Las medidas de Díaz Canel: Competencias municipales, transformaciones energéticas, sociales, laborales y subsidios (V)

Elías Amor Bravo, economista

Las medidas incluidas en el Eje 5 proponen cambios con respecto a las competencias municipales, que van a incluir a partir de ahora, según la medida número 42:  planificación estratégica, ordenamiento territorial y urbano, soberanía y seguridad alimentarias y nutricional, servicios comunales y fomento del desarrollo económico local.

Con estas nuevas competencias transferidas, el régimen pretende conseguir que los municipios, medida número 43, “diversifiquen y fortalezcan su tejido productivo, que considera la participación de los diferentes actores económicos, cubanos residentes en el país y en el exterior, e incluye sistemas productivos locales”. ¿Lo conseguirán? No lo parece. Se trata de propuestas inoportunas y poco reflexivas, que inducen a la confusión, a la vez que ponen en grave peligro a los gobiernos locales y su capacidad para atender las necesidades de los ciudadanos. La idea de consolidar el sistema económico local con la participación de los diferentes actores puede acabar saliendo peor de lo esperado. Pensar que se puede crecer "desde abajo" como dice Díaz Canel no tiene pies ni cabeza.

De hecho, una de las propuestas más alocadas para los municipios se contiene en la medida número 44 donde se promueve su “capacidad de exportar e importar, así como generar y retener divisas para gastos corrientes y de capital”. Una medida que se ve aumentada con la 45, “estimular y gestionar inversión extranjera directa” y con el cierre de las 46 y 47, gestión administrativa y de recursos humanos municipales y gestión presupuestaria, financiera y tributaria local, gestión ambiental y enfrentamiento al cambio climático; atención social y prestación de servicios sociales; la gobernanza, el control popular y la participación ciudadana, y la gestión de proyectos del conocimiento y la capacitación.

Se pretende igualmente, crear fondos en los municipios a partir del aporte de las utilidades del sistema empresarial, ya sea estatal, privado o cooperativo, y de la participación accionaria; asumiendo que un municipio, aparte de tener empresas municipales, va a poder comprar acciones a empresas estatales y tener una participación.  Y todos esos dividendos formarían parte de este fondo de desarrollo donde cada uno de los que participan en él puede presentar proyectos para el desarrollo y fomento de las actividades del territorio. Por la misma razón, se insiste en diversificar los mecanismos y vías para la captación de ingresos en los municipios en aras del fortalecimiento de su gestión y desarrollo.

Y como conclusión de este cuento chino, se asume que estas transformaciones facultan a los municipios para aprobar inversiones, al igual que las empresas, en correspondencia con su estrategia de desarrollo, que incluye gestionar proyectos de cubanos residentes en el país y en el exterior, y definir modalidades de crédito que respalden su planificación estratégica. Esa obsesión con igualar los municipios a las empresas no solo carece de respaldo técnico, sino que viene a plantear un ejemplo más de cuán alejado de la realidad se encuentra el modelo económico cubano.

De aplicarse esta panoplia de medidas a los municipios, la idea que cabe concluir es que aquellos que tengan más recursos endógenos para desarrollar estas funciones, en particular, el comercio exterior o las inversiones, experimentarán un crecimiento muy superior a aquellos municipios con menos recursos o menor nivel de preparación para atender estos retos.

Consecuencia: surgirán graves desigualdades en el territorio, cuyo origen puede venir motivado por la adopción de estas medidas, completamente alejadas de la racionalidad económica, y que solo pueden venir relacionadas con el intento por parte del estado de apropiarse de los superávits logrados por los gobiernos locales, que gestionan sus recursos de forma mucho más eficiente que el estado central.

El régimen parece querer adelantarse a ese escenario y lo justifican: del mismo modo, se reconoce la capacidad asociativa entre municipios para la solución de problemas comunes.  Se acepta que hay grandes municipios con muchos recursos y pequeños municipios que tienen poca actividad productiva y se pueden asociar. Incluso, puede que dos municipios decidan determinados servicios y producciones que estén localizadas en un territorio y sus producciones estén destinadas a ambos municipios.  Existen ejemplos de ello, lo que se pretende es reconocer y generalizar dondequiera que sea útil para ambos municipios.

