Para la vivienda, habrá que esperar al segundo semestre

Elías Amor Bravo economista

Mientras que las llamas siguen asolando el cielo de Matanzas con humo negro irrespirable, y los equipos del régimen luchan por controlar el incendio, la prensa estatal no pierde oportunidad para continuar justificando el escenario de crisis terminal de la economía cubana. 

Es lo que han hecho en Granma con un artículo titulado “Programa de la Vivienda en un año desafiante” que alude a que la mayor parte de las construcciones tendrán lugar en el segundo semestre del año, y, “sobre todo, para el último trimestre”. Es decir, se reconoce que el primer semestre ha sido pésimo, y el plan ha vuelto a ser incumplido, pero como aún queda tiempo por delante, el régimen aplaza a meses venideros lo que ya se tenía que haber conseguido.

¿Es responsable una política de la vivienda como ésta que va cambiando el cumplimiento temporal de objetivos en función de la conveniencia de quien tiene la responsabilidad de proveer estos activos a la población? Imaginemos que en Cuba existiera un sector privado constructor que se encargase de la fabricación de las viviendas destinadas a la venta a la población. 

Si se diera este escenario, ¿Qué diría el gobierno y, sobre todo, qué responsabilidades exigiría a los productores por el incumplimiento? En Cuba, esta función en materia de vivienda corresponde al estado, que concentra la actividad bajo su control y permite un sector marginal con la forma de “esfuerzo propio”. Entonces, ¿Ante quién responde el régimen de este fracaso constructivo? ¿Qué razones alude?

Pues lo mismo que en otros ámbitos de la economía.

En primer lugar, que es una situación compleja la  que afecta a la vivienda, pero con todo, el programa es calificado de alto impacto social por las máximas autoridades del país. Pese a ello, en el primer semestre se construyeron solamente, según datos oficiales, 11.997 viviendas, de ellas 4.789 por la vía estatal, 1.598 son células básicas habitacionales (CBH) y 5.613 por esfuerzo propio. Si estos datos se elevan a anuales, el nivel que se alcanzará en 2022 será uno de los más bajos de la última década, y no conviene olvidar que ya existe un déficit calculado en la población que ronda el millón.

Es evidente que los planes elaborados por las provincias con las metas e indicadores ya conocidos, no sirven para estimular el sector, y que se necesita otro enfoque para avanzar en los datos ,la realidad es que el resultado de lo que va de año, apenas cubre un 33% del plan de este año. Es evidente que el  plan no funciona.

En segundo lugar, las autoridades afirman que la mayoría de viviendas se programan para el segundo semestre del año, si bien, los resultados conseguidos hasta junio hacen muy difícil que se pueda cerrar el ejercicio de forma positiva. Hay de todo. Atrasos en el cronograma de terminación de los territorios, como parte del plan estatal. Problemas de calidad del producto acabado que no reúne los estándares necesarios para su entrega a la población. 

Calidad que tiene que ver con los materiales, pero también con los procesos productivos. Y problemas con los subsidios, ya que se suelen terminar más células básicas que subsidios a disposición de la población y ello igualmente concentra atrasos. Mientras que las células básicas fueron el 68% del plan, los subsidios se ejecutaron solamente un 31% hasta mayo. Una absoluta falta de coordinación en la gestión con desigualdades muy notables en el territorio nacional.

En tercer lugar, la escasa construcción privada, las 5.613 viviendas con esfuerzo propio, resulta que sí que cumplieron el plan, en concreto, el 105% del plan acumulado y el 54% del año, un resultado superior a las terminadas en igual periodo de 2021. Esto indica o que ya sabemos: el sector privado es mucho más dinámico, eficiente y productivo que el estatal con la vivienda lo que apunta a que se debería abrir más espacios para su desarrollo y consolidación.

En cuarto lugar está la problemática de los casos derivados de fenómenos meteorológicos  que igualmente va a ritmo muy deficiente si se tiene en cuenta que solo se han solucionado 3.999 afectaciones de las 10.523 previstas para el año (38%).

Y por último, está la cuestión de la producción local de materiales, igualmente con niveles inferiores a la capacidad productiva instalada, y muy por debajo de las necesidades de los territorios. Por ejemplo, en el caso de las cubiertas sólidas y los marcos de hormigón y otros, solo se cumple menos del 10% del plan, con un fracaso estrepitoso que se sitúa entre un 4% y un 9% de aprovechamiento respectivamente, con referencia a la capacidad instalada y a la producción real. Este escenario ha obligado al Micons a intervenir directamente en aquellas provincias que cuentan con la materia prima canto para que aumenten la producción.

De lo expuesto, se puede concluir que la política de la vivienda, aprobada en diciembre de 2018 y que entró en vigor en 2019, ha sido y es un absoluto fracaso del régimen comunista, incapaz de garantizar un producto fundamental para la vida de todos los cubanos y que muestra tal grado de destrucción que hace muy difícil realizar alguna previsión optimista y en ese sentido, el programa de diez años para la recuperación del déficit habitacional del país que plantea el régimen parece una burla que los cubanos no deben aceptar.