¿Subsidios, si, subsidios, no? He aquí el dilema

Elías Amor Bravo, economista

Es lo mismo que autorizar ahora, y por qué no antes al ejercicio del trabajo por cuenta propia en 2.000 especialidades Pues bien, esto es lo que ocurre con los subsidios. La diferencia es que este asunto forma parte de la Tarea Ordenamiento y lleva vías de convertirse en uno de los principales problemas del país. Con sus tiras y afloja el gobierno traslada más incertidumbre a una sociedad que vive angustiada por los impactos de la Tarea Ordenamiento, por cierto, una política económica impuesta.

Con los subsidios, el régimen comunista va dando palos al aire como el niño que golpea una piñata de cumpleaños, pero sin acertar. Por un lado, se afirma que han de ser suprimidos los subsidios que recaen sobre los productos y que se consideran excesivos. De otro lado, se anuncia que el Presupuesto de 2021 destina 18,000 millones de CUP para financiar las empresas que obtengan pérdidas como resultado del proceso de devaluación, bajo el principio de no subsidiar ineficiencias, ni que estas se trasladen a los precios. 

¿Qué mayor ineficiencia empresarial puede haber que no poder hacer frente a una devaluación? Las empresas inviables y mal gestionadas lo son, independientemente de subsidios o ayudas. Que se lo pregunten a cualquier alumno de primer curso de economía, que les dará la respuesta. En este blog ya lo hemos hecho en infinitas ocasiones. O sea que por un lado, hay que eliminar los subsidios y gratuidades, y por otro, se mantienen en el presupuesto por lo que pueda ocurrir.

Y después, las autoridades salen con el mensaje de que a partir de la Tarea Ordenamiento las personas podrán “destinar sus ingresos a lo que necesitan y no a lo que les dan; establecerán prioridades; las entidades tendrán que incrementar, necesariamente, la calidad de sus producciones”. Pregunto, ¿de qué manual de liberalismo económico han sacado esta frase?

El origen de los subsidios en la economía comunista de Cuba arranca de los primeros años de la llamada revolución, cuando se decidió nacionalizar todos los factores de producción y se puso en funcionamiento la todopoderosa JUCEPLAN, bajo la presidencia, ¿quién lo iba a decir? de Fidel Castro.

En aquellos años se consumaron decisiones políticas e ideológicas (como la denominada recaudación no tributaria que extrae el régimen del plus valor de sus empresas) que arrastraron a estas, que antes habían sido altamente competitivas, a estructuras hinchadas de empleo y baja productividad, costes elevados, falta de inversiones en tecnología y excesiva dependencia del exterior, que en cuestión de un lustro las convirtieron en entidades sin personalidad, sin rumbo, insolventes.

De hecho, sus antiguos propietarios, en el exilio, intentaron sacar proyectos similares adelante (muchos lo consiguieron) en tanto que las empresas cubanas, todas estatales, bajo la dirección comunista revolucionaria, se iban convirtiendo en páramos de ineficacia e improductividad que requerían subsidios del presupuesto del estado para poder ofrecer sus productos y servicios a precios bajos.

Desde entonces, las empresas estatales cubanas se acostumbraron al subsidio, porque no existía el interés, la motivación o el ánimo de beneficio, que esté en el origen de la competitividad precio. Y con ese bagaje el régimen comunista decidió implantar la Tarea Ordenamiento creyendo que los subsidios se pueden quitar sin más. O al menos, mantenerlos en una lista de productos que representarían una transición hasta que finalmente se establecieran sobre las personas. La cuestión es mantener los subsidios, aunque luego lanzan los mensajes, cara a la galería, de que los van a eliminar.

Los subsidios en Cuba desempeñan un papel fundamental en los productos que integran la canasta normada, la obsoleta libreta de racionamiento, cada vez más menguada en cantidad y calidad, e integra arroz, frijoles, azúcar, pollo, otros cárnicos normados y regulados, servicios básicos de electricidad, gas, agua y telefonía básica. Los dirigentes creen que ahora, ¿por qué no antes? el presupuesto no puede seguir manteniendo esos subsidios y os que se destinan a la exportación y otras ramas de la economía.

