El enfoque ideológico de la empresa estatal cubana: aviso a navegantes
Elías Amor Bravo economista
Se ha celebrado una reunión, al parecer la tercera según Cubadebate, de Díaz Canel con representantes del sistema empresarial estatal. Aunque no se le ve en el reportaje fotográfico, la nota dice que Díaz Canel recordó que “los problemas en el funcionamiento de la empresa estatal socialista se abordaron y debatieron ampliamente en el 8º congreso del Partido y forman parte del documento Ideas, conceptos y directrices emanados de esa magna cita”. Si nos tenemos que referir al congreso de marras, allí se fraguó uno de los errores más graves en materia de política económica: la Tarea Ordenamiento. Mal asunto si de ese congreso, salen ideas para desarrollar las empresas estatales.
Cubadebate dice que del nuevo encuentro se concluyó en la necesidad de “mantener un espacio sistemático de debate con el empresariado estatal socialista para continuar buscando consensos a partir de la actual complejidad económica mundial y nacional”.
Pero dicho esto, y teniendo en cuenta que a Díaz Canel no se le vio entre los asistentes, quien sí que tuvo ocasión de hablar, fue el ministro de Economía, Alejandro Gil que expuso cuatro temas principales que se analizan en esta entrada del blog. Al ministro hay que reconocerle siempre la claridad con la que habla. Esta vez lo hizo y nos ha dejado cuatro piezas magistrales.
En primer lugar, expuso el concepto de que el principal cuadro en una entidad estatal es su director o directora, por lo que “su proceder debe estar marcado por la ciencia, la ética y la política. El empresariado tiene que ser capaz de interpretar los problemas que plantea la realidad que vivimos”. Obvio. No es posible dirigir una entidad económica sin una visión estratégica que parta de un análisis de puntos fuertes y débiles, amenazas y oportunidades. A partir de ahí cabe definir un objetivo alcanzable y ponerse a trabajar. Esto es lo que cabe esperar de una dirección empresarial que responda a un consejo de administración. Pero el ministro sabe que, en Cuba, desde las nacionalizaciones que empezaron en 1959, esto es imposible, y que las empresas se someten a la dirección y control del gobierno, que mediante un plan (por cierto, que depende de su ministerio) hace y deshace sin que se cumpla un solo objetivo. Y ya van 60 años de fracasos,
De risa es que un ministro comunista diga que “la empresa debe concretarse también la democracia socialista, por lo que entre otras funciones tiene que establecer espacios para la rendición de cuentas de los directivos al colectivo laboral”. Cierto. Apaga y vámonos. Este tipo de enunciados explican por qué la economía cubana con su modelo arcaico y obsoleto, no puede funcionar: democracia socialista aplicada al control empresarial.
En segundo, el ministro señaló que “los trabajadores deben ser parte fundamental de los debates de la empresa, identificando y planteando los problemas que existen, proponiendo cómo resolverlos, trabajando en su solución y controlando lo que se hace”, y añadió al respecto con cierto optimismo, “esa dinámica nos llevará a un momento superior”. Veamos. La participación de los trabajadores en las empresas es algo aceptado a nivel mundial, basta con referir las normas de la OIT al respecto. Una participación plural, basada en el diálogo social y la concertación que permite a los gobiernos implementar medidas que surgen de la negociación colectiva. Esta es la esencia de la modernidad, pero de ahí a que los trabajadores anden controlando, hay un largo trecho.
La prueba está en que por mucha autonomía que los comunistas quieran dar a las empresas estatales, las siguen amarrando bien corto, porque saben que esa autonomía apunta directamente a la libertad e independencia del poder político. Lo que no cabe en la mentalidad y la ideología comunista. Es lo mismo que con respecto a la flexibilización salarial. Para el ministro se tiene que primar la “lógica, la racionalidad y los elementos políticos. Su aplicación correcta o incorrecta potencia la empresa o deforma la empresa”. Lo segundo es cierto, lo primero no. La flexibilidad salarial es cuestión de productividad y eficiencia, lo que es imposible lograr en las empresas de titularidad estatal.
El ministro dijo con respecto a la eficiencia, que lo primero que debe hacer un empresario es bajar los costos y señaló que este análisis no se está haciendo en todas las entidades, “y puso como ejemplo que la plantilla de indirectos sigue siendo alta”. Es obvio que los intereses políticos relativos a la colocación de cuadros del partido en puestos que no tienen valor añadido continúan siendo un problema por resolver, y parece que va en aumento. En todo caso, antes de pensar en los costes, hay muchos deberes que hacer. De hecho, si las empresas estatales, cuando se enfrentan a un problema de costes aumentan los precios o piden subsidios, es porque siempre han actuado así, y nadie les ha dicho lo contrario.
En tercer lugar, el ministro señalo con respecto al “desarrollo del concepto de responsabilidad social de una empresa en la sociedad socialista, que las entidades económicas deben ser parte del desarrollo local; deben estar abiertas al control popular; y deben participar en la eliminación de las desigualdades que aún persisten, ocupándose de las vulnerabilidades en los barrios donde se asienta”.
Los ámbitos de la responsabilidad social, como otros tantos de la vida empresarial, no pueden ser dirigidos desde un ministerio, sino que se basan en un análisis de la empresa sobre cómo puede conducir su actividad hacia los distintos “stakeholders”, con un planteamiento ético y responsable. No parece que el desarrollo local o el control popular entren en el ámbito de esos fines. Más bien, lo contrario. Las empresas responsables son éticas porque descubren que su actividad lo es. Y se proyectan hacia los públicos en busca de ese reconocimiento que, a largo plazo, es rentable. Todo lo demás es verborrea.
En cuarto lugar, el ministro se refirió al “enfoque ideológico que se tiene que desarrollar con un enfoque ideológico y económico, y en esto es fundamental que las empresarias y empresarios vuelvan una y otra vez a la economía política marxista”.
A estas alturas de la historia, con el muro de Berlín derrumbado hace tres décadas y las ideas comunistas y marxistas refugiadas en Corea del Norte y Cuba, sale el ministro de la Isla a defender el marxismo porque según él, “brinda el método, explica los retos de la construcción del socialismo. Es el fundamento político en el socialismo; y una empresa socialista no es solo para producir utilidades, ganancias; tiene un compromiso social”.
Es bueno que el ministro diga este tipo de cosas para que nadie se engañe. El inversor extranjero que va a implementar algún proyecto en Cuba debe saber que estas son las ideas imperantes en el equipo económico con el que va a tener que negociar. Dirigentes marxistas en estado puro, que rechazan los derechos de propiedad privada, el mercado, la libertad económica y la acumulación de riqueza como motores de la economía de mercado.
Aviso a navegantes confundidos. El ministro acabó diciendo que “siempre tenemos que volver al marxismo, porque el día que renunciemos a la teoría, entraremos al camino del socialismo a ciegas. La teoría marxista no da recetas; es el método para encontrar las soluciones”. Esto lo deberían decir en el foro ese de inversores internacionales que organizó Malmierca. Todo el mundo haría las maletas y se iría del país.
No pasa nada, aquí en este blog lo vamos a reseñar cuantas veces sea necesario. Invertir en Cuba es un peligro extremo. El sistema económico es marxista, se apoya en empresas estatales insolventes y mal gestionadas, donde las decisiones políticas arbitrarias mandan, a partir de un plan estatal que nunca se cumple. Ese modelo está arraigado en la economía cubana por más de 60 años. Quien invierta en ese país, ya sabe lo que se va a encontrar, al menos por ahora. Nada gratificante.
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