Dentro de las medidas municipales, se anuncia la eliminación de las delegaciones de la agricultura a nivel municipal y provincial y se crea una estructura nueva en los territorios, unas oficinas que se van a encargar de la conducción de la política estatal sobre el uso de la tierra y el control estatal del ganado; y a la subordinación municipal corresponde la conducción de la política, el fomento y el control de la producción de alimentos. La tierra sigue siendo propiedad del estado.

Otras medidas relacionadas con los municipios son el establecimiento del pago de la recogida de desechos sólidos urbanos, la propuesta de cobrar y aplicar tarifas diferenciadas, sin subsidios, para que todos los actores de la economía, estatales y no estatales, paguen los servicios de recogida de desechos sólidos. Pero ¿es que actualmente no se cobra por estos servicios?

Asimismo, se propone transformar los requisitos y la gestión de los proyectos de desarrollo local incentivando mayormente que los proyectos económicos y productivos transiten hacia otras formas de gestión estatales y no estatales. El énfasis en los proyectos de desarrollo local guarda relación con la captación de divisas, sobre todo de fundaciones y ONGs internacionales.

El Eje 6 aborda la cuestión relativa a las transformaciones energéticas, básicamente la apuesta por las renovables y el transporte eléctrico, lo que en modo alguno resuelve el problema urgente de los apagones.

La medida número 48, va dirigida a “permitir la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista”, una más de las vías que el régimen abre para que entre el capital extranjero y privado en la hasta ahora cerrada economía cubana. La cuestión es que no parece que exista interés por participar en un sector que se encuentra inmerso en una grave crisis estructural.

En la misma línea, la medida 49 “Ampliar y reestructurar la gestión de la red de servicentros, incluidos los servicentros móviles, establece que los servicentros gestionados por los diferentes actores económicos incorporen sistemas fotovoltaicos con acumulación para que los mismos se independicen del Sistema Eléctrico Nacional, así como estimular la instalación de solineras para comercializar el servicio de carga de vehículos eléctricos”. 

De hecho, ya se están implementando fórmulas donde algunas mipymes están operando servicentros, otras están solicitando hacer servicentros, traer servicentros móviles. Se pretende que servicentros que hoy llevan años cerrados, que están en diferentes instituciones empresariales del Estado, sean recuperados para que puedan ser operados.

Por su parte, la medida 50 plantea “diseñar líneas de financiamiento, flexibilizar los requisitos y ampliar las garantías para el otorgamiento de créditos a las personas jurídicas y naturales, que incentiven la transición energética. Estimular la inversión desde el lado de la demanda”. Hay bastante de incoherencia en esta medida y por ello, cabría preguntarse si este tipo de inversiones, a corto plazo, pueden suponer garantías de devolución de préstamos, y sobre todo, de dónde puede proceder la financiación cuando el estado anuncia que reduce su dimensión presupuestaria.

Por eso, la medida 51 “permite a las empresas estatales el uso de plataformas extranjeras para ejecutar pagos para la compraventa de combustibles” es otro espacio de confusión si no se describe bien cuáles son esas plataformas extranjeras y qué servicios pueden ofrecer.

La medida 52 establece que se aplique “el impuesto hasta un 1 % a la importación de combustible físico o financiero, con destino a los inventarios operacionales” y la medida  número 53 “Reducir el impuesto, en un monto equivalente a la inversión realizada, a los actores económicos estatales y no estatales que realicen inversiones con fuentes renovables de energía, como parte de su responsabilidad social, en centros de servicios a la población, sociales o de cuidados, incluyendo el alumbrado público”.

Ante la compleja situación energética, se han implementado un grupo de acciones como parte del Objetivo General No.9 del Programa de Gobierno, a las que ahora proponemos añadir las siguientes transformaciones energéticas:

El Eje 8 se dedica a las cuestiones más sociales del programa. Se enumera su contenido.

58- Digitalizar y transparentar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma SOBERANIA para la actualización en tiempo real del registro de las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad, de manera que se sistematice las diferentes formas de atención, su trazabilidad y control gubernamental y público.

59- Establecer que todos los actores económicos (estatales y privados – nacionales y extranjeros) como parte de su responsabilidad social a nivel comunitario, en el orden financiero, de recursos materiales y servicios, participen directamente en las actividades siguientes:

*Apoyar el pago a pensionados mediante convenios con los bancos.

*Respaldar los comedores del Sistema de Atención a la Familia y Hogares de Alimentación Comunitaria.

