El régimen contra la actividad privada de remesas: una nueva batalla económica

Elías Amor Bravo, economista

La economía cubana necesita un nuevo modelo que la saque del desastre comunista de 67 años de aplicación de las doctrinas del marxismo leninismo. Una de esas, por llamarlas de algún modo, “doctrinas” tiene que ver con la creación de riqueza y su acumulación, una actividad prohibida en la constitución comunista de 2019. Esto ha supuesto que el régimen vigila, persigue y elimina cualquier actividad privada en la que se genere valor. 

Un buen ejemplo lo tenemos en una nota publicada recientemente en Granma y titulada “Desarticulan estructuras delictivas que manejan millones de dólares en el mercado ilegal de divisas”, en la que se informa de que existen más de 300 investigaciones que incluyen procesos penales ya iniciados con personas imputadas bajo el control de la Fiscalía. El motivo: hacer las cosas mejor que el estado comunista y ganar dinero. Pues bien, ahora que existen "conversaciones" con Estados Unidos, convertido en asunto de máxima actualidad, seria bueno que se prestase atención a las maldades de los comunistas hacia cualquier indicio de actividad económica privada rentable y próspera.

¿De qué estamos hablando? Todo el mundo recordará que el pasado mes de diciembre, después de años sin intervenir, el estado lanzó un sistema flotante para la relación del peso con las principales divisas en un intento de normalizar un servicio que existe en todos los países del mundo, excepto en Cuba. Precisamente, la ausencia de actuaciones por parte del estado disparó las operaciones en los mercados no formales de divisas, e incluso se acuñó un sistema cambiario no oficial que rige de forma eficiente las transacciones diarias en las principales monedas con el peso. De modo que, como era de esperar, el sistema flotante estatal al poco de su lanzamiento se quedó sin divisas, lo que era de esperar, y los actores económicos privados tuvieron que seguir recurriendo a los agentes que prestaban servicios cambiarios. Contra ellos se ha dirigido con especial contundencia la ira de las autoridades y las más de 300 investigaciones relacionadas con lo que el régimen denomina “el mercado ilegal de divisas”.

Calificado como “un fenómeno que es prioridad en el enfrentamiento al delito y que impacta en la estabilidad macroeconómica del país”, según testimonio del teniente coronel Yisnel Rivera Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint), en el programa televisivo Hacemos Cuba dijo “que estas estructuras delictivas mueven volúmenes no despreciables de dinero y operan con esquemas cada vez más complejos que involucran a cubanos radicados en el exterior como financistas”. Lógico, si las necesidades de los cubanos de divisas aumentan porque en la economía nacional no se produce apenas, es lógico que estas actividades vayan en aumento.

Perseguirlas y acosarlas lo único que puede provocar es que desaparezcan los cambistas privados y no existan divisas para muchas operaciones necesarias, lo que derrumbe más aún a la moneda nacional. Pero esto no parece preocupar a las autoridades, más interesadas en crear un escenario absurdo que justifique el dinero público que se destina a la investigación y persecución.

¿De qué se acusa a estos cambistas?

Pues básicamente de llevar a cabo un “mercado ilegal de divisas, donde los financistas extorsionan a los actores privados para financiar sus importaciones en dólares, pero aplican una tasa de conversión impuesta por ellos, con un componente adicional de manipulación y especulación, además de refrendar un nivel de ganancia que se mantiene precisamente entre el seis y el 12%”.

Nadie debe pensar en extorsión de ningún tipo. Lo que sucede es que el actor económico que precise divisas no tiene un sistema estatal solvente y garantista, y debe recurrir a ese “mercado ilegal” de divisas que viene funcionando en Cuba desde que se aplicó en 2021 la llamada tarea ordenamiento. Los precios y tasas que se establecen en dicho mercado se fijan por oferta y demanda, con absoluta libertad. Cualquier otra historia es chico pleito de las autoridades, que, sin embargo, han mostrado su preocupación por que, “las divisas no vienen al país; el dinero se queda en el exterior y se emplea en el financiamiento de importaciones”, lo cual es eficiente y además, evita los controles del régimen y su capacidad para hacerse con las divisas.

Por último, tampoco gusta a las autoridades que “existan personas aquí en Cuba que obedecen las órdenes de estos organizadores, encargadas de las recaudaciones de estos actores económicos, que lejos de depositarlas en el banco, tienen que conservarlas para entregarlas a estas personas, que terminan siendo los dineros que se utilizan en la distribución de remesas, generalmente en su equivalente en moneda nacional”. Es decir, las autoridades quieren intervenir, dirigir y controlar el proceso cambiario y que todos los agentes que participan en el mismo se sometan a sus dictados. Van listos.

Lo que tampoco gusta a las autoridades es el reconocimiento de que “se utilizan nuestras fronteras para la extracción ilícita de estas divisas, con el empleo de personas denominadas mulas, cuyo único objetivo es extraer del territorio nacional esas divisas acopiadas como resultado de esas actividades”. Insisto, el tipo de actividades que el sector privado tiene que realizar para dar servicio a las necesidades de los actores económicos. Incluso, se lamentan las autoridades, de “que se trata de dinero en efectivo que sale por los aeropuertos, aprovechando el umbral establecido por el Banco Central de Cuba de hasta 5 000 dólares por persona por viaje, que cuando se hace de forma repetida y con varias personas permite movilizar cantidades considerables”.

Y claro, como sucede siempre en el régimen comunista. En ausencia de soluciones al problema desde la vía del mercado y la actividad económica eficiente, lo que se han puesto a hacer es investigar y reprimir. ¿Cómo? Por medio del “desarrollo de un sistema que incluye múltiples vías de obtención de información operativa, la penetración de los entramados delictivos y su posterior desarticulación. Una vez que se obtiene la información operativa, hay que conocer cómo actúan, cuáles son los roles de los que intervienen, y por supuesto la desarticulación”.

