En torno las transformaciones en el sector agropecuario: el campo cubano necesita libertad y propiedad

Elías Amor Bravo, economista

Cada vez que el régimen comunista cubano se plantea reactivar la agricultura cubana con medidas más o menos imprudentes y alocadas, regresan con nitidez a la memoria las consecuencias nefastas que tuvieron para el sector agropecuario, las llamadas “reformas agrarias” de Fidel Castro.

Tanto ha sido el desastre causado por la usurpación, primero, de las propiedades privadas, y la concentración de tierras en manos del estado comunista, después, que algunos economistas se han llegado a preguntar ¿cómo sería el sector agropecuario cubano si no hubieran existido las reformas susodichas? Sin embargo, como estamos en tiempos que no son los mejores para hacer ciencia ficción del pasado, toca prestar atención a las nuevas transformaciones económicas del régimen, que, igualmente, quieren tener su impronta propia en la agricultura cubana. La cuestión es, ¿lo lograrán?

Pues bien, en una edición de Mesa redonda, se plantearon abordar esta cuestión, a cargo del ministro del ramo, Ydael Pérez, que llevó la voz cantante en un programa televisivo en que nunca los dirigentes del régimen reciben una pregunta o comentario crítico, sino que la benevolencia pasiva de Randy Alonso convierte estos espacios televisivos en un pacífico paseo en barca.

La cuestión es que el ministro, nada más empezar, dijo que las transformaciones económicas y sociales aprobadas, incorporan un conjunto de medidas dirigidas a favorecer la recuperación de la agricultura, incrementar la producción de alimentos y crear mejores condiciones para quienes trabajan y desarrollan proyectos en el campo. Como si todo eso fuera tan fácil de conseguir en el páramo agropecuario cubano, lastrado por la parálisis estructural de 67 años de doctrinas marxistas.

Después, señaló que el eje temático relacionado con la recuperación agrícola mantiene relaciones con al menos otras 162 transformaciones, debido a que la agricultura está vinculada prácticamente con todos los procesos económicos que se implementan en el país.

Como ya se indicó, el punto de partida de las transformaciones consiste en que la producción agropecuaria necesita recuperarse y cambiar, para incrementar sus resultados. Y a tal fin, es necesario un conjunto de normas jurídicas que permitan avanzar de las decisiones adoptadas a su concreta implementación. Una vez más, la estrafalaria creencia de que la economía puede moverse a golpes de decretos y resoluciones, cuando es justo al revés. El punto de partida, simplemente, es equivocado.

Además, se trata de normas que, como el resto de las transformaciones, fueron extraídas, a toda prisa, de un viejo cajón alcanforado, donde habían sido olvidadas. Pero ahora, gracias a la coyuntura de las negociaciones con Estados Unidos, surgen como un ave fénix para dar respuesta a uno de los problemas centrales de la economía castrista: la improductividad e ineficiencia del sector agropecuario. El problema de los dirigentes castristas es el mismo de siempre: las normas jurídicas pueden estar muy bien, pero no sirven de mucho, porque no modifican el régimen de derechos de propiedad de la tierra heredero de la “reforma agraria”; nadie está dispuesto a hacer lo que realmente se tiene que hacer.

De modo que el ministro utilizó su tiempo televisivo a libre discreción, para dar cuenta del proceso ideado para las transformaciones basado en varios componentes que deben funcionar de manera articulada, y que son: la gestión y el uso de la tierra, los productores y el capital humano, las cooperativas, la comercialización, el mercado de insumos y el financiamiento.

Los lectores de este blog deben detenerse un momento para observar bien los términos utilizados, porque lo dicen todo: gestión y uso de la tierra es lo único a que pueden aspirar los productores agropecuarios.

Gestión y uso de un factor de producción define un límite muy claro para la agricultura cubana, en la que nunca existirá la propiedad privada como tal. Ceder tierras para su gestión y uso, nada más. Se pretende que sea uno de los puntos centrales de las transformaciones, más aún, cuando el propio ministro reconoció que una parte importante de la tierra disponible se encuentra actualmente ociosa o deficientemente explotada.

¿Saben quién es el dueño de esa tierra? Cómo no, desde las reformas agrarias, su propietario es el estado comunista que juega a entregarla a quienes la solicitan, eso sí, bajo estrictas condiciones, casi siempre políticas establecidas por las organizaciones comunistas locales. Toda la tierra, la cedida en explotación, y la no cedida ociosa, toda, pertenece a la propiedad del estado. Y claro, así no hay forma de hacer nada.

