Plantas de tratamiento de granos: un ejemplo más de despilfarro

Elías Amor Bravo economista

Todavía nos acordamos de la inauguración del centro biotecnológico del Mariel de Biocubafarma, y ya tenemos otro ejemplo del despilfarro en un reportaje en Granma titulado “Granos sueltos en la cadena productiva del maíz”. En esta ocasión, el diario oficial comunista se refiere a la experiencia fallida, en el último año, de la que califican como “moderna y eficiente planta de secado, beneficio y empaque de granos de la provincia de Granma, perteneciente a la empresa Agroindustrial de Granos José Manuel Capote Sosa”. Al parecer esta planta no se ha podido explotar al 100%. Un despilfarro de recursos, que reproduce por enésima vez el cuento de la lechera.

Al parecer, la planta se puso en funcionamiento en plena pandemia, julio de 2020, con una inversión total de más de 5 millones de pesos, pero desde entonces no ha podido explotar, ni siquiera “a media máquina”, sus amplias capacidades de procesamiento, fundamentalmente con el maíz, en el que se centraron las mayores expectativas del territorio.

¿La razón? Muy sencilla. En pleno pico de la cosecha del grano (en los meses de septiembre y octubre) dice Granma “poco o casi nada se vio del ir y venir de camiones, carretas y tractores llegados desde el campo hasta esa industria”. Es decir, los dirigentes comunistas cubanos invierten recursos que no tienen en una planta con capacidad de proceso anual de 18.000 toneladas de granos , resulta que a dos meses de acabar este 2021 solo ha recibido para procesar, 820 toneladas de grano.

La secuencia del desastre se describe en el reportaje de Granma, y los números son evidentes: sin producción de granos, la inversión es un fracaso. Y este pésimo resultado productivo coincidió con un ejercicio en que se sembraron alrededor de 20.000 hectáreas de maíz, pero los resultados han sido los descritos: un descenso espectacular de las entregas de maíz a la industria que en absoluto se puede atribuir a los productores, representantes de cooperativas y directivos de la planta de granos, sino al modelo social comunista que existe en la economía cubana y que es el origen de todos estos fracasos.

Y ello, a pesar de que la planta fue concebida en su momento como algo fundamental para “allanar el proceso de contratación y comercialización del maíz, y a eliminar varios de los gastos después de la cosecha, como el de recibir el grano con niveles de humedad por encima del 20 %, entre otras ventajas”. De modo que se pregunta Granma ¿Qué ha sucedido entonces?

Hay interpretaciones para todos los gustos.

Están quienes dicen que los beneficios y la subida de los precios del maíz, que se paga ahora a 651 pesos el quintal, no son suficientes para lograr que los productores concurran allí. Y aluden a las condiciones técnicas y financieras de los procesos de producción, que requieren adquirir a tiempo los insumos, el combustible y el paquete tecnológico que demanda el cultivo (en este caso el maíz).

Algunos productores parece que este año no han podido cumplir esos procesos como viene ocurriendo tradicionalmente, de modo que los campesinos han vendido gran parte de sus cosechas a quien ellos consideren, desatendiendo los compromisos con la industria. Habrá que preguntarse por el motivo que de 6.600 toneladas de maíz contratadas por la industria con 154 cooperativas para este 2021, solo se han recibido poco más de 800 toneladas del grano, entregadas por unas 80 bases productivas. Y no sólo por quiénes no cumplen el contrato, si no, porque la industria no logra alcanzar sus objetivos. Los comunistas siempre tratan de enfocar el problema por la parte mas débil, en este caso los campesinos, a los que acusan de incumplir los contratos, pero en realidad habría que saber qué hace la industria para que no le quieran suministrar lo acordado. Nos llevaríamos sorpresas.

Los campesinos aluden a otros factores para explicar la situación, como por ejemplo la falta de combustible o la forma de trasladar la cosecha del campo a la planta. Y, desde la industria dicen que les ofrecieron dos alternativas: pagarles 30 pesos adicionales por quintal si traían el maíz hasta la industria, o ponerle el transporte y, además, pagarle 20 pesos. Y esta ha sido la vía que ha permitido cierta entrada de granos para la industria. Al final, detrás de todo este proceso afloran procesos burocráticos y las trabas asociadas al funcionamiento del modelo social comunista, con sus, como dice Granma, “mecanismos enrevesados y varios cabos sueltos”.

Los campesinos ven bien la planta, pero piden que se ajusten los precios de la ficha de costo actual, para evitar la contratación de una producción que causa pérdidas. En este punto, siempre surge el bloqueo como el origen de todos los males, en concreto, el combustible para transporte, que se ha encarecido, lo mismo que preparar la tierra con bueyes, “un servicio que ha ido subiendo también”. En suma, que no tiene sentido exigir compromisos desde la industria a los campesinos, si las ventas no dan utilidades. No es negocio.

También hay quejas de los precios de los insumos, y aquí los campesinos con absoluta razón demandan no solo los aumentos de precios, sino que se contengan los precios de los insumos, muchos de ellos dependientes del estado, como el agua o la electricidad o los fertilizantes y herbicidas.

Granma atribuye esta situación a la supuesta liberación de los precios de los productos agropecuarios, que ha llevado al maíz a tener que soportar una cierta competencia, al poderse vender en dos variantes: verde (su periodo es de unos 80 días) o seco (cuya cosecha demora cerca de 120 días), siendo el precio del primero muy tentador, alrededor de tres pesos la mazorca, por lo que una buena parte de la producción del grano se destinó a la venta a la población.

Y tras estas reflexiones, qué dicen los dirigentes comunistas. Pues ni más ni menos que se necesita “un adecuado control sobre las producciones agrícolas que influyen en este tipo de programas”. De hecho, como dice Granma, “junto a la inversión de la planta y como parte del proyecto Prodecor (el cual ha fomentado el desarrollo rural cooperativo en la región oriental con el montaje también de otras tres industrias en las provincias de Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba), en Granma fueron beneficiadas con tractores, implementos agrícolas, capacitación y computadoras 33 bases productivas destinadas a la siembra de granos”.

Equipos, valorados en cerca de un millón de dólares, junto a las 1.300 hectáreas que fueron favorecidas con sistemas de riego por Prodecor, que no están aportando todo lo que pudieran, ya que un 40 % de esas tierras se ha destinado a otros cultivos y no para lo que fueron diseñadas.

Al final, algo funciona mal en el modelo cuando hay productores beneficiados por el proyecto que obtienen rendimientos de hasta 4 y 5 toneladas de maíz por hectárea, y honran su compromiso con la industria, pero son la excepción y no la regla. Y mientras tanto, la planta de granos paralizada o funcionando a un 20% de su capacidad, con los costes que ello acarrea. Aquí está el quid de la cuestión, qué lleva al régimen a lanzar un proyecto como éste sin asegurar el cumplimiento de la producción, y sobre todo, por qué unos productores cumplen y otros no. Invertir por invertir, sin tener en cuenta los riesgos, costes y beneficios, es irresponsable. Los comunistas cubanos creen que esta situación requiere más organización, intervención y control sobre la producción, cuando es justo lo contrario lo que se necesita.