La investigación ha dado resultados en cuanto a la definición de los distintos roles que intervienen en estas estructuras delictivas:

“-Financistas: personas en el exterior que pagan el costo de las importaciones de actores privados.   

-Remeseros: se encargan, cumpliendo indicaciones de los que están en el exterior, de acopiar los dineros y posteriormente distribuirlos en calidad de remesas por el territorio nacional.

-Traficantes de divisas en espacios físicos y virtuales: implicados en movimientos transfronterizos de efectivo. 

-Operadores de recargas internacionales simuladas: personas dedicadas al tráfico de recargas de teléfonos”.

Sinceramente, para llegar a esto no haría falta movilizar recursos de la policía política y a fiscalía. Insisto, desde la aprobación de la tarea ordenamiento, este sistema lleva funcionando de forma eficiente y continuada en la Isla.

Las autoridades han dado a conocer algunos de los patrimonios ocupados y confiscados.

El primer caso, 183 278 dólares, 15 560 euros, 1 500 900 pesos cubanos, dos autos, cinco cajas fuertes, tres máquinas de contar dinero, 12 tarjetas magnéticas bancarias, tres teléfonos celulares, una laptop y documentación relativa a cinco viviendas adicionales. Esto fue en el municipio capitalino Diez de Octubre, fuerzas conjuntas del Minint desarticularon una estructura dedicada al tráfico ilegal de divisas y a la entrega de remesas que operaba en dos viviendas. A partir de información obtenida, se efectuaron registros y la detención del encartado principal.

Por otra parte, en el segundo operativo, 17 210 dólares, 13 475 euros, 2 199 650 pesos cubanos, dos motos eléctricas, dos laptops, un equipo de video protección, tres celulares, una máquina de contar dinero y siete tarjetas magnéticas con diferentes saldos. Aquí también se procedió a la detención de dos encartados principales y la realización de registros en sus domicilios: dos viviendas en el municipio de Plaza de la Revolución y una en el municipio del Cerro.

De toda la “ocupación” y “confiscación” de estos dos casos, nada parece material delictivo sino básico de las operaciones que se venían desarrollando por estos cambistas que, presionados por la seguridad del estado, acabaron reconociendo una supuesta participación en el tráfico ilegal de divisas, e incluso, se imputó una persona usuaria de los servicios que durante el operativo había acudido a este lugar para hacer depósito. Basta con pensar en cómo se sentirá esa persona y cuales serían sus necesidades de divisas para caer preso en el operativo. Luego se supo que era un actor económico privado que llegó a depositar sus recaudaciones del día para convertirlas mediante la tasa de cambio informal en divisas para su operatividad. Nada extraño viene siendo lo habitual si se quiere tener dinero con valor real en la economía.

Finalmente, hubo un tercer caso de un ciudadano que mantenía movimientos en sus cuentas bancarias con créditos que superaban los 30 millones de pesos cubanos y débitos por más de 35 millones, y se concluyó que formaba parte de un entramado delictivo dedicado al tráfico ilegal de divisas, operando desde su vivienda en el Vedado y con otra persona que operaba en un poblado en el municipio de Mariel. Ambos reconocieron que desarrollaban fundamentalmente el cambio de dólares en efectivo, el tráfico con monedas bancarizadas (MLC) y CUP, además de operaciones con criptomonedas, un elemento distintivo en este caso.

Los registros simultáneos en los domicilios del Vedado y el Mariel han confiscado: 134 550 pesos cubanos, 815 dólares, dos máquinas de contar dinero, una laptop, un disco duro, unidad central de videovigilancia, dos celulares, una moto eléctrica, ocho tarjetas bancarias (Metropolitano, Bandec y BPA), una tarjeta clásica y otras tarjetas extranjeras. Todo muy delictivo y criminal, sin duda alguna.

Y claro, como no hay dos sin tres, la fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, de la Fiscalía de La Habana, Yudenia San Miguel Ramírez, puso la guinda a la tarta al señalar que, además, de la investigación patrimonial paralela “han ido al estudio de las operaciones financieras realizadas por estas personas, la acumulación de los diferentes patrimonios”. La eterna obsesión con la riqueza y su acumulación, verdadero lastre de la economía cubana y que hace que las autoridades vean con malos ojos que los cambistas “en el desarrollo de las actividades van adquiriendo negocios privados, van realizando negociaciones, importaciones”. 

Para la fiscalía comunista, los cubanos, desde los agricultores a los trabajadores por cuenta propia, desde los emprendedores a estos cambistas, el progreso y la mejora no deben existir y cualquier acumulación de valor o riqueza debe ser extirpado de raíz, sin importar las consecuencias que ello tiene en la sociedad. Es como cuando expropian a un carretillero de La Habana su carro con toda la mercancía, la policía que incauta resuelve ese día, pero los ancianos que esperaban su alimento, ese día se quedan sin almuerzo o comida.

A resultas de las calificaciones, nuestros amigos cambistas, según la fiscal pueden haber incurrido en delitos de tráfico ilegal de divisas, evasión fiscal y lavado de activos. Casi nada. A ver si tienen a alguien que los defienda. De momento, han dejado de prestar sus servicios y sus clientes tendrán que dirigirse a otros cambistas. La economía privada es así, cuando se abren las puertas solo se puede eliminar arrasando los derechos de propiedad e inventando delitos que no son tales, sino simplemente reflejo de una legislación trasnochada que pide a gritos su recambio.