No se consigue la soberania alimentaria con "decretos leyes"

Elías Amor Bravo economista

No hay forma de llamar con algún nombre que no provoque la risa, al “proyecto de ley de Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional” que Granma anuncia a bombo y platillo en la portada de la edición digital de hoy.

En el país donde la libreta de racionamiento sigue en vigor 60 años después, de las colas para comprar un cuarto de pollo que no se sabe si llegará a todos los apostados para su compra, en el país en que una parte de la población con acceso a remesas del exterior o divisas tiene el privilegio de comprar lo que quiera en las tiendas en MLC creadas por el régimen, donde cobrar salarios o pensiones en la moneda nacional, el peso, lo convierte a uno en pobre y vulnerable, las autoridades se ponen de perfil y plantean este proyecto de ley que no viene a cuento.

Sabido es que este régimen mantiene una acción propagandista permanente y obsesiva sobre los ciudadanos, que raya en la vergüenza, y a la que los cubanos se han acostumbrado, por necesidad, si bien ya no se creen los cuentos de sus dirigentes comunistas que nunca se hacen realidad. La soberanía alimentaria en Cuba, por desgracia, se encuentra a niveles comparativos de Haití, según los informes elaborados por Naciones Unidas en esta materia antes que comenzara la pandemia del COVID-19, y no conviene olvidar que para el régimen comunista cubano Haití es uno de los países más pobres del mundo. Nada que añadir.

Y como en la Asamblea Nacional no habrá un solo diputado que levante la voz y critique al régimen comunista por burlarse de los cubanos con este proyecto de ley, resulta necesario exponer algunos puntos que son de importancia a efectos de situar esta norma en su justo sitio.

Lo más importante es tener claro que la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de un país no se consigue publicando aburridas normas legales, sino trabajando y haciendo que el esfuerzo de los actores económicos, privados y públicos resulte rentable. Nadie da nada gratis, y esa vieja historia que el régimen comunista se empeña en imponer a los cubanos, está agotada. Los cubanos quieren ser libres para elegir, y tirar a la basura la libreta de racionamiento y olvidarse de las colas. 

Así de fácil, y saben, me consta, que esto no se consigue con leyes o decretos, sino aumentando la productividad global de la economía, que, por obra y gracia del modelo social comunista, es de las más bajas del mundo, y no aumenta, al contrario, se desploma continuamente frenando las oportunidades de mejora y prosperidad que quiere la gente.

Según dice Granma el “proyecto de Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional” establece el marco jurídico general para alcanzar la soberanía alimentaria y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada. Empiezan a construir la casa por el tejado y como siempre, se vendrá abajo.

Parece que los comunistas cubanos han descubierto por dónde le entra el agua al coco, y han encontrado la piedra filosofal con la que pretenden alejarse de 60 años de privaciones. ¿Una justificación frente a Naciones Unidas? Ni ellos se lo creen. Porque realmente lo que se tiene que hacer para que una economía garantice alimentación a los ciudadanos es dejarse de regular e intervenir en la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles.

En el caso de Cuba, estos sistemas no existen, y construirlos es, todavía, si cabe, más complicado aún, y una pérdida de tiempo, cuando lo que se tiene que conseguir es facilitar la cesta diaria de la compra a precios baratos y competitivos, para que los cubanos puedan comer con dignidad. Desde luego, mucho mejor que como dijo el increíble Frei Beto, amigo de Fidel Castro.

Más claro, agua. La producción de alimentos de una economía, en cantidad y calidad suficientes, se consigue creando un marco jurídico de derechos de propiedad que otorgue a los campesinos y ganaderos poder real, autonomía y libertad para decidir qué producir, cuánto y cómo distribuirlo. Y al mismo tiempo, situar la intervención estatal en su justo término, limitándose a crear las condiciones para el funcionamiento de la actividad económica, que debe estar dirigida por la acción de las leyes de oferta y demanda y el mercado. Todo lo demás, sobra, está obsoleto y es pura propaganda, que, además, no va a ningún sitio. Si de verdad se quiere aumentar la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos en Cuba, otro modelo económico no es solo posible, sino necesario.

Y una vez sentadas las bases de la prosperidad y que los cubanos puedan satisfacer sus necesidades cotidianas, los propios campesinos y ganaderos serán los que se encarguen de aumentar la producción para ganar más, lo que es legítimo. Y con ello, empezarán a prestar atención a la calidad de los alimentos, su inocuidad, la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, la comunicación social y los mecanismos de evaluación y control. Todo esto llegará, porque los productores son los principales interesados en lograrlo, pero antes hay que asegurar el pan de cada día, y eso en Cuba, es por desgracia, muy complicado. A los hechos me remito.

Habrá que esperar al texto para realizar su análisis, pero lo mejor sería devolverlo a sus redactores para que reflexionen realmente sobre estas cuestiones.  

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