El seguro agropecuario en Cuba: una trampa de deuda para los productores

Elías Amor Bravo economista

Pero ¿Cómo se puede asegurar algo que no se tiene? Asombroso. Granma en un artículo titulado “Ir al seguro con la siembra y la cosecha” presenta una de las majaderías contenidas en las 63 medidas del ministro de agricultura para aumentar la producción agropecuaria en Cuba: asegurar las cosechas con el ánimo de protegerlas frente a siniestros que las puedan poner en peligro.

Y esto, obviamente, lleva al tema de ¿Cómo asegurar algo que no se tiene? En cualquier país del mundo, el seguro de una cosecha debe tener un respaldo material, que suele concretarse en la propiedad de la tierra, plasmada en un título jurídico reconocido para el que contrata el seguro y quien lo otorga. Es decir, el propietario de la tierra y productor agropecuario, temeroso de que un quebranto pueda destruir el esfuerzo de su trabajo, se dirige a una entidad aseguradora que, por medio de un módico precio, le otorga un seguro que viene a cubrir entre el 70% y 80% del valor estimado de la cosecha. En algunos países los gobiernos dan subsidios a los productores para que el coste de la prima sea aceptable.

La compañía aseguradora arriesga con esta decisión, y de ahí viene su negocio. Cobrando una prima, inferior al valor de la cosa asegurada, necesita tener alguna referencia que, en el caso de que tenga lugar el siniestro asegurado, le permita resarcirse de los daños. Para ello, el título de propiedad, perfectamente transable en el mercado, tiene fuerza suficiente para actuar como una garantía de la operación. Si no ocurre nada, el agricultor solo habrá pagado una pequeña prima que, lo más probable, es que la pueda deducir de los costes y también resarcirse de la misma. El seguro es una actividad que cobra una gran relevancia en el sector agropecuario de todos los países del mundo respaldado por el marco jurídico de derechos de propiedad. En Cuba, la máxima dirección del país no lo ve así. Si realmente se quiere apoyar el seguro agrario, otra política estructural es necesaria, pero, al parecer, nadie ha reparado en ello.

En tales condiciones, entender el seguro agrario como un medio para aumentar la producción agropecuaria es difícil de encajar. Y hacerlo desde el estado, interfiriendo en la actividad libre entre los agentes económicos, un grave error. La Resolución 173 de 2021 del Banco Central de Cuba (BCC), y de la creación y posterior ampliación del Fondo para el Fomento Agropecuario (FFA), contienen las disposiciones que regulan la actividad aseguradora, con una combinación de créditos y medidas financieras para estimular la cotización de las pólizas de seguro por los productores.

Granma reconoce que es pronto para realizar evaluaciones generales del impacto de estas normas, pero así y todo, se lanzan a apuntar una serie de ocurrencias que tienen que ser cuestionadas. Primera, no es cierto que las garantías introducidas en la Resolución 173 del BCC van “a eliminar trabas burocráticas para hacer parir la tierra”. No se arregla el problema de la productividad incorporando cultivos que en anteriores disposiciones no estaban incluidos, como el tomate, la papa y la producción porcina y de ovino-caprino, ni mucho menos introduciendo medidas para las tasas de interés y las primas de seguro de la financiación bancaria.

Medir el impacto de una medida por el aumento del número de productores acogidos a una determinada medida es baladí, ya que recurrir a este tipo de ayudas tiene poco que ver con la  productividad del trabajo y de la tierra, objetivo que pasa por otras decisiones y actuaciones que el régimen comunista no quiere aceptar. De hecho en Granma se reconoce que el alcance de la medida “sigue siendo insuficiente, porque no llegamos ni al 50% de los usufructuarios y tenedores de tierra que pueden acogerse a estos beneficios en el territorio”. Bajo porcentaje si se quiere aumentar la producción realmente, lo que exige ir al núcleo del problema. El marco jurídico de los derechos de propiedad de la tierra.

La principal dificultad de la norma castrista para asegurar las cosechas se encuentra en las raíces torcidas del modelo económico social que rige el país. Para que el productor se pueda asegurar, en la medida que no es propietario de la tierra que trabaja (suele ser cedida en arrendamiento por el estado, que es el único dueño de los medios de producción) lo único que puede hacer es pedir un crédito y endeudarse. Un crédito pedido a unos bancos que actúan como correas de trasmisión del poder político comunista y que están limitados en su capacidad financiera por un déficit público desorbitado que se apropia de todos los recursos financieros existentes en el país para ser colocados en los bonos soberanos con que financia el régimen comunista sus excesos.

