Cuba: ¿potencia petrolera?

Elías Amor Bravo, economista

La crisis energética en Cuba está dando mucho que hablar, pero los problemas siguen sin solución. Lo último ha sido la polémica por las importaciones procedentes de Estados Unidos, que llevó al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha declarar en la prensa oficial que “las importaciones de combustible del sector privado no cubren las necesidades energéticas de Cuba”. Se veía venir. De paso aprovechó para aportar una retahíla de datos del sector y ofrecer una serie de informaciones sueltas sobre su gestión, enfocada al muy largo plazo, a tenor de sus palabras.

Nadie debe tener la menor duda que al régimen comunista no le gustan estas operaciones comerciales de combustible protagonizadas por el sector privado de la Isla, sobre todo, en medio de las restricciones que afectan al país. Y lo dicen con toda claridad para que a nadie le quede la menor duda.

Según la información de Reuters hasta el mes de julio, las importaciones de combustible procedentes de Estados Unidos y realizadas por el sector privado cubano, crecieron de forma espectacular, rompiendo todos los récords anteriores. Y, sin embargo, el ministro fue obligado a comparecer para descalificarlas porque “representan una proporción ínfima de las necesidades energéticas del país y no resuelven las demandas de la generación eléctrica ni de las principales actividades de la economía estatal” y están destinadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades de los negocios privados. ¿Y eso las desacredita? Vaya, no lo sabíamos.

El ministro dijo que el Estado cubano “no se beneficia en ese tipo de combustible”. Por supuesto, así debe ser, si no lo paga, por qué tiene que meter sus garras en el negocio. Si se mantienen los déficits de generación eléctrica y las limitaciones de combustible el único responsable es el estado comunista al que los mercados internacionales de petróleo dan la espalda por insolvente. De nada sirve el argumento de que el petróleo de las mipymes no se usa para el traslado de medicamentos, insumos y materias primas, así como para la producción y el riego. Ese combustible tiene unos objetivos y para ello se realizan las operaciones. 

Pero no contento con ello, el ministro descalificó como “falsas las cifras de cantidad de combustible que entra al país”, y señaló que “no tiene nada que ver con las cantidades que se hablan en esas noticias” al tiempo que acabó señalando que “no llegan al 3% de las necesidades de combustible que tiene el país”.

Quitando importancia a las entradas de combustible de Estados Unidos, el ministro dijo que “las importaciones permiten solamente sostener determinadas actividades del sector privado, entre ellas la paquetería, la mensajería, los servicios agrícolas, las ferreterías y algunos niveles de transportación. Aunque la población consume los productos y servicios que ofrecen esos negocios, no se satisface la mayor parte de las necesidades energéticas nacionales”.

Y volvió a cargar contra el vecino del norte, al señalar que “la economía completa y los servicios, la población, todo se ve afectado cuando faltan los portadores energéticos, porque la energía eléctrica y los combustibles son transversales a todas las actividades económicas”. Y además, negó cualquier tipo de negociación o conversaciones con Estados Unidos para flexibilizar las sanciones, incluida la eventual privatización de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), y se ajustó al relato del régimen señalando que “la intención de los Estados Unidos es doblegar al pueblo de Cuba y a la Revolución Cubana y eso no va a suceder nunca”.

Entonces, y con vistas a ampliar las posibilidades de abastecimiento, el ministro dijo que recientemente se autorizó la comercialización mayorista y minorista de combustibles por parte del sector privado. Una medida que incluye los productos que esos actores económicos puedan importar y comercializar, y permite acceder a servicentros o invertir en la creación de estaciones de servicio. Además, la autorización no queda circunscrita al diésel y la gasolina, sino que incluye el gas licuado, las grasas y los lubricantes, entre otros productos. La medida forma parte de las 176 Transformaciones y se relaciona con la búsqueda de alternativas para enfrentar las restricciones de acceso a los portadores energéticos.

¿En qué quedamos? Hay malestar por las importaciones de derivados de petróleo por las mipymes, pero luego se defiende la ampliación de las fuentes de abastecimiento. ¿Qué busca el régimen? ¿Tal vez confiscar ese petróleo privado que no es suyo? En este sentido, el ministro defendió la necesidad de Cuba de incrementar la eficiencia de sus producciones, ampliar el intercambio internacional, acceder a financiamiento y desarrollar las fuerzas productivas. “Para eso se necesita dinero, se necesita recursos, se necesita no tener bloqueo”.

