¿Revisión de los precios? El régimen no puede contra la inflación de la Tarea Ordenamiento

Elías Amor Bravo, economista

El tema de los precios sigue dando muestras de ser uno de los problemas principales de la Tarea Ordenamiento. Un problema para el que, el modelo social comunista basado en la planificación económica y la intervención del estado en la economía, se muestra incapaz de obtener precios adecuados para los bienes y servicios. En Granma se han hecho eco de que las autoridades han decidido iniciar un “¿proceso de revisión?” para evitar que el excesivo crecimiento de los precios afecte la capacidad adquisitiva de la población. Que lo ha hecho lo está haciendo y lo hará, porque la historia no ha acabado aún. ¿A qué suena esta “revisión”?

Los motivos que explican la explosión de precios mayoristas y minoristas que está creando alarma en la población son muchos y muy complejos. Unos tienen impacto de medio y largo plazo (como el descontrol monetario y del endeudamiento estatal), en tanto que otros tienen su origen en la Tarea Ordenamiento y las medidas dispares y controvertidas que han querido aplicar las autoridades en este primer mes del año.

Evidentemente, hay problemas con el control de precios, y el objetivo de las autoridades comunistas de fijar los precios máximos a los productos, en los “techos” máximos admisibles y no en los intervalos de referencia, se ha cumplido en muy pocos casos. Esto implica que si los precios podían aumentar entre un 2 y un 2,5, lo que han hecho es alcanzar este tope superior, y ello ocurre porque, o bien no se han realizado de forma correcta todos los cálculos requeridas por los productores, o alternativamente, porque han salido con los precios más elevados y ha habido consumidores dispuestos a pagar por ellos lo establecido.

Es decir, la oferta no reacciona con precios a la baja si la demanda no la obliga. Y por eso, a pesar de los controles y “techos” establecidos por el régimen, se ha producido el incremento de precios que solo se ha convertido en un problema social cuando más y más sectores de la población han comprobado sus elevados niveles (precios especulativos) y su intenso crecimiento (precios abusivos).

De modo que una vez constatado el problema, las autoridades anuncian que quieren revisar todo, bajo el argumento político de que no se puede transferir ineficiencias a la población en forma de precios, según ha declarado Murillo.

Entonces, lo primero que habría que preguntar al responsable de los lineamientos es qué entiende por esas ineficiencias que según el, se trasladan a la población. Varias pistas pueden ayudar. Conviene tener en cuenta que las ineficiencias no estaban presentes antes de la Tarea Ordenamiento. Esto no quiere decir que los precios no subieran antes del mes de enero, pero no lo hacían con tanta intensidad como ocurre ahora, y por tal motivo, la población no expresaba sus quejas abiertamente.

Por lo tanto, las ineficiencias tienen alguna o mucha relación con la puesta en marcha de la Tarea Ordenamiento, y posiblemente con dos de las medidas estrella del proceso que no se han calculado bien por los responsables de la economía.

En primer lugar, con la devaluación del peso cubano para el sector empresarial (que encarece las importaciones y hace muy complicado encontrar producción nacional alternativa sin un impacto positivo sobre las exportaciones). Esto ha trastocado los procesos de formación de precios mayoristas de las empresas y lo seguirá causando durante el año, porque aún no se ha alcanzado un tipo de cambio estable (el que se cotiza en el mercado informal ofrece una idea de lo que puede ocurrir) y cabe esperar nuevas devaluaciones.

En segundo lugar, la eliminación de subsidios y gratuidades no solo deja desamparados a sectores vulnerables de la sociedad que necesitan esas ayudas para complementar salarios y pensiones de muy bajo poder adquisitivo, sino que los proveedores de algunos de los bienes y servicios financiados por medio de esos subsidios (empresas y organismos estatales) han aprovechado la Tarea Ordenamiento para incrementar los precios, generando inflación desde el estado, superando igualmente los límites establecidos.

En las gratuidades y subsidios, ya se han realizado ajustes en los precios del Sistema de Atención a la Familia, la gastronomía, los comedores obreros, las tarifas de correo, y se están revisando las tarifas del agua, así como la merienda escolar, entre otros productos y servicios. La revisión que realiza el régimen de sus propias empresas tiene como objetivo determinar si la aplicación de los índices fue correcta o no. En el caso de que estas empresas obtengan un elevado margen de utilidad, procede su revisión ya que el régimen no quiere que los precios se vean condicionados por la rentabilidad de sus propias empresas, al margen de los problemas organizativos, administrativos y de subempleo que tienen las mismas. Desvestir un santo para vestir otro. Por esta vía, la relación calidad-precio asociada a las gratuidades y subsidios del régimen, no se va a resolver, de modo que seguirá latente la presión alcista de los precios.

De modo que resulta evidente que los efectos de la devaluación no se han podido frenar con las políticas tradicionales de topar precios o centralizarlos, ya que una cosa es actuar en condiciones normales de funcionamiento, y otra excluir al mercado y su capacidad de actuación ante un escenario de cambios de precios relativos como es una devaluación.

Las autoridades han podido comprobar que cuantas más medidas antiinflacionarias ponían en marcha, como, la centralización de precios de producciones y servicios de alto impacto y el establecimiento de límites de crecimiento de los precios mayoristas descentralizados, las presiones de los costes unitarios de producción se han tenido que trasladar a los precios mayoristas, so pena de provocar la descapitalizacion de las empresas, y la entrada en grave insolvencia de las mismas.

Tras culpar injustamente a los trabajadores por cuenta propia de los aumentos de precios, y lanzar campañas de vigilancia e inspección acompañadas de elevadas sanciones y multas, al tiempo que trataban de poner a la población en contra de aquellos que les ofrecen los servicios comerciales, el régimen comunista cubano reconoce en Granma que “resulta inevitable que los precios crezcan”, en una especie de combate en el que aparece una toalla para detener la cantidad de golpes que uno de lo boxeadores está recibiendo del otro.

Lo único que aspira el régimen es “que los precios sean aplicados correctamente, al igual que los costos y los gastos asociados”. El todopoderoso régimen comunista con poderes plenos de intervención en la economía, que ha quitado a los cubanos los derechos de propiedad de los recursos de producción y que estigmatiza el mercado como instrumento para asignar los recursos, reconoce que no puede hacer nada contra la inflación general provocada por la Tarea Ordenamiento.

Ante un proceso en el que los comportamientos de los agentes económicos se interrelacionan y buscan soluciones de equilibrio mediante acciones prospectivas, el gobierno comunista se refugia en el viejo y reaccionario paradigma de los controles de precios y costes, que es ineficiente y no consigue, ni de lejos, resolver el problema. Y tira la toalla. Decir que “por su elevada sensibilidad social, la política de precios aplicada con vistas a la Tarea Ordenamiento es sometida a un proceso de revisión y análisis, en aras de conciliar que las empresas obtengan utilidades y ofrecer precios aceptables para el nivel de ingreso de la población” es no decir nada, y reconocer el fracaso de un modelo y una política económica.