Algunas de las transformaciones son realmente absurdas. Dijo el ministro que las nuevas normas buscan facilitar la incorporación de más personas naturales y jurídicas a la producción agropecuaria. Pero olvidó decir que este sector absorbe en términos de ocupación, casi la quinta parte de los empleos, mientras que su participación en el PIB apenas llega al 5%. Esto significa que la productividad del sector agropecuario es casi la décima parte de la media de toda la economía, de modo que difícil tiene el ministro aumentar la producción incorporando más empleo. Es justo hacer lo contrario si se quiere aprovechar la tierra con mayor eficiencia. Cuando se atiende al planificador central, y no al mercado, ocurre este tipo de cosas inexplicables.

Por eso, buena parte de su intervención la dedico a defender los contenidos de la Ley 185, Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, y su reglamento, el Decreto 175. En alguna ocasión, en este blog hemos analizado este ordenamiento burocrático de filiación marxista, con el que dicen pretender actualizar y flexibilizar disposiciones anteriores y establecer un marco destinado a ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes quieran invertir y producir en el campo. No lo lograrán.

Nuestra opinión es que, para lo que puede conseguir la Ley y su reglamento en esta nueva versión, quizás mejor habría sido no cambiar nada. Justificar un cambio de norma por el “otorgamiento gratuito del derecho real de usufructo a personas naturales y jurídicas, ampliando las posibilidades de acceso a la tierra”, no significa otra cosa que el modelo de distribución de la tierra que existe en Cuba es un fracaso absoluto, y que debe ser eliminado para siempre.

Y claro, como no hay la menor intención de que la tierra pase a ser propiedad privada de los productores agropecuarios, la solución para el régimen es ampliar y aumentar el número de actores que pueden solicitar tierras para desarrollar proyectos productivos. Se abre la puerta, y es asombroso que antes no pudieran operar, a los campesinos y usufructuarios, sus familias vinculadas a la producción agropecuaria, forestal, tabacalera y acuícola; las cooperativas; las empresas estatales; los proyectos de desarrollo local; las pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas; los polos productivos agropecuarios y forestales; las modalidades de inversión extranjera y otras personas naturales o jurídicas relacionadas con la producción de alimentos. Todo el que quiera recibir tierra para producir, que se ponga en la cola. El mensaje es claro: Hay tierra para todos, pero nunca será de propiedad privada. El estado mantiene su derecho de propiedad. No se hagan ilusiones.

Por otro lado, hay una referencia genérica a la ampliación de las áreas productivas que, al parecer, no quedará limitada a una superficie determinada cuando el proyecto requiera mayor extensión, sino que puede crecer en correspondencia con la propuesta productiva. Pero no se dice cómo ni en qué condiciones, otro asunto que se deja en manos de la discrecionalidad comunista.

La conclusión es clara: hay que producir más, pero la propiedad estatal de la tierra se mantiene tal y como establece la constitución comunista de 2019. Para no dejar dudas al respecto, el 80 % de las tierras son propiedad estatal socialista, y se permite a las empresas estatales que las gestionan otorgar derechos de usufructo para que sean explotadas por otros actores, en todo caso, se trata de superficies muy pequeñas. Una cesión de una cesión no es más que rizar más el rizo. También las cooperativas pueden entregar tierras sin perder su patrimonio, bajo las condiciones previstas en la legislación. El lío que se puede acabar produciendo con todo esto puede convertirse en otro freno al aumento de la producción.

En segundo lugar, otro de los objetivos planteados es la reducción de la burocracia asociada a la entrega y puesta en explotación de las tierras. La normativa establece que se puede conceder una administración provisional en menos de diez días, mediante una resolución del director de una empresa, aprobada por su consejo de dirección, o del presidente de una cooperativa, con la aprobación de su asamblea.

Con esta velocidad, se permite además que el productor pueda comenzar a trabajar la tierra que nunca será suya antes de recibir la notificación, mientras continúa la realización de otros trámites relacionados con permisos, certificaciones e inscripción del derecho de usufructo.

El ministro dijo que el propósito es que los productores no tengan que invertir largos períodos de tiempo en gestiones administrativas antes de comenzar a producir y destacó como un dato significativo la recepción de solicitudes sobre más de 15.000 hectáreas de tierra, correspondientes a más de 13 mipymes y otros actores. El Ministerio busca identificar en los territorios a personas y proyectos con capacidades para producir y acompañarlos en la preparación de sus propuestas. Si todo esto está muy bien, pero ¿Y si finalmente no se produce la cesión? ¿En qué queda todo?