Informó que el sector trabaja en alternativas propias a partir de los recursos disponibles, entre ellos el viento, el sol, las mareas, el crudo nacional y el gas producido en el país, pero reconoció que “se trata de un proceso largo y difícil, condicionado por la falta de recursos materiales y financieros”. Además, el ministro sostuvo que “se sale adelante poquito a poco, no a la velocidad que se quisiera. Se mantienen largas horas de apagón, no hay combustible para cocinar, ni para el transporte”. Los apagones van a seguir, la cosa va para largo.

Puso como ejemplo la recuperación de determinadas capacidades de generación eléctrica por medio de la incorporación progresiva de fuentes renovables. Citó la existencia de un plan para recuperar potencia en las termoeléctricas y en la generación distribuida, mientras que continúa la instalación de parques solares fotovoltaicos, de los que ya hay 144 instalados con una potencia de 1.418 megawatts.

A esa capacidad se suma la incorporación de paneles solares en viviendas, empresas, fábricas, instalaciones estatales y otras entidades, que aportan más de 500 megawatts, de acuerdo con las cifras del ministro que consideró que, sin las inversiones realizadas en parques solares, las afectaciones al suministro eléctrico serían mayores.

Por otra parte, la producción nacional de crudo también ha tenido que hacer frente a limitaciones de recursos e insumos porque para mantener los pozos y garantizar la extracción se requieren tuberías, válvulas, bombas, equipamiento de superficie y medios de transporte, entre otros elementos. El ministro dijo que la producción de petróleo se mantiene y que casi la totalidad del crudo nacional se consume en las termoeléctricas y destacó que se han conseguido avances en el refinado del crudo nacional, aunque los resultados todavía están lejos de cubrir las necesidades nacionales.

Y así, mientras el ministro iba desglosando indicadores de su gestión, centró sus explicaciones en la actualización de la legislación petrolera por el régimen para incrementar la producción en el país y, que, además, va a entrar en vigor de forma inmediata. Una vez más, el régimen confiando en exceso en que la economía puede funcionar con disposiciones publicadas en la Gaceta oficial. Mal asunto.

El Decreto Ley 135 de Petróleo y Gas y su Reglamento, el Decreto 184, tiene el objetivo de incrementar progresivamente los niveles de producción y reservas de petróleo crudo y gas natural, cubrir la demanda de combustible del país, así como acompañar la transición energética hacia la soberanía. Esta norma  aumenta la participación de nuevos actores y formas de gestión en toda la cadena de valor del sector: desde la exploración y extracción de petróleo hasta la comercialización, incluyendo la refinación, el almacenamiento y el transporte.

Pedro Abigantus, director de Inversiones y Negocios de petróleo y gas del Ministerio de Energía y Minas señaló “el control estatal sobre un recurso estratégico no renovable y propiedad de todo el pueblo, en correspondencia con algunos artículos de la Constitución, que establecen que los yacimientos y recursos naturales del subsuelo y de la zona económica exclusiva son de propiedad socialista de todo el pueblo”.

Un aspecto novedoso del Decreto-Ley es que amplía la participación en las actividades petroleras con nuevos actores y formas de gestión, una fórmula que el régimen viene aplicando en todos los sectores como medio a la desesperada por aumentar la producción. En particular, se ratifica y amplía la apertura a la inversión extranjera en la industria petrolera. En esencia, la búsqueda de divisas con las modalidades de contrato de producción compartida, concesión petrolera, contrato de servicios petroleros, entre otras.

El Contrato de Producción Compartida para la exploración, desarrollo y explotación del petróleo y el gas, obliga a las partes a asumir los riesgos técnicos y financieros, en correspondencia con los términos y condiciones pactados. Además, puede incluir actividades para el incremento de la producción, recuperación secundaria y mejorada, según proceda, en el área requerida, y también se tendrán en cuenta intereses nacionales en materia de defensa y seguridad nacional.

Por medio de la Concesión Petrolera se otorga el derecho de realizar, por cuenta y riesgo del concesionario, las actividades de exploración y explotación de los yacimientos de combustible, o una de ellas, en el área geográficamente determinada.

El Contrato de Servicios Petroleros se concierta entre entidades que ejecutan actividades petroleras con sujetos que realizan trabajos especializados, a cambio de una remuneración pactada.

La legislación también contempla la apertura de la actividad a personas naturales y jurídicas nacionales, incluidas las mipyme, las empresas privadas con más de 100 trabajadores y los trabajadores por cuenta propia, sujetos a las regulaciones específicas para estos actores.

