El desbarajuste de los precios agropecuarios en la Tarea Ordenamiento

Elías Amor Bravo, economista

Se sabía que la Tarea Ordenamiento iba a causar un incremento de los precios de los productos agropecuarios. Muy por encima de los salarios, lo que acabó ocurriendo. Era el efecto inmediato del aumento del coste de las materias primas y de los salarios. Nada nuevo que la ciencia económica no pudiera anticipar. El problema podría haberse corregido con un incremento de la oferta, que es el efecto esperado de un aumento de precios, pero no. Los dirigentes comunistas han agrandado los efectos aplicando el nefasto instrumento de los precios topados y controlados. Esta vez, incluso peor, trasladando la decisión de topar precios a los gobiernos territoriales, lo que ha generado mayores distorsiones, si cabe.

Además, las autoridades se implicaron a fondo en conseguir el control de precios en los establecimientos particulares y los dependientes del estado. El mensaje era claro: “no se permitirán los precios abusivos y especulativos, pues se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores”. Y se pusieron manos a la obra con la publicación de un decreto que recopila sanciones, multas y otras medidas que han acabado creando mayor intranquilidad e insatisfacción entre los productores, los vendedores y los consumidores, que se encuentran con que cada vez hay menos que comprar en las tiendas.

Una reciente Mesa redonda, con la participación del señor Murillo y la señora Bolaños, ha tratado de justificar lo injustificable. El desbarajuste de los precios agropecuarios está servido, y cada vez será peor.

No deja de ser sorprendente, en todas estas intervenciones televisivas, observar el hecho, contraproducente, que los dirigentes políticos saben qué se tiene que hacer para resolver los problemas. La señora Bolaños lo expresó con claridad y dijo “hay que incrementar y diversificar la producción de alimentos destinados a la población". Y añadió al respecto,“el propósito es cubrir en todas las épocas del año la producción de alimentos per cápita, tanto en viandas, hortalizas, y también en productos agropecuarios y en los procesados por la industria”. Bien, ¿y por que no se consigue este objetivo de forma sistemática? ¿Qué ocurre en el engranaje de la economía cubana para que siempre haya escasez, colas y racionamiento? ¿Por qué se ha visto agravado con la Tarea Ordenamiento?

Pues si, la respuesta está en los precios, sobre todo, el de compra que el estado aplica a los productores agropecuarios de forma obligatoria. Es lo que se denomina en la jerga castrista “producciones acopiadas” que se destinan más tarde a la población, y a otras modalidades “sociales” del régimen, como hospitales, escuelas, centros deportivos, sistemas de atención a la familia y comedores obreros, la industria y el turismo.

La Tarea Ordenamiento no ha sido capaz de poner orden en esos precios de acopio que se centralizan por el gobierno y que son determinantes de la perniciosa escasez de alimentos que afecta a la economía cubana. El mecanismo de fijación de los mismos simplemente se aparta de la racionalidad del mercado, y eso tarde o temprano, en este caso, bien pronto, se paga.

Por mucho que los dirigentes comunistas insistan que los precios de compra de acopio a los productores han ido aumentando en los últimos 10 años, a la vista está que no han logrado aumentar la producción. Las quejas de los agricultores hacia acopio son de lo más diverso, y bien conocidas de todos. En cualquier país del mundo, acopio habría dejado de existir hace mucho tiempo. Su mantenimiento en Cuba explica muchas de las deficiencias del sector agropecuario. La necesaria actualización de los precios de acopio en un momento de tensiones en salarios y costes de insumos, no ha tenido lugar de forma adecuada, y por ello, para muchos productores agrarios, asumir el trabajo de sus cosechas, era irrentable y, lógicamente, dejaron de producir.

Los intentos del régimen por dar un enfoque nuevo a los precios de compra o precios de acopio no han dado resultado. Hay varios motivos.

Los precios fijados no responden a señales del mercado, sino que dependen de decisiones políticas basadas en una presunta sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones, en producciones que han tenido, tradicionalmente, una orientación exportadora, como tabaco, caña de azúcar, miel de abeja, arroz, frijoles y maíz para alimento animal.

La devaluación no ha tenido en cuenta en el cálculo de los nuevos precios. Además, una devaluación que se diseñó de forma especial para el sector empresarial, en general, pero que también tiene su efecto sobre la población a pesar de su diseño asimétrico, que es el peor posible si se quiere restaurar la confianza en una moneda. Los productores agropecuarios se han visto desbordados por los efectos de la devaluación sobre servicios estatales, como tarifas eléctricas, suministro de agua, combustible, necesidad de dólares para comprar insumos, etc. Por otro lado, la perniciosa ausencia de insumos en la oferta nacional y la dependencia del exterior, sin divisas, ha actuado como un factor limitativo de la oferta.

