Los parques científicos deben estar al servicio del sector privado cubano

Elías Amor Bravo economista 

La apuesta por los parques científicos-tecnológicos es otro experimento del régimen en su necesidad de captar divisas y descargar la cuenta del presupuesto estatal de compromisos que no se pueden atender por un déficit que avanza de forma imparable. La norma que regula estas entidades, de 2019, fue publicada antes de la pandemia del COVID-19, de modo que, en el último año, la actividad de las mismas se ha resentido del parón económico interno y mundial.

El régimen quiere que los parques científicos-tecnológicos actúen como “espacios híbridos, de interacción, donde confluyen diversos actores de la ciencia, la tecnología y las empresas con el propósito de propiciar la transferencia de tecnologías y conocimientos y, con ello, el desarrollo económico y social de los territorios en los que se ubican”.

Y aquí se encuentra el principal problema que impide evolucionar a estas entidades de forma satisfactoria, como ocurre con la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Este tipo de organismos, los parques o las ZED, necesitan que en su entorno geográfico próximo exista un nivel de actividad económica sólido y creciente, vinculado a las actividades científicas o comerciales que se desarrollan en las entidades y que permita aprovechar las ventajas mutuas de la cooperación. Pero en Cuba, este lazo no existe.

De modo, que las expectativas creadas por el Decreto-Ley 363, que constituía el marco legal para la creación y consolidación de los parques científicos-tecnológicos en Cuba, no se han visto satisfechas. Y, al margen de la responsabilidad que pueda tener la crisis provocada por la pandemia, no cabe la menor duda que el gobierno no ha estado acertado en los elementos de diseño y concepción de estos ecosistemas de innovación, y tal vez ha esperado unos beneficios e incentivos derivados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que, sin la adecuada masa crítica en el tejido productivo, no se pueden lograr. De modo que el diseño inadecuado de estas infraestructuras impide que contribuyan al desarrollo y prosperidad de la sociedad, irradiando sus efectos beneficiosos al conjunto del territorio.

Un buen ejemplo, se tiene en el hecho de que los dos parques que han surgido en Cuba, en La Habana y Matanzas, se han especializado solamente en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) y, con ello, sus resultados tienen como objetivo promover a informatización o, digitalización de la sociedad. Desde luego, nadie puede cuestionar que la sociedad y la economía cubana no estén necesitadas de apoyo para incorporarse plenamente a las tecnologías avanzadas, pero la debilidad del mercado interno, la escasa proyección al exterior de las empresas o la existencia de un atraso en la mayoría de las actividades, por la falta de inversiones, condicionan el proceso de trasmisión de las innovaciones al tejido productivo.

Se destaca, por ejemplo, que el parque científico-tecnológico de La Habana, constituido en enero de 2020 y que tiene una cartera de 56 oportunidades de proyectos identificados, de las cuales 38 corresponden al sector estatal, 12 con personas naturales y seis de exportación de servicios. Sinceramente, con una masa crítica de más de 2 millones de habitantes a atender, casi el 20% de la población de Cuba se localiza en la provincia de La Habana, la actividad declarada por este parque capitalino es muy escasa, sin entrar en la consideración del impacto cualitativo de las líneas abordadas en la investigación, como “los vehículos no tripulados, la domótica, la automática, el comercio electrónico, las soluciones para la salud, la producción de alimentos, los sistemas de gestión y las plataformas de servicios de internet”.

Estas actividades del parque han servido para fijar una serie de contratos de incubación de proyectos con entidades extranjeras. Y claro, en este tipo de escenarios, ni se cita el embargo o bloqueo de Estados Unidos, confirmando que Cuba puede formalizar todo tipo de operaciones (incluidas las de I+D+i) con instituciones internacionales. Por ejemplo, la empresa alemana SMABIT GMBH, ha formalizado un convenio para “desarrollar una solución de hogar inteligente, que integre dispositivos comercializados por esta compañía en el mercado europeo”. Dicen que se trata de una solución dirigida al sector residencial, que puede impactar en el mercado empresarial, aunque todavía no ha iniciado la comercialización de estos equipos en el país. Ya se verá si comienzan en algún momento. Nada concreto, todo muy etéreo.

Este parque científico-tecnológico de La Habana declara que quiere, igualmente, “fomentar relaciones de mutuo beneficio con organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector presupuestado y centros de investigación” para lo cual se han establecido convenios con organismos y entidades cubanas, siempre con el objetivo de aprovechar las potencialidades de cada una de las instituciones y su capital humano altamente especializado. Evidentemente, todos los convenios se formalizan con entidades del sector presupuestado, y al menos de momento, los agentes privados de la economía han sido excluidos de forma sistemática.

El balance que se puede realizar del parque científico-tecnológico de La Habana en su primer año de vida no da motivos para lanzar campanas al vuelo. Los directivos citan la pandemia, la Tarea Ordenamiento y el embargo de Trump como factores condicionantes de los resultados. Los hechos confirman que el elemento diferencial se encuentra en el impacto de la Tarea Ordenamiento, que ha alterado los precios relativos de numerosos contratos y operaciones que se habían acordado en condiciones muy distintas a las que rigen tras el 1 de enero de este año. A pesar de estos problemas, la sociedad mercantil gestora del parque ha sobrevivido al incremento generalizado de costes manteniendo su estructura de funcionamiento operativo, con un pequeño pero profesional colectivo de directivos y trabajadores. No conviene olvidar que estos parques se tienen que autofinanciar, y no reciben, al menos de momento, subsidios del estado, aunque están bajo control gubernativo.

Por ello, la firma, a finales de 2020 y en lo que va de 2021, de los primeros contratos de incubación de proyectos, ha permitido generar ingresos y pagar sueldos a profesionales e investigadores. A través de los 15 proyectos en incubación, se han facturado más de 2,5 millones de pesos cubanos y ya se tienen nominalizados 297 profesionales, de los cuales 249 pertenecen a casas de altos estudios.

Sin embargo, la infraestructura básica y tecnológica del edificio sede del parque científico-tecnológico no ha avanzado al ritmo que esperaban los directivos y se espera que los tres primeros niveles estén finalizados al concluir agosto y el último nivel al cierre del año. La situación epidemiológica no ha permitido que todos los proyectos se radiquen en sus espacios, pero se pretende que el edificio esté listo para cuando las condiciones del país lo permitan.

En cuanto a las deudas, el equipo se plantea comenzar a explotar los espacios físicos del parque a plena capacidad y, sobre todo, que comience el curso escolar en la UCI, para insertar a los estudiantes en la vida y el trabajo de esta organización. La visión de los directivos del parque habanero consiste en “crecer en nuevos clientes nacionales y extranjeros, lograr cada vez mayor visibilidad internacional y aportar al desarrollo del país”, lo que se resume en algo claro, “ser más útiles”. Ojalá lo consigan con el sector privado emergente de la economía cubana.