Represión a los vendedores: un camino a la crisis alimentaria
Elias Amor Bravo, economista
Arrecia la campaña de acusaciones contra los vendedores
por presuntas elevaciones de precios. En un país en que no se respeta el
principio de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, las autoridades
día si día no, a través de la propaganda oficial van ofreciendo datos de las
inspecciones de control de precios que están realizando en el comercio minorista,
estatal y no estatal. La reacción del régimen comunista a las necesidades de alimentación
de los cubanos no puede ser más absurda y contraria a razón. Y como consecuencia, la población observa
con preocupación como cada día hay menos mercancías para la venta en los
mercados. La situación no mejora, al contrario. Va a ser peor.
El régimen ha decidido convertir en culpables de los
aumentos de precios, provocados por la
aplicación de medidas de la Tarea ordenamiento, a los vendedores, sin otorgarles el derecho a la presunción
de inocencia. Un artículo en Granma “violadores de precios: o van a lo justo o
van al fracaso” supone un aumento de la tensión, con frases ciertamente difíciles
de aceptar, en un enfoque de moderación social como, “precios altos, la moda;
lo pregonan con voz de santo y lo ejecutan con manos de Satanás.”
Querer desvirtuar de este modo el pregón del vendedor
cubano, que debería ser incorporado al patrimonio inmaterial de la UNESCO,
porque es único y se ha mantenido en la Isla a pesar de los avatares comunistas,
no es otra cosa que distorsionar con la propaganda oficial, la práctica
comercial en el país. Y lo hacen asociando estos mensajes a presuntos especuladores
que elevan los precios y que prefieren reservar la mercancía antes de rebajar
los mismos. O los distorsionan cuando les avisan de la proximidad de los inspectores,
los empleados de la pomposa Dirección Integral de Supervisión encargados de conseguir
que se respeten los precios. Un desastre como país. Que se tengan que utilizar inspectores
para que los precios no suban ofrece una idea del pésimo funcionamiento de la economía
cubana en todos sus renglones.
En varias ocasiones se ha planteado esta cuestión. Un
carretillero no tiene el menor interés de vender sus productos a alto precio,
porque entonces, volverá a hacer el camino de vuelta con toda la mercancía. Eso
no le reporta beneficios. Su objetivo es dar salida a todo el producto y
regresar de vacío para volver a llenar al día siguiente. Pero la clave está en
que debe ganar. Si el inspector le obliga a vender a un precio inferior, topado por un gobierno que desconoce cómo funciona la realidad, al que
ha comprado al productor, el carretillero pierde y nadie le va a compensar por
ello.
Los comunistas quieren que el carretillero se esfuerce
12 horas al día, dando servicio a la población, por unos pocos centavos, y por
ello, topan los precios. Y después lanzan la horda de inspectores (que por cierto
tienen un coste porque hay que pagarles salarios) para el control y penalización.
Por otra parte, el carretillero quiere cumplir con su trabajo, atender a sus
clientes, dar servicio y ganar dinero, cuánto más mejor. Esto es lo que no
entienden los comunistas. Mal asunto. Porque este es el camino correcto.
Pero si el carretillero puede ofrecer su mercancía a
buenos precios es porque antes, en el surco, se ha cosechado a bajos costes.
Todo empieza ahí, en la tierra, donde el productor debe ser capaz de conseguir
economías de escala y producir a los costes más bajos. Y este objetivo técnico
empresarial no se puede lograr porque los comunistas locales le impiden
aumentar la superficie de la tierra en cultivo o le impiden el acceso a los
insumos y aperos obligando a pagarlos en dólares en las tiendas de Gelma. Si en
el surco los precios no bajan, mal asunto para el carretillero. El problema es
global y presenta un ejemplo más de por qué el modelo económico social
comunista está acabado y debe ser reemplazado cuando antes.
Nadie duda que un inspector puede lograr por medio de
su acción represiva, que un carretillero venda su mercancía a precios muy
bajos, que le impidan ganar dinero. Si eso ocurre, al día siguiente el carretillero
se quedará en casa, porque no podrá reaprovisionar su carretilla con mercancía.
