Prosiguen las amenazas a los comerciantes: lo peor no llegó aún

Elías Amor Bravo, economista

La prensa oficial castrista prosigue su campaña de difamaciones, acoso y derribo de humildes emprendedores dedicados al comercio, que solo quieren trabajar y dar servicio a la población. Dislocando la realidad y creando una falsa sensación hacia estos vendedores privados, calificándolos de “caterva de aprovechados” y acusándolos de incrementar los precios agropecuarios y de artículos diversos de forma “desproporcionada”, se intenta fomentar en la población un clima de rechazo al tiempo que se defiende la actuación represora del gobierno. Menos mal que la gente no se deja engañar.

Lo primero que tendrían que preguntarse los escribanos corifeos del régimen castrista que atacan día si y al otro también a los comerciantes que solo quieren sobrevivir, es ¿por qué estos vendedores colocan sus productos entre la gente aún a precios más altos? o por ejemplo, ¿qué lleva a los consumidores a pagar esos precios astronómicos que se denuncian en el artículo de Granma titulado “La contención del muro popular”?

La gente que compra alimentos y otros productos a estos vendedores “aprovechados” lo hace, aun a sabiendas de que los precios son caros. No hay que pensar mucho en la respuesta. Lo hacen porque es donde están seguros de que pueden encontrar lo que necesitan para hacer una comida en condiciones al día, o ese producto que desapareció hace tiempo de las tiendas estatales. Ese es el motivo y no otro. El régimen puede decir lo que quiera, pero si estos vendedores de precios altos subsisten es porque el sistema comercial, en su conjunto, facilita su actividad que, por otra parte, es utilizada de forma sistemática por muchos compradores.

Moraleja. Si las autoridades se lanzan a desarrollar acciones para poner fin a lo que denominan “los desmanes que laceran, sobre todo, a los compatriotas de más bajos ingresos”, lo que viene a continuación es lo que conocen los cubanos, porque lo llevan sufriendo 62 años: ausencia de productos y volver a pasar privaciones y escasez. No hay otra. Entonces, la situación es peor.

Si los corifeos que escriben en Granma quieren acabar con eso que califican de “abusos”, la solución no es más palo, represión y confiscación de la mercancía, sino todo lo contrario. Incrementar la oferta que se suministra a la población hará bajar los precios de forma automática. Liberalizar la práctica del comercio y la actividad mayorista y minorista en este sector, autorizando las franquicias privadas, puede servir para incrementar la profesionalidad y calidad del servicio. Poner fin a los precios regulados, controlados, intervenidos, centralizados de un ministerio que no tiene justificación alguna, es otra medida necesaria para conseguir que el mercado funcione con eficiencia. 

No existe alternativa a este modelo que, por otra parte, no tiene que ver con el socialismo o el capitalismo, sino con la calidad de vida de la gente y su prosperidad. Es casi seguro que los "mil abusadores" perseguidos y acosados por la seguridad del estado comunista lo que quieren es precisamente eso: libertad de establecimiento, operación y actividad. Depender solo del consumidor al que quieren dar servicio y escuchar sus mensajes. Sin las consabidas injerencias del gobierno. Así de fácil.

Los numerosos incidentes que refiere Granma en el artículo titulado “La contención del muro popular” dan buena cuenta de ello. Cuanto mayor sea la represión, el decomiso y la proscripción de la actividad comercial de los vendedores, aquellos que queden tendrán más incentivos para alterar los precios de forma severa. El ajuste oferta y demanda, de forma espontánea, en definitiva, la libertad económica, es el mejor esterilizador de estas situaciones de desequilibrio, que las autoridades comunistas acaban empeorando con sus políticas represivas que, por otra parte, entrañan un coste, porque hay que pagar a los inspectores, policías, vigilantes etc.

Dice el artículo, que allí donde se ha desatado la represión de la policía revolucionaria, “los vendedores abusadores arrugan el ceño y hasta blasfeman” al tiempo que “las personas que salen a abastecerse, aprecian y aplauden esa acción, porque han tenido oportunidad de acceder, sin excesivas erogaciones, a viandas, frutas, hortalizas, jamón, y carne de oveja y de cerdo”. El conflicto está servido, porque ese acceso a la mercancía, no suele durar mucho tiempo y cuando se acaban los géneros, vuelve la penuria y la escasez.

Granma señala la importancia de la colaboración de los buenos vendedores en la lucha contra los “alteradores de precios” y destaca que la “denuncia” es el único medio de resolver estos problemas. Denunciar lo que denominan “procederes inescrupulosos que afectan a la comunidad”, calificándola de actitud cívica. Ya es conocido lo que significa la delación en Cuba porque varias generaciones de cubanos han tenido que convivir con este falso civismo que acaba siendo un penoso “quítate tu pa ponerme yo” de lamentables consecuencias, ya que puede suponer prisión o exilio para los delatados.

De modo que fomentar este tipo de prácticas represivas no ayuda a que haya más oferta a precios bajos. Los consumidores quieren tener la seguridad de ir al mercado y comprar aquello que necesitan, sin más. No están para andar vigilando y delatando a nadie. Quien se pasa 12 o 14 horas al día al frente de su pequeño operativo de venta, es porque le compensa. Nadie le obliga a ello. La alternativa es ir a pescar, pero no todo el mundo prefiere esa alternativa, y en un país debe existir espacio para todos.

Nadie está defendiendo operaciones de especulación y acaparamiento, o prácticas contrarias a la salud pública o fraudulentas, basadas en ventas ilícitas. El comercio es una actividad de personas honradas y serviciales que quieren atender a sus conciudadanos y a cambio de ello, obtener una rentabilidad. Si esto no se entiende, lo peor está por venir. Básicamente porque la Tarea ordenamiento abre un espacio incierto al incremento de precios que las autoridades no van a poder controlar con sus sistemas de intervención. Y por eso, antes de calificar como violaciones o alteraciones determinadas decisiones que van a ser inevitables, es conveniente echar el freno desde los organismos de las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social que se encargan de estos asuntos para que los males no vayan a mayores.

Granma concluye señalando que “es preciso desterrar los egoísmos y la búsqueda exclusiva del beneficio personal que mueve a algunos a pescar en el río revuelto de las necesidades de la mayoría, subiendo abusivamente los precios”, y esta frase resume la filosofía que existe detrás de la acción del gobierno comunista, pero se cae por su propio peso. Se insiste de nuevo en que no hay nada de egoísta en aquel que se dedica 12 o 14 horas a dar servicio a sus conciudadanos. El comercio debe ir acompañado de rentabilidad, porque en caso contrario, no existirá interés en nadie por dedicarse al mismo. 

Por último, si las necesidades de los cubanos se parecen a un “río revuelto” alguien de alta responsabilidad en la dirección de la economía, debería dar una respuesta por ello. Lo habitual es que las necesidades de la mayoría sean atendidas de forma habitual, sin escasez, sin ausencia de productos, sin tensiones y mucho menos, largas colas o esperas. Este es el origen de problema: la oferta, que también tiene que recibir su recompensa para que dedique su esfuerzo y trabajo a producir. Mientras esto no se reconozca, la economía cubana seguirá en su círculo vicioso.