Ese recurso al crédito para asegurar una cosecha acaba siendo una trampa, una ratonera peligrosa que lleva al productor a entrar en una espiral de endeudamiento que puede acabar siendo un círculo vicioso del que no podrá salir fácilmente. ¿Cómo pagará el crédito del seguro si pierde la cosecha? No es extraño que los productores cubanos que trabajan de sol a sol para sacar lo que pueden de la tierra, tengan miedo de estas prácticas bancarias para financiar un seguro. Y este temor no viene como consecuencia de que puedan existir cooperativas que no gestionen oportunamente los créditos, o porque estos trámites siguen siendo considerados como muy burocráticos o muy complejos e inciertos. El problema es que nadie quiere endeudarse sin saber qué puede ocurrir con su futuro.

No es un tema de información y divulgación. Ya lo dijimos en su momento, cuando se aprobaron las 63 medidas. Estas medidas han sido un bloque pétreo al que los productores agropecuarios han dado la espalda, porque no es lo que quieren ni lo que necesitan. El régimen va por un lado, y el surco va por otro, en cuanto a necesidades, y por ello, la producción agropecuaria se hunde y los cubanos no encuentran qué comer en las bodegas. Nadie se arriesga con un crédito para pagar un seguro que, en el caso de producirse el siniestro, incrementará la deuda doblemente. El mecanismo ideado por el régimen comunista es fatal.

Asegurar la tierra para no perder la cosecha es buena cosa, pero hacerlo con el recurso al endeudamiento es un disparo en la sien, y por ello, recomendamos a los productores agropecuarios no caer en esta telaraña que el régimen ha construido para someterlos. No es de recibo que se aprueben estas medidas. La propiedad de la tierra, reconocida mediante títulos jurídicos, debe ser más que suficiente para dar garantías al seguro. No hay otro camino.

Entonces surge la propuesta. Si la tierra es propiedad del estado, y éste es el único que tiene títulos jurídicos sobre la misma y por tanto los puede utilizar como garantías, ¿por qué el estado comunista no acuerda con el arrendatario de tierras financiar el seguro o dar garantías en caso de quebranto a la tierra? Parece justo que se produzca un reparto de las obligaciones en este caso, teniendo en cuenta que si la cosecha va bien, el estado recaudará impuestos al agricultor. Si hay pérdida, que respalde el dueño de la tierra, su propietario, el estado comunista. Se trata de medidas a explorar que, por supuesto, no tienen la misma fiabilidad jurídica que las basadas en la propiedad privada, pero que son mucho mejores que obligar al endeudamiento a los productores.

Se ha visto que el tema no se resuelve con bonificaciones del 3% en los créditos a los productores asegurados, o la devolución del 100% de la prima al productor o banco comercial cuando, por causas ajenas a su voluntad, no se ejecute el plan de siembra, o en el caso de que se empleen medios biológicos. Este tipo de parches alejan más todavía a los productores por los temores e incertidumbre que van asociados a este tipo de supuestos.

Y si han fracasado los seguros, la otra gran medida financiera de las 63 del ministro, la creación del Banco de Fomento Agropecuario, con un presupuesto que el estado destinó, para ese calendario, de 1.800 millones de pesos, al parecer ha pasado sin pena ni gloria.

Mientras tanto, el Banco ha ido trabajando seleccionando producciones específicas incorporando a los productores de avanzada, así como a empresas, UEB y a las diferentes formas productivas, y el balance de 2021 ha sido de, nada más y nada menos, que “230 créditos para producciones como el arroz, la guayaba, el plátano y la ganadería”.

Granma dice que “los beneficios del Fondo para el Fomento Agropecuario ya van mostrando su impacto positivo” e insisten en que se tienen que divulgar y “fortalecer las estrategias de comunicación a partir de este 2022, teniendo en cuenta que habrá un presupuesto del Estado que no se puede dejar inutilizado”, que es lo más probable que ocurra. Cuando este tipo de medidas no funcionan boca a oído, algo debe ir mal. Los fracasos de las medidas comunistas se suelen distorsionar por la propaganda oficial, pero el mejor indicador es la realidad de los puestos de venta, que siguen vacíos y los cubanos pasando dificultades.

Los dirigentes parecen haber descubierto que no se trate de una cuestión de trámites, ya que se han diseñado sencillos, con tan solo tres documentos: la solicitud de crédito (que lo entrega el propio banco), una carta aval del director de la empresa a la que pertenece el productor, y la póliza de seguro, una vez que se cumplen los requisitos. Las autoridades han diseñado un trámite sencillo “porque las sucursales radicadas en los municipios tienen facultades para otorgar estos créditos”. El desconocimiento de los productores, declarado por los responsables del banco, debería ser objeto de reflexión, porque diseñar medidas desde la cúpula jerárquica del régimen para que sean implementadas por los de abajo, tiene riesgos. El más importante es precisamente este: lanzar propuestas que a nadie interesan. Los productores agropecuarios cubanos están en otra cosa, y no parece que el régimen acierte en la respuesta a sus demandas. Tal vez deberían imitar a Vietnam. Lo tienen fácil.