Entreteniendo a la gente con el control popular: no tienen remedio

Elías Amor Bravo economista

Con la que está cayendo en Cuba, la prensa estatal no pierde oportunidad para trasmitir una falsa sensación de normalidad que lejos de ser confirmada, lleva justo a pensar lo contrario.

Constantemente, en el régimen castrista se está hablando del “poder popular” por todas partes, sin que nadie sepa muy bien de qué se trata. No es una entelequia cualquiera. Da para escribir una tesis doctoral, como la de ciencia e innovación de Díaz Canel. Por eso, alguien en Granma se ha preguntado si funcionan en Cuba los controles populares, es decir, el poder del pueblo, como expresión directa de la democracia socialista. Pero ¿qué poder del pueblo dicen? 

Aluden a la vieja cantaleta constitucional, que incluso cuenta con una ley, la Ley No. 132/2019 de organización y funcionamiento de las asambleas municipales del Poder Popular y de los consejos populares que establece de qué modo “el pueblo puede ejercer el control y construir el modelo de país”. A ver si entendemos algo.

En Granma quieren dar respuesta a una pregunta inquietante, ¿De qué forma el cubano que no ocupa un cargo político o gubernamental puede, desde la base, en la comunidad, acceder y usar su poder para contribuir a transformar la realidad? Lo tiene difícil. Vean si no el video que recorre las redes sociales en que se observa a un Marrero descompuesto ante una violenta salida de tono de un abuelo revolucionario, que bien podría estar durmiendo la siesta, y que sin embargo arremete contra otro militante comunista que se queja de que en 35 años nadie ha hecho nada por resolver un problema.

Y, claro, como todo en Cuba, si se quiere entender algo, hay que ir a la Ley, que con sus 210 artículos y ocho capítulos establece la estructura, funciones y prerrogativas de cada uno de los componentes del llamado “poder popular”, que, como señala Granma, “se manifiesta a diario en el accionar del delegado y los electores como cimientos del sistema político cubano”.

Precisamente, uno de los más importantes cambios de la Ley No. 132 fue el derecho de los integrantes de los consejos populares a realizar controles sobre las entidades de producción y servicios de incidencia local, como “potencial mecanismo de regulación contra las ilegalidades y violaciones que suelen darse en instituciones estatales y no estatales”, implicando al propio ciudadano como motor de los cambios que necesita a su alrededor.

Granma repasa las experiencias respecto a ese tema: ¿Son efectivos los controles?, ¿Qué resultados han tenido?, ¿Cómo pueden mejorar?

Los controles populares son bien vistos por la organización comunista como herramienta para responder a las demandas de la gente, una idea que llegó para quedarse. Los delegados velan por el adecuado funcionamiento de las entidades que accionan en sus circunscripciones, pero lo que propone el Capítulo VII de la Ley 132 es implicar más a las personas en transformar su entorno.

De modo que, si bien antes solo participaban los delegados en el llamado control y fiscalización, ahora se invita a todo aquel que pueda contribuir “a evaluar, señalar, sugerir y revisar minuciosamente la labor administrativa de las entidades públicas y privadas, más aún si han sido señaladas por vox populi”.

Cada mes se realizan tres ejercicios de control popular, que se aprueban a finales de año para no dejar ningún área o sector sin pasar por el filtro de la ciudadanía y se analizan temas como el suministro de agua, la situación de las escuelas, bodegas y consultorios médicos, la venta de gas licuado, la producción del pan, la comercialización de productos agrícolas, los llamados “coleros”, vaya ¿alguien oyó apagones? Es increíble.

Los comunistas están exultantes. Cada vez que se anuncia un control incorporan al grupo a especialistas de servicio, jubilados, líderes comunitarios, y todo aquel que lo desea, formando una conga de ritmo complicado, que acaba siendo mortífera para algunas entidades estatales y no estatales, cuando se elabora el informe con los señalamientos positivos y negativos y se exige un plan de medidas en respuesta. Los responsables afectados, ya se puede uno imaginar. Pocas ganas de seguir.

Por eso, cuando hay organismos que se atrasan en la respuesta reclamada, y otros que no adoptan con inmediatez las decisiones sugeridas, se toman otras medidas algunas más duras. En algunos casos, se pone el foco en los trabajadores de las instituciones sometidas a control, en un claro ejercicio de puenteo a los responsables de las mismas, lo que lleva a un mayor deterioro de la situación. Los controles populares encienden con gasolina conflictos allí donde se podría arreglar el problema con un poco de buena voluntad. Se nota la inspiración castrista detrás de todo esto.

¿Qué busca el régimen comunista con estos controles? ¿Acaso que las bodegas, estén pintadas, remozadas; que el comercio gane en la cultura del detalle?, como dice Granma. Vamos a ver, si no hay nada que vender y las bodegas están vacías, todo lo demás sobra. Por ahí debería empezar el control popular si quiere servir de algo. Se tiene la impresión de que el régimen quiere mover todo este lío de controles populares para mantener entretenida a la gente, lejos de las preocupaciones principales por los apagones, la inflación o la falta de comida. Si ello es así, no es extraño que hablen de lograr incluso mayor sistematicidad de los controles, porque según dicen, se puede perder credibilidad, y llegado el caso, hay potestad, incluso, de solicitar apoyo al presidente de la Asamblea Municipal.

Ya se puede uno imaginar que todo esto es una pérdida de tiempo más dentro del día a día de los cubanos. Granma reconoce los problemas que tienen estos controladores del poder popular cuando determinadas entidades enclavadas en el consejo municipal no pueden ser controladas porque el alcance de su labor es provincial y en estos casos, las presuntas negligencias no se pueden castigar. O la necesidad que dicen que hay de revisar los mecanismos de comunicación, pues, aunque la opinión de los delegados es que la mayoría de la gente sabe cuándo, cómo y dónde se realizan los controles, la práctica demuestra que no es así.

Por eso, para acabar de llenar la agenda, los dirigentes dicen que hace falta aprovechar más los métodos de socialización tradicionales (reuniones, despachos con los electores) o crear nuevos (canales o grupos de redes sociales, líderes informales de opinión) para que más gente sepa y participe en esas demostraciones de poder popular. No tienen remedio.

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