*Apoyar hogares de niños sin amparo parental.

*Apoyar hogares de ancianos, maternos, casas de abuelos y otros centros sociales.

*Establecer precios diferenciados, descuentos, gratuidades o cupos solidarios para personas en situación de vulnerabilidad.

*Atender casos en situación de vulnerabilidad identificados por los gobiernos locales.

*Apoyar el transporte social y sanitario.

*Respaldar instituciones de la salud pública y centros educacionales.

*Contribuir a la higiene comunal y al saneamiento de zonas críticas.

*Destinar productos básicos a instituciones sociales.

*Crear módulos básicos mensuales para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

*Ofrecer empleo, capacitación o aprendizaje a personas en situación de vulnerabilidad.

*Crear fondos de emergencia locales con aportes privados.

*Habilitar locales privados como puntos de acopio y distribución en situaciones de emergencia.

*Apoyar servicios funerarios para familias sin recursos.

*Impulsar ferias y ventas populares en comunidades en situación de vulnerabilidad. 

60-Fortalecer el Trabajo Social con un enfoque proactivo y preventivo a partir de jerarquizar su labor en el municipio.

61-Dotar de activos de pequeña escala, para el desarrollo de actividades no estatales, a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional, como vía para incorporarse al empleo y superar esta condición.

62-Diseñar servicios educativos, de capacitación, de postgrado, culturales y otros seleccionados que constituyan fuentes de ingresos al sector social.

63-Diseñar tarifas diferenciadas para los servicios de círculos infantiles y de seminternado en correspondencia con los ingresos familiares. 

64-Diseñar beneficios fiscales a los talleres donde laboren personas en situación de discapacidad con el objetivo de incrementar los ingresos de los trabajadores.

El Eje 9 plantea transformar el subsidio de productos a personas, una medida que tiene, sin duda, cierta complejidad y que puede trastocar el funcionamiento de empresas y el modelo de consumo de determinados bienes. En el momento en que se eliminan los subsidios a productos transformándolos en subsidios a personas, surge dos cuestiones de forma inmediata.

Primero, definir a qué personas se debe dirigir el subsidio y cuáles requisitos deben cumplirse y certificarse para que ello sea así. Después se tiene que establecer el modelo de pago efectivo.

Segundo, qué va a ocurrir con los productos y servicios que dejan de ser subsidiados, con su precio real siendo ofrecido a los consumidores.

Lo que informa el programa de medidas es que esta modificación del subsidio se va a implementar siguiendo un orden: primero, los productos transversales a la economía (combustibles, electricidad, transporte de cargas y pasajeros y tarifa de agua) que impactan en la producción; los servicios para trasladar los costos reales a los precios mayoristas y minoristas; y Otros productos.

Bien, dicho lo anterior la reacción de los consumidores a un producto o servicio cuyo precio sea elevado o de mala calidad, porque ya no se encuentra subsidiado, será desplazarse a las ofertas más competitivas o de mejor calidad. ¿Que ocurrirá con esos productos que no van a ser demandados? ¿Se cerrarán las empresas o se verán sometidas a reestructuraciones? ¿Y los nuevos competidores lo harán con oferta nacional o importaciones? ¿Y qué ocurrirá cuando los productos o servicios que recuperen su precio real no tengan oferta alternativa en el mercado? De nada de esto se dice algo en el programa a pesar de su relevancia pero son cuestiones que plantean la dificultad de pasar de subsidios de producto a personas.

Inclusive, se habla de crear un Fondo de Protección Social, como condición previa a las transformaciones planteadas en este Eje, a partir de una parte del ahorro por la eliminación de los subsidios a productos. Aquí el régimen adopta una posición confiada en exceso, al pensar que el ahorro por la eliminación del subsidio a productos que tal vez no sea tal si los vulnerables son numerosos y exigen más subsidios personales para poder acceder a los bienes y servicios.

El Eje 10 atiende a las prioridades laborales y salariales.

Quizás lo más llamativo es la medida 67 “Implementar una reforma integral de salarios en el sector presupuestado” consistente en “fijar anualmente el salario mínimo y, en correspondencia, la cuantía de las prestaciones, y pensiones de la seguridad social, así como los incrementos salariales, a partir de la tendencia de la inflación”.