¿Qué ha cambiado para justificar decisiones de este calibre que pueden llevarse por delante a más de una empresa ineficiente? Pues varias cosas, todas ellas muy importantes.

Primero, el déficit del presupuesto, elevado a un 20% del PIB como consecuencia de la expansión de gastos corrientes para financiar aumentos de salarios y pensiones, y algunos de estos subsidios y gratuidades. No es sostenible un nivel de endeudamiento de esa magnitud y llegó el momento de reducir el empleo estatal, los subsidios y todo lo que se pueda. Incluso hasta los “logros de la revolución” tendrán su ajuste, porque las inversiones ya se sabe, ni están ni se esperan.  Solo hoteles, y desde diciembre, dejan que los extranjeros sean dueños de los hoteles que construyan.

Segundo, una profunda insatisfacción de amplios sectores de la población, sobre todo, los que reciben más bajos ingresos y no tienen acceso a los dólares con los que se consigue de todo en las tiendas en MLC, con los niveles de la canasta normada y el alcance de los subsidios, lo que no evita tener que acudir a los mercados a comprar alimentos a precios astronómicos.

Tercero, el reconocimiento de que los subsidios destinados a las empresas son excesivos y que toca adoptar decisiones estratégicas para su reducción. Se cree que la eliminación de la dualidad monetaria puede ayudar a eliminar trabas y obstáculos, al tiempo que se mejora la medición de los costes de producción. 

La cuestión en este punto no es que los subsidios sean excesivos, es que la detracción de ingresos que realiza el estado de las empresas (y que se compensa con los subsidios) ha experimentado un continuo declive en los últimos años, de modo que el saldo de ingresos netos de subsidios se ha reducido muy rápido obligando al régimen a buscar nuevas fuentes tributarias, como los trabajadores por cuenta propia.

De modo que el escenario de la Tarea Ordenamiento, con el impacto directo de la devaluación del CUP en el sector empresarial sobre los precios relativos, ha obligado al gobierno a destinar 48.530 millones de pesos para financiar diferentes conceptos de subsidio y otras transferencias, entre las cuales figuran precios minoristas subsidiados, subsidio temporal al precio de acopio al productor, así como subvenciones a las unidades presupuestadas con tratamiento especial y a las organizaciones y asociaciones. La Tarea Ordenamiento sale cara, muy cara.

Dicen que el objetivo es proteger a la población del efecto de la devaluación, pero la inflación general ya se ha desatado apenas un mes después de comenzar las políticas, y no parece que se tranquilice a la población con el eterno mensaje de “vocación social y humanista” del  presupuesto.

El cambio de los subsidios de las empresas a las personas plantea riesgos para su ejecución. Las autoridades creen que ese nuevo diseño permitirá que el esfuerzo realizado por el presupuesto regrese a la economía en forma de mayor poder de compra de los salarios de los trabajadores.  Eso es dudoso. Mientras los comunistas cubanos sigan creyendo que los aumentos de salarios independientes de la productividad pueden servir para algo, están equivocados.

Se puede pensar en un ejemplo sencillo. Si el importe de la canasta normada, 3.529 millones de CUP, se repartiera entre todos los cubanos, la magnitud real en términos de poder adquisitivo, 320 CUP año por persona, sería tan escasa, que apenas duraría unas tres semanas. 

No es la solución.  Lo que se necesita en la economía cubana es aumentar la productividad de las empresas, para asegurar incrementos de beneficios y salarios, que faciliten la realización de inversiones que contribuyan a mejorar la eficiencia, y a partir de ahí, más salarios y beneficios. Pasar de la rueda viciosa de los subsidios actual, a la virtuosa de la productividad requiere un nuevo marco jurídico para el respeto de los derechos de propiedad, es decir, en vez de cerrar y liquidar empresas estatales insolventes, el régimen debería pensar en privatizar esas empresas y dejar su gestión en manos privadas. 

¿Por qué no prueban el cambio? Húngaros, checos y eslovacos lo hicieron y les fue muy bien. Cuando se trata de una economía, la cuestión es hacer lo que se necesita y no lo que impone la ideología.