Aplíquese la misma historia al vendedor minorista o
al estatal de las bodegas, que casi siempre están vacías. Consecuencia, las familias en los días siguientes
no tendrán productos para comprar y la escasez hará estragos, salvo que se
tengan dólares y se pueda comprar en las tiendas en MLC. Una imagen bastante
real de la situación actual en Cuba, donde cualquier parecido con la igualdad y
la justicia es cuento, puro cuento.
Mientras que la economía avanza hacia una crisis
alimentaria, el régimen se vanagloria de las estadísticas de control, de las
contravenciones aplicadas, y como consecuencia, del retiro de licencias a trabajadores
por cuenta propia, la obligación a los carretilleros de vender su mercancía de
manera forzosa y a precios establecidos, los numerosos decomisos, así como
numerosos administrativos separados de sus cargos por tener responsabilidad en
los mencionados hechos.
Todas estas medidas del régimen no hacen otra cosa
que arrastrar consecuencias negativas para la actividad comercial y productiva,
de modo que al final de todo el proceso, quienes salen perdiendo son los
consumidores, que no encuentran ni un ñame o una malanga para hacer una comida.
Las fotografías procedentes de Cuba en estos días muestran mercados vacíos o
cerrados en los que no hay mercancías. La Tarea ordenamiento está siendo devastadora
porque las autoridades, aunque fueron advertidas, no han adoptado las medidas necesarias
previas, para salvar esta situación que, se insiste, puede llegar a ser mucho
peor.
La lucha contra los presuntos infractores de
violaciones de precios o de engaños a los consumidores, se extiende a otras
ramas de la economía, como la gastronomía, y a otros servicios y productos de
consumo habitual, con denuncias de presuntos ocultamientos de mercancías, actos
de favoritismos y empleo de instrumentos de medición no aptos para la venta entre
otras.
El artículo de Granma citado, defensor de la
propaganda oficial como no podría ser de otro modo, todavía se pregunta por qué
los vendedores acusados de presuntos fraudes, tratan de aplicar medidas para luchar
contra las actuaciones represivas del régimen, como por ejemplo, cerrar por el
día y vender por la noche. La pregunta que hay que plantear es otra, ¿en qué
país del mundo un comerciante se ve obligado a realizar este tipo de prácticas
para poder desarrollar sus funciones? Parece que Cuba se apunta el mérito de
ser el único. ¿Por qué los comerciantes cubanos se ven obligados a actuar de
este modo para poder desarrollar sus actividades? Los comunistas son incapaces de entender qué
significa la libertad.
Vergüenza debería dar a un régimen sostener este tipo
de situaciones. Ya tiene la nueva administración de Biden una pista de por
dónde empezar las negociaciones, si quiere tener éxito. Ayudar a sencillos vendedores
que luchan por salir adelante en sus tareas y un gobierno que observa que, a
mayor represión de las presuntas violaciones cometidas, también mayores son los
esfuerzos realizados por los comerciantes para seguir dando servicios a sus
clientes. La pregunta es ¿a dónde va a parar esto?
La posición oficial, ante la reacción de la libertad
a no bajar la guardia, es pedir la máxima colaboración de la población,
recurriendo a lo mismo de siempre, las delaciones. Ojalá que este mensaje no
cuaje en la sociedad cubana. Durante 62 años se sabe qué tipo de consecuencias
tiene delatar a los conciudadanos. Al régimen comunista la preocupa que haya
gente que ofrezca protección a los presuntos infractores. Es fácil de entender,
si no lo hacen no almuerzan, no comen o difícilmente conseguirán algo para sus
familiares.
El problema no está en las necesidades sociales. El problema
está en la oferta, que no es libre porque el régimen comunista no quiere que la
economía funcione con libertad y progrese. No es extraño que, ante una
represión policial a un carretillero, la gente proteste de forma espontánea,
más aún cuando observan que los inspectores confiscan la producción y se la
llevan a algún lugar desconocido. Este día a día de la realidad económica en Cuba
es insostenible y puede estar alimentando un estallido social de proporciones
desconocidas. Detrás de ello está la inflación, que es el principal enemigo de
cualquier economía, incluso de aquellas que tienen un “ministerio” para los
precios. Increíble.
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