En tercer lugar, se planteó un posible fortalecimiento de las cooperativas como otro componente esencial de la transformación. El ministro dijo que más del 80 % de las tierras agrícolas son gestionadas por personas naturales vinculadas a cooperativas, por lo que su funcionamiento resulta determinante para incrementar la producción.

En ese sentido, las nuevas normas buscan colocar a las cooperativas en condiciones de mayor igualdad con otros actores económicos y otorgarles mayor autonomía y flexibilidad para gestionar sus actividades. El objetivo es que puedan establecer vínculos con otros productores y actores económicos, facilitar la producción y participar en nuevas formas de comercialización.

Las cooperativas podrán establecer vínculos para vender directamente a la industria, el turismo, los mercados u otros destinos. También se contemplan contratos para productos como lácteos, cárnicos y excedentes destinados a otros actores que elaboren alimentos. Con la flexibilización de las relaciones comerciales también abre nuevas posibilidades para las cooperativas, entre ellas la exportación, una opción que anteriormente no tenían en las mismas condiciones.

Una confianza excesiva del régimen en las cooperativas que, sin embargo, no guarda relación con lo ocurrido en la realidad. El número de cooperativas en 2026 quedó situado en 4.966, frente a las 5.290 de 2019, es decir, en siete años se ha producido una reducción del 6,2% en el número de cooperativas.  En el mismo periodo, como contraste, las empresas estatales aumentaron un 17%. Las unidades presupuestadas del sector estatal, otro 17%. Es evidente que las cooperativas se resienten de las políticas económicas del régimen, y su dinámica temporal deja mucho que desear. Una excesiva confianza puede acabar siendo perjudicial para todos.

En cuarto lugar, se reconoció que las transformaciones introducen una mayor orientación hacia el mercado en la comercialización de productos agropecuarios. El ministro dijo que se busca avanzar hacia acuerdos entre compradores y vendedores y superar esquemas basados exclusivamente en precios topados. Esta es una buena idea, pero de difícil digestión sin una institucionalización real de la economía de mercado, en la que, de una vez por todas, se reconozca la figura del intermediario de la distribución comercial agraria sin lo cual se lastran las posibilidades reales de mayor actividad para el sector.

Además, el régimen da un paso adelante, pero luego otros dos o tres atrás. De modo que la preeminencia de las relaciones mercantiles entre actores privados para la producción agropecuaria no significa que se abandone el encargo social del sistema y el ministro confirmó “que los destinos prioritarios continúan siendo la alimentación de la población, los niños, los hospitales y otros programas y balances establecidos en los territorios”.

Con las transformaciones, se pretende que el productor pueda recuperar la inversión realizada y contar con recursos para continuar desarrollando su actividad, evitando situaciones de monopolio en la compra, a la vez que se amplían las posibilidades para que los productores comercialicen sus productos con diferentes actores.  El enunciado puede estar muy bien, lo que siempre decimos. La letra parece correcta, pero habrá que escuchar la música.

En quinto lugar, otro de los elementos centrales de las transformaciones el acceso a insumos. Para ello, han diseñado incentivos para que diferentes actores económicos puedan comercializar insumos y equipos agropecuarios tanto en divisas como en pesos, incluidos los combustibles. Una peligrosa dualidad monetaria en el sector que puede acentuar la dolarización en el mismo y que, en absoluto, beneficia a los consumidores de menor poder adquisitivo y que no tienen acceso a las remesas.

Con esta medida, los dirigentes reconocen que se pretende dinamizar la actividad agrícola y facilitar el acceso de los productores a los recursos que necesitan para incrementar la producción y la eficiencia, al tiempo que se persigue que los precios se vayan reduciendo en la medida en que aumenten los volúmenes producidos y mejore la eficiencia. Una hipótesis de difícil verificación, sobre todo si los precios se fijan en moneda nacional y divisas. Puede darse el escenario de bajadas de precios de los productos en divisas, que supongan un mayor encarecimiento por la vía del tipo de cambio.  

En sexto lugar, las transformaciones apuestan por un nuevo marco financiero del que no se ofreció información. Tan solo se enumeró el conjunto de medidas respaldado por 20 normas y un acuerdo: una ley, siete decretos-leyes, siete decretos, cinco resoluciones y un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de ministros relacionado con la banca de fomento y la banca de desarrollo. Tanta materia jurídica y administrativa tiene como objetivo proporcionar seguridad jurídica para la inversión y hacer más atractivo el campo para nuevos productores, incluyendo personas jóvenes y quienes busquen desarrollar allí sus proyectos de vida.

