en todo el país, que cumplen los requisitos, relacionados con la sostenibilidad y claro, como no podría ser de otro modo, las autoridades pretenden avanzar en su perfeccionamiento. En Granma se ha recogido la información relativa a este nuevo producto para el campo cubano.

El objetivo de la póliza, de nombre Reverdesen., es “privilegiar las prácticas agroecológicas y de manejo sostenible en la actividad agropecuaria, así como disminuir las graves pérdidas y daños en cosechas, animales y bienes causados por siniestros de diversas índoles”. Se añade que la póliza ha sido desarrollada dentro de las 63 medidas contempladas para incentivar la producción agropecuaria en la Isla.

Los dirigentes señalaron que esta póliza pretende lograr un sistema productivo más resiliente para mitigar el impacto de las consecuencias de los riesgos que no es posible prevenir, y facilitar la rápida reparación de los daños. ¿De verdad que esto va a resolver el problema de la comida que existe en el país en este momento?

Las autoridades dicen que este seguro quiere romper los esquemas de los tradicionales que han venido comercializando en la Isla, con escasa aceptación todo sea dicho. La Empresa de Seguros Nacionales, ESN, por supuesto del estado, ha informado que el seguro es el resultado de un trabajo iniciado en el año 2019 por parte de la Agencia del Medio Ambiente (AMA) del Ministerio de Ciencias, Tecnologías y Medio Ambiente, y de la ESEN con el (CPP-OP15). Gran trabajo, desde luego. Otro negocio para llenar las arcas del estado, y una pregunta antes de seguir

Se insiste que una ventaja del seguro está en la posibilidad de pagar una prima única más atractiva para el productor, además de contar con una amplitud de coberturas en una sola póliza de seguro que representa bajos costos al asegurado y la aseguradora. La póliza cuenta con una gran flexibilidad y adaptabilidad de los intereses a asegurar, y no aplica un deducible, que es el porciento que debe asumir el asegurado ante la ocurrencia de un siniestro, sino que se transfiere todo el riesgo de las coberturas contenidas dentro de Reverdesen para la aseguradora. Llegados a este punto, se suscita una cuestión ¿Acaso van a cobrar la póliza en dólares como los insumos que vende Gelma?

La principal diferencia con respecto a los seguros tradicionales es que incorpora en la póliza objetos como los bienes agrícolas y pecuarios, así como el inmueble que se encuentra dentro de la finca, y la vida de este productor y sus familiares. Además, en función de la categoría de manejo sostenible de la tierra en la que se encuentre el productor, se ofrecerán beneficios que irán aumentando la bonificación y que generarán un mayor incentivo para el manejo sostenible de tierras en sus producciones. Ni una sola referencia a la tierra, cuya propiedad es del estado, y, por tanto, no se computa en los elementos constitutivos de la póliza. En otros sistemas económicos, la tierra, mayoritariamente propiedad de los productores agropecuarios, es el elemento fundamental para la actividad financiera, hipotecaria y, por supuesto, aseguradora, lo que, en Cuba, al ser toda de propiedad estatal, incluso condiciona y bloquea la actividad de este sector.

Cuesta creer que, con la que está cayendo en la economía cubana, y sobre todo el sector agropecuario, haya alguien se que dedique a diseñar seguros sostenibles para 9 bases productivas. No se puede entender que en condiciones tan adversas que exigen acciones inmediatas para impedir una crisis alimentaria, el interés de las autoridades sea lanzar un producto financiero, como es un seguro. Alguien debería responder de todo esto.

---

[1] Los costos para las producciones se benefician con:

·         reducción de la tarifa del agua en un 32%.

·         reducción de la tarifa eléctrica para regadíos y otras actividades de la producción agropecuaria entre un 28 y 25%.

·         reducción del 22% de la tarifa de aviación en la producción de arroz.

·         reducción del precio de piensos nacionales para la producción porcina al 60%.