Con respecto a la infraestructura del sector –refinerías, bases de almacenamiento, terminales y grandes instalaciones–, Irenaldo Pérez, director adjunto de Cupet, insistió en que son recursos estratégicos en los que “el Gobierno mantiene un control firme, pero ello no implica que estas instalaciones estén cerradas a la negociación con la empresa privada, nacional o extranjera».

En ese sentido, “las condiciones a negociarse van a depender del capital que se pueda aportar y de los términos bajo los cuales se negocia, porque son infraestructuras que están en disposición de poder gestionar toda la cadena de valor, que indiscutiblemente es abierta”.

Los dirigentes reconocieron que la atracción de la inversión extranjera se ve comprometida por las sanciones. Pero confían que “la claridad de las modalidades de participación, la ampliación de los sujetos que pueden intervenir en la cadena de valor y la seguridad jurídica, contribuyan a atraer la inversión necesaria para desarrollar la industria”.

El Decreto Ley 135 se complementa con el Decreto 184/2026, estableciendo el Reglamento para su aplicación.

Entre los elementos más relevantes del Reglamento destaca la simplificación del proceso de acreditación de compañías, que ahora se organiza en tres categorías: A, para operaciones en aguas profundas con tirantes superiores a 300 metros; B, para aguas someras de hasta 300 metros; y C, para áreas terrestres. Las compañías acreditadas en una categoría superior pueden operar en las inferiores. El capital de trabajo exigido se redujo de 20 a 5 millones de dólares, y la evaluación financiera se ajusta al tipo y envergadura del negocio que se pretende desarrollar.

El Reglamento también detalla el régimen fiscal aplicable a los contratos de producción compartida y a las concesiones petroleras, con porcentajes de recuperación de gastos que pueden alcanzar hasta el 65% de la producción bruta en yacimientos terrestres y aguas someras, y hasta el 75% en aguas profundas. Incentivos que no existen en otras actividades productivas. Para las concesiones se establecen cánones de superficie y regalías diferenciadas por tipo de recurso y zona de extracción, con ajustes variables en función de los precios internacionales y los niveles de producción, pero la propiedad privada sigue sin manifestarse en estas fórmulas petroleras.

La norma regula los requisitos de seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional, y tipifica las contravenciones en materia de exploración y explotación, con multas que oscilan entre 10 y 200 pesos cubanos para personas naturales y entre 50 y 1.000 pesos para personas jurídicas, según la gravedad del daño provocado o potencial.

El ministro dijo también que la transición hacia la movilidad eléctrica constituye otra de las líneas de trabajo del sector energético. A tal fin, Cuba desarrolla estaciones de carga para vehículos eléctricos, conocidas popularmente como solineras, de las que ya existen 44 estaciones de este tipo en el país. En Cuba circula más de un millón de motos y triciclos eléctricos, pero reconoció que estos medios no sustituyen las prestaciones de los grandes ómnibus climatizados ni permiten cubrir todas las necesidades de las rutas de larga distancia, aun cuando representan una alternativa ante las limitaciones de combustible.

El ministro se refirió también a la instalación de sistemas de generación renovable en instituciones de salud y otros servicios básicos, entre las prioridades del programa de transición energética. Todos los policlínicos del país disponen de alguna potencia instalada a partir de fuentes renovables, suficiente para sostener servicios básicos como la iluminación, la ventilación y la refrigeración de medicamentos que requieren condiciones específicas de conservación. Se avanza también en el aumento de la potencia instalada en esas instituciones y en los hospitales, cuyas necesidades energéticas son mayores.

El programa comprende, además, los hogares maternos, los hogares de ancianos y las funerarias, así como oficinas de trámites y dependencias del sistema bancario. En el caso de las funerarias, las instalaciones de energía renovable permiten garantizar condiciones básicas de iluminación y ventilación, incluso cuando existen afectaciones del servicio eléctrico. La protección de estos servicios se mantiene como una prioridad en medio de las restricciones energéticas.

Lo expuesto permite constatar que hay bastante de desorientación en la gestión de la política energética del régimen. Se mezclan tantos frentes, todos ellos tan diversos, que abarcar el conjunto con una cierta visión estratégica no hace más que complicar la situación. Por un lado, se aspira a que los actores privados participen en el sector, pero no se valora positivamente que importen derivados de Estados Unidos. Se mantiene el control energético, pero se quiere atraer la inversión extranjera. La potencia renovable apenas alcanza cifras insostenibles que impiden modificar la matriz energética. Y la solución a los problemas se traslada a un futuro desconocido. Mal asunto.