En séptimo lugar, la legislación incorpora la novedad de la agricultura por contrato, una modalidad que permite establecer vínculos entre productores que disponen de tierras cedidas, pero que no tienen recursos financieros suficientes para acceder a los insumos, de modo que contactan con otros actores que puedan aportar los insumos o la financiación directamente.

De esta manera, se permite que un productor se puede asociar con otro campesino, una persona natural o jurídica privada o un actor de la inversión extranjera establecido en el país para poner en producción una finca que enfrenta dificultades.

El mecanismo va más allá, al permitir que quien aporta los recursos pueda posteriormente participar como comprador de la cosecha, eso sí, siempre respetando los destinos prioritarios establecidos en los balances municipales. Aquí surgen dudas, porque ¿Qué ocurrirá cuando el referido balance extraiga toda la producción? ¿En qué queda el objetivo de la agricultura por contrato? Desde este esquema, previendo este escenario grave, el ministro destacó la importancia de que el productor tenga garantizado un retorno mínimo que le permita recuperar lo invertido y continuar desarrollando su actividad. No es solución en modo alguno.

En octavo lugar, las autoridades han insistido en varias ocasiones que se pretende evitar que exista un único comprador para la producción. Sin más, se reconoce que la experiencia histórica de Acopio ha sido un fracaso. Por ello, el ministro señaló que con esta medida se pretende reducir situaciones en las que productores enfrentaban dificultades para cobrar por sus productos. Los célebres impagos de la agricultura que han lastrado cosechas y proyectos que, en vez de acabar en los mercados, se quedaban sin recoger en los campos. El régimen cree que, con las nuevas relaciones comerciales, tanto los actores estatales como los privados deben poder recuperar lo invertido y continuar destinando recursos al desarrollo de sus actividades. Lo mismo que con la agricultura por contrato.

En noveno, se pretende que el proceso de transformaciones no se concentre únicamente en grandes extensiones o polos productivos. El ministro insistió en la importancia de la pequeña y mediana agricultura, los negocios y la agricultura familiares, en clara referencia a los cultivos en patios y jardines ideados por Raúl Castro. Igualmente, destacó la necesidad de desarrollar alternativas agroecológicas y técnicas más amigables con el medio ambiente, especialmente ante las restricciones existentes para acceder a determinados insumos. Los dirigentes creen que en la agricultura cubana es posible, dadas las actuales condiciones, que la producción se puede complementar con actividades como el agroturismo y el ecoturismo, siempre que se mantenga la producción agrícola como actividad principal. Otro sueño de difícil realización.

En suma, el conjunto de las medidas busca promover un marco más flexible y seguro para que nuevos actores se incorporen a la producción y se aprovechen mejor las tierras que permanecen ociosas o deficientemente explotadas. Sin embargo, la advertencia es clara: no se modifica el régimen de derechos de propiedad de la tierra, que sigue estando en manos del estado.

La estrategia pretende actuar sobre tierra, cooperativas, mercados, comercialización, insumos y financiamiento, con el objetivo de que las transformaciones económicas y sociales puedan traducirse en resultados concretos en el campo, pero se limita y controla la capacidad de los agentes económicos para lograr sus objetivos a la vez que el campo cubano puede correr el riesgo de inundarse de más actores. Realmente no es esto lo que necesita, sino de una reordenación productiva de los mismos, acorde con los derechos de propiedad.

Los dirigentes reconocen que la agricultura enfrenta dificultades asociadas a la disponibilidad de insumos y combustibles, a la reducción de la fuerza de trabajo y a condiciones climáticas cambiantes. Un cuadro realmente complicado que no se puede arreglar con el maquillaje de mala calidad de las transformaciones, sino con cambios reales en el articulado de la constitución marxista leninista de 2019. 

Las autoridades piensan que el nuevo marco jurídico abierto por las transformaciones puede servir para crear oportunidades que afronten estas limitaciones, pero se apuesta por la peor solución que es una mayor participación en el agro de productores y actores económicos. No es esta la fórmula que se necesita, sino facilitar recursos procedentes del sistema bancario para que los actores, sin distinción, puedan afrontar con sus propios medios, los retos y dificultades sin la presencia injerencista y controladora del estado. El campo cubano necesita libertad y propiedad.

El ministro dijo lo mismo que siempre que “la tarea que queda por delante es llevar las normas a la práctica, reducir las trabas y conseguir que las nuevas posibilidades de acceso a la tierra, producción, comercialización y financiamiento se traduzcan en más alimentos para la población y una mayor capacidad productiva en los territorios”. Se equivoca: el campo cubano necesita libertad y propiedad.