¿Por qué llamarlos utilidades cuando son beneficios?

Elías Amor Bravo economista

Puestos a llamar a las cosas, que son bien conocidas con otro nombre, los comunistas cubanos no escatiman esfuerzos. El pago de las “utilidades” a los trabajadores sigue siendo una denominación patética, absurda y carente de cualquier significado, para no ir al meollo del asunto, que no es otro que los beneficios, la rentabilidad y la riqueza. Tratar de camuflar estos móviles del comportamiento humano, es responsable, en buena medida, del mal funcionamiento de una economía en términos de eficiencia.

Granma dedica un artículo a tratar la distribución anticipada de utilidades a los trabajadores, al cierre del segundo trimestre de este año, tema abordado en una reunión de la dirección del país con representantes del sistema empresarial estatal y que se confía pueda servir para impulsar y fortalecer la autonomía de la empresa estatal.

Se acuerdan de santa Bárbara cuando truena. ¿Por qué no lo han aplicado antes? ¿Es que 63 años de fracasos consecutivos no es tiempo más que suficiente para reconocer que las cosas no se han hecho bien y volver al principio? ¿No es ese el sentido de una revolución, “revolutio” del latín, volver a comenzar?

Varias cuestiones deben quedar claras antes de ponerse a repartir pagas de beneficios a los trabajadores.

Primero, que deben responder a ganancias reales de productividad y de eficiencia. Si no es así, todo lo que se pague en primas y beneficios, reducirá la necesaria capitalización de las empresas. Y claro, para poder repartir beneficios, hay que ganarlos primero mediante una adecuada gestión del trabajo, tecnología, capital, financiación etc. Y en ello estamos. Desde la aplicación de la tarea ordenamiento casi el 40% de las empresas estatales entraron en insolvencia, y salvo indicaciones contrarias, siguen ahí. Ya veremos de dónde sacan los fondos para pagar las primas de salarios.

Segundo, la creación de reservas voluntarias, a partir de las ganancias retenidas después de impuesto por las empresas estatales, al cierre de 2021; y la distribución anticipada de utilidades a los trabajadores hasta el segundo trimestre de 2022, se ha correspondido más con decisiones políticas que otra cosa. Las empresas estatales siguen dando prioridad a las consignas de partido, y no a las decisiones técnicas y productivas. Y así les va.

Tercero, la encargada de esta operación de pago de primas salariales, creación de reservas, etc. no es otra que la ministra Bolaños, la misma que a pesar de tener un control absoluto de los precios en su ministerio, no ha conseguido que la inflación acumulada desde 2021 se haya situado por encima del 100%. No puede salir bien. La señora Bolaños anda prestando atención a cuestiones, como la capacitación, desarrollo e investigaciones, unido a partidas de más reciente creación, como el fondo para la adquisición, reparación y construcción de viviendas, que poco o nada tienen que ver con las primas de salarios o las pagas de beneficios. Esa dispersión de la ministra ayuda poco a resolver este tipo de problemas.

Cuarto, según detalla Granma, la distribución de utilidades a los trabajadores ha alcanzado en 2021 un importe de 13.563 millones de pesos, el 32% del total de las reservas constituidas. Y de ello se beneficiaron 1.205 empresas y 759.142 trabajadores, que representan algo más de la mitad de la población laboral ocupada en el sistema empresarial estatal en 2021. Al cambio del dólar con el peso en las cadecas, unos 141 dólares por trabajador/año. Una nadería.

Esto puede indicar que el proceso va lento, más bien hacia atrás, y presenta notables asimetrías, a la vez que no está dando resultados concretos. Para mayor asombro, la ministra de Trabajo aclaró que, al cierre del segundo trimestre de 2022, solo 923 empresas, el 47% del universo captado, logró repartir ganancias, lo que equivale a 538.132 personas beneficiadas. La cifra ha descendido notablemente con respecto a la facilitada por la señora Bolaños. Entre las 1.039 empresas que no distribuyen utilidades, el 80% pertenece a los sistemas empresariales de la agricultura, la industria, la industria alimentaria, Azcuba, y los Órganos Locales del Poder Popular, fundamentalmente; 430 tienen pérdidas y 372 presentan bajos niveles de utilidad o liquidez.

La cuestión, según la ministra, reside en la necesaria creación de reservas cuando se distribuyan utilidades y reciban financiamientos presupuestarios, actuando sobre la rebaja de las tarifas sin que ello afecte las utilidades. En caso contrario, esas ganancias deben ir a parar a las arcas del estado. Difícil cuestión, que viene a confirmar que el modelo comunista cubano no está preparado para una gestión eficiente de la economía.

El ministro Gil lo vino a explicar esta situación con un ejemplo que suena a galimatías, y del que aun no nos hemos repuesto. Dijo, “tomando como base las cifras del año de anterior, se inyectaron en la circulación más de 13.000 millones de pesos, y ese dinero hay que extraerlo. Si tuviéramos la seguridad de que ese monto fue repartido contra una riqueza real, o sea, por un incremento de la producción de bienes y servicios, no habría problemas macroeconómicamente; pero no en todos los casos existe la certeza”. Y atribuyó al exceso de circulante sin respaldo de producción, la emisión de dinero, la responsabilidad del descontrol. Desde luego el ministro tiene para todos.

De lo expuesto, las autoridades reconocen que la medida no ha desempeñado en toda su magnitud el papel que le corresponde como elemento que estimule la obtención de mayores resultados productivos y de eficiencia en las empresas estatales, y aducen de ello, lo mismo de siempre, que si el déficit de recursos, que si la situación económica financiera actual, que el número de entidades en pérdida, así como la no concreción de estrategias internas para revertir o atenuar dicho escenario. Esta vez, curiosamente, se salvó el embargo/bloqueo.