Por si lo anterior no fuera poco, la Tarea Ordenamiento trajo consigo una reducción de los subsidios para numerosas producciones agropecuarias, lo cual obligó a las autoridades a dar marcha atrás sobre todo en los productos con un impacto importante, como el arroz y el maíz para el consumo animal. En el fondo, las autoridades han querido controlar el nivel de rentabilidad obtenido por los agricultores, esa obsesión enfermiza por las ganancias, y aquí también se han equivocado porque nadie trabaja por gusto, y desde el exterior, no es posible determinar qué rentabilidad debe tener una explotación. 

Las autoridades saben que esas posibilidades de mayores beneficios en la agricultura ganadería dependen de disponer de más tierra, más superficie para alcanzar la escala técnica en la que los rendimientos son crecientes y los costes unitarios más bajos. Y por ello, las tierras que se entregan se limitan, de modo que la productividad se resiente y es menor en producciones en las que Cuba tiene condiciones climáticas y de suelo excepcionales para producir mucho más.

Con todas estas “restricciones políticas” que aplica el régimen al sector agropecuario para evitar su crecimiento , las autoridades expusieron alguna iniciativa reciente para mejorar la situación, como la descentralización de los precios de acopio y de los de la cadena de comercialización, dejando solo a aquellos de mayor relevancia. Pero aquí volvieron los problemas, al proceder a aplicar los topes y la centralización solo a determinados productos y no a todos. Las decisiones políticas por encima de las económicas, 30 precios de acopio centralizados, 15 por el consejo de ministros y otros 15 por el ministerio de precios. Bien, ¿y con el resto, qué pasa?

Pues lo que era de esperar. En estos productos que tienen precios de acopio, tanto los centralizados como los descentralizados, los aumentos de precios como consecuencia del incremento de los costos y de mantener la misma rentabilidad, se ha producido una notable dispersión de incrementos de precios, con un rango que oscila entre 1,9 veces, y otros más de 3 veces, como por ejemplo la papa, lo que ha generado no pocas distorsiones e insatisfacciones.

Esto ha venido provocado por la obsesión por controlar la rentabilidad ha provocado menos rentabilidad, de modo que producciones que tenían más del 50% de rentabilidad, han entrado en crisis. Y restaurar lo alcanzado, en medio de la Tarea Ordenamiento, parece improbable si no se producen reformas estructurales.

Vista la problemática con los precios de acopio, en el resto de precios descentralizados, la facultad de concertar los precios con las formas productivas es la que condiciona el comportamiento de los mismos. En este caso, el experimento parece que no ha salido bien, porque las condiciones de producción no son las mismas en todos los productos, ni tienen los mismos costes, ni se dirigen a los mercados en la misma forma. Parece que las autoridades se acaban de dar cuenta de este hecho, que se tradujo en la frase pronunciada por la señora Bolaños, “no es igual producir malanga en el oriente del país, que producir malanga o papa en Mayabeque y Artemisa”. Pues claro. Mantener la centralización es un grave error. Más vale tarde que nunca. Pero no es suficiente para producir más. Los problemas del sector agropecuario no están solo en la comercialización, sino en la producción, y para ello, hay que acometer reformas estructurales.

Otra medida que ha venido incorporada en la Tarea Ordenamiento ha sido la rebaja de impuestos a los productores, que las autoridades quieren que mejore la rentabilidad, con ese nuevo cálculo de 39.120 pesos para la desgravación del productor individual. A pesar de la magnitud de la cifra (dos canastas básicas de 1.528 pesos) existe una insatisfacción entre muchos productores con esta cifra, calculada a partir de rendimientos en cooperativas, lo que pasa por otros niveles de relación entre coste, precio y beneficio que en las explotaciones individuales. Otra medida como el descuento del 100% de los gastos (antes era el 70%) en el que tiene que incurrir para lograr sus producciones y la obligación de justificar solo el 80% tampoco parece haber despertado interés alguno. Los problemas del campo cubano no son tributarios o fiscales, sino que están en las condiciones técnicas de la producción que solo pueden cambiar por medio de reformas estructurales.

En este punto, Murillo intervino para insistir en que los problemas de precios de los productos agropecuarios estaban más en el ámbito de los descentralizados que los centralizados. Su argumento volvió a citar la cuestión de los subsidios, que no deben recaer en los productos, sino en los colectivos que realmente los necesitan. Los presupuestos según Murillo no deben estar al servicio de los precios agropecuarios, y deben ir cambiando su orientación. Sin embargo, reconoció que alrededor de 1.920 millones de pesos se destinan a subsidios al arroz y carne de cerdo.

Además, en su opinión los precios de acopio anteriores a la Tarea Ordenamiento iban diseñados a estimular a los campesinos. Al contrastarlos con el precio de los mismos productos en el mercado internacional, el tipo de cambio implícito no era de 1x1 sino 13x1 y por tanto, la rentabilidad en algunos productos se disparaba. Murillo insiste en que se tiene que revisar esa ganancia excesiva sin perjudicar a los productores agropecuarios. Ojalá lo consiga.