El gobierno entiende que el sector más desprotegido es el presupuestado, esta medida beneficia en primer lugar a un sector que abarca el 51% de todos los trabajadores del país, donde se concentran los sectores sociales, conquistas de la revolución. Es por ello que se ha decidido incrementar el salario mínimo, que hoy es de 2.100 pesos a 3.210 pesos y aunque se reconoce que es insuficiente, es un incremento de un 53% a partir de las posibilidades reales de atenderlo.  

Esto demanda 42.500 millones de pesos. Una nueva subida de salarios sin respaldo de productividad que dispara los costes unitarios de producción y golpea la rentabilidad de las empresas. El escenario ya vivido en la tarea ordenamiento, pero en menor escala. Las consecuencias de estas medidas son bien conocidas. Los salarios no se pueden mover al antojo de los gobernantes.

En su implementación se actualizan todos los grupos de escalas salariales; la decisión se implementará a partir del mes de julio, por lo que los trabajadores recibirán este beneficio con el cobro de su salario en el mes de agosto.

Aunque esta medida abarca a todo el sector presupuestado, impactará y beneficiará al sector empresarial, ya que, aunque se les han otorgado a las empresas las facultades para definir sus propias escalas y sistema salarial, a partir de ahora asumirán, como mínimo, el salario incrementado. En toda empresa quien tenga el salario mínimo actual, ve aumentar el salario en un 51%, y esto es para todo tipo de actores de la economía.  Nadie puede ganar en Cuba menos que el salario mínimo. 

La medida 69 con relación al Sistema de pensiones de la seguridad social “establece la eliminación del límite de la escala establecida para el pago de la contribución social del sector no estatal, que las personas que laboran en los sectores estatal y no estatal, de manera simultánea, puedan afiliarse y contribuir a los regímenes correspondientes de cada actividad y que, de los 30 años mínimos de servicio exigidos por el régimen contributivo, se considere, hasta un máximo de 10, si la persona los ha dedicado a cuidados familiares”. Se reconoce que las pensiones se mueven a unos niveles de subsistencia.

La medida 70 elimina la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo (que se autoriza) para los técnicos, profesionales de la salud, la investigación, maestros, profesores y funcionarios; en tanto que la medida 71 establece incentivos para retener la fuerza de trabajo calificada con énfasis en los jóvenes y la medida 72 establece un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo por ayuda para su devolución posterior, a jóvenes entre 18 y 30 años desvinculados del estudio y el empleo que se vinculen a un curso de preparación. El financiamiento correrá a cargo del presupuesto de la asistencia social o el sistema empresarial, según corresponda. Se reconocerá el periodo de formación como tiempo de servicio prestado. Todas estas medidas indican que el castrismo está teniendo problemas para organizar una población laboral adecuada a las necesidades de la economía.

Diversas medidas se inscriben en esa línea de mejora de las condiciones laborales en el "paraíso de los trabajadores". Así, por ejemplo, la medida 73 faculta a los empleadores, en acuerdo con la organización sindical, para la concertación de jornadas laborales reducidas y de los pagos correspondientes, para actividades profesionales, las que incorporan en el convenio colectivo de trabajo. No parece que a los cubanos les interese percibir salarios más bajos de los actuales, de modo que parece que se trata de una medida para atender las necesidades de la parte empresarial.

La medida 74 establece para el sector empresarial y presupuestado que trabajadores de la propia entidad puedan realizar actividades profesionales, mantenimientos constructivos y similares en un aprovechamiento extenso de las competencias laborales propias, sin recurrir a contrataciones externas (tal vez porque ya no hay).

La medida 75 permite el ejercicio del teletrabajo desde el exterior, por interés del empleador, por otra parte, la medida 76 incluye como causa justificada de suspensión del cumplimiento del servicio social, la superación en el extranjero por interés personal asociado al perfil profesional, con la conformidad del empleador.

La medida 77 faculta directamente a las entidades para determinar los trabajadores que cesan el vínculo laboral por motivos económicos, tecnológicos y estructurales, previa evaluación en el órgano colegiado de dirección, de común acuerdo con la organización sindical y análisis en la asamblea de afiliados y trabajadores: los trabajadores en esta condición reciben una protección monetaria equivalente a un mínimo de tres y máximo de seis veces el salario básico del cargo que ocupaban por una única vez. 

La medida 78 establece la protección equivalente a un mes de remuneración a los trabajadores contratados por los TCP, ante la suspensión temporal o cancelación de la actividad.