El régimen pretende hacer caja con las telecomunicaciones

Elías Amor Bravo economista

A Fidel Castro se le ocurrió hace más de 60 años que Cuba debía tener una industria de medicamentos propia y destinó a dicho fin cuantiosos recursos del presupuesto estatal que se podrían haber canalizado a otras actividades y demandas sociales. Al final consiguió una BioCubafarma a un alto coste económico y social, que podría tener algún sentido si sus actividades se orientasen por criterios de rentabilidad y no políticos, pero ahí ha quedado para la posteridad.

Esa misma afición a desarrollar sectores y actividades inéditos, y abandonar a su suerte a otros históricos (como el azúcar) también se encuentra presente en los tiempos actuales. Sin duda, un ejemplo de actividad en la que ha puesto su punto de mira el régimen, con el objetivo de obtener ingresos, además del turismo o la venta de servicios médicos, es el de las telecomunicaciones.

Se trata de un sector novedoso, reciente. Un buen ejemplo de ello es que los precios de estos servicios ni se incluyeron en el cálculo del IPC, porque cuando se realizó la encuesta de 2010 que sirve de base para las estimaciones, los precios de las telecomunicaciones apenas tenían relevancia en el gasto de consumo de los cubanos. Hoy es muy diferente.

El desarrollo acelerado de los servicios de internet y los ingresos que se generan, en los últimos años, llevó al ministro de economía a realizar una mención especial en su informe del sector externo de la economía en la asamblea. Un ejemplo más de que el bloqueo no existe. La mayor parte del gasto de telefonía e internet de los cubanos se paga con remesas desde Estados Unidos.  

Ante este escenario, es interesante qué piensa hacer el régimen, desde el ministerio de comunicaciones, en este ámbito de sus competencias. La respuesta es sencilla: todo pasa por manos del estado y el sector privado, a la espera.

Y así entre las prioridades señaladas se encuentran asuntos muy cotidianos, como los traslados telefónicos pendientes; los problemas de cobertura y calidad en los servicios móviles, principalmente cuando falta la electricidad; la falta de efectivo para la entrega de giros; la insuficiente comercialización de cajas decodificadoras para la televisión digital; la llegada tarde de la prensa y la calidad de la señal de la televisión analógica; las dificultades con la preasignación de los estudiantes para prácticas profesionales y servicio social, y la necesidad de incrementar los contenidos de ciberseguridad en los planes de estudio, entre otros. Nada que no se pueda resolver. Todos estos asuntos, y muchos más, salieron en la presentación de los objetivos del ministerio para 2023 en la asamblea nacional y son de absoluta competencia estatal.

Pero luego vienen las estrategias que tanto gustan a los comunistas cubanos. El régimen quiere impulsar la transformación digital (incluye los procesos de gobierno digital y comercio electrónico) con énfasis en los municipios, por su contribución al desarrollo territorial y el aporte de las iniciativas locales. Una vez más la perspectiva que puede acabar creando ciudadanos de primera y de segunda en función del territorio. Además, ni una sola mención al sector privado.

Al mismo tiempo se pretende diversificar las exportaciones, elevar la organización y el aporte económico del sector empresarial (estatal?), con una relación más efectiva con las formas no estatales de gestión (única mención) y con ello, lograr la ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones, y a su uso abierto e inclusivo. Un instrumento más de recaudación de fondos para el estado.

Conviene poner un poco de orden en los ejes estratégicos con los que el ministerio define objetivos, líneas de acción, metas por etapas, indicadores y proyectos con impacto en la economía y en la sociedad, que son los tres siguientes.

El primero tiene que ver con la infraestructura, los servicios de telecomunicaciones y el programa de Tv digital terrestre. Aquí poco tiene que ver el sector privado, o nada. El régimen pretende continuar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, elevar los niveles de ciberseguridad en esta y en los servicios que soporta, e incrementar el uso de las energías renovables, a fin de elevar la vitalidad. Algunos datos ilustran este eje que está muy lejos de alcanzar resultados que merezcan alguna consideración

• La densidad telefónica nacional aumentó un 27% en los últimos cinco años, se alcanzó el 80% (14% en telefonía fija y 66,1% en la móvil); incluye más de 370.000 líneas en zonas rurales
• La cobertura poblacional en telefonía móvil es del 74% en 3G y del 49% en 4G; se cubren todas las capitales provinciales, las cabeceras municipales y el 44% de los consejos populares
• Más de 7,5 millones de personas acceden a internet, principalmente a través de la telefonía móvil (6,3 millones en cuatro años), que incluye ofertas con mayor asequibilidad e incorporan planes combinados (voz, SMS y datos). Su consumo promedio mensual aumentó seis veces entre diciembre de 2019 y julio de 2022 (de 1,1 Gb a 6,6 Gb)
• La cobertura poblacional de la señal de televisión digital terrestre (TDT) es del 76% en definición estándar y de 46% en alta definición (crece en 14% y 50%, respectivamente, con relación a 2017)
• Se han comercializado en los dos últimos años 368.000 receptores, en la región occidental se entregaron 19.800 televisores al sistema educacional y 54.000 a los núcleos beneficiados por la Asistencia Social. Desde el inicio del proyecto en el año 2013, se han vendido más de tres millones de receptores.

El segundo eje está relacionado con el gobierno y el comercio electrónico. Nuevamente, el sector privado queda excluido. Aquí se cita, en primer lugar, el portal del gobierno, un proyecto que ayuda al ciudadano a acercarse a la transformación digital, y que contará con trámites y servicios online, empezando por los asociados al Registro Civil y al Ministerio del Interior. De las 335 oficinas del Registro Civil en el país, 278 ofrecen servicios digitales desde internet, y se avanza en el desarrollo de la firma digital.

Asimismo, en segundo lugar, se citan los 263 portales digitales de gobierno en internet, representados por organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, gobiernos provinciales y municipales; se ha mejorado la organización de la información gubernamental en el ciberespacio, y se avanza en la interacción a través de plataformas digitales, incluidas las redes sociales.

Por lo que respecta al comercio electrónico, se diversificó en nuevos servicios, se extendió a otros sectores, incluidas las formas de gestión no estatal (otra referencia al sector privado), y experimentó un aumento en la utilización de los pagos por vías digitales, si bien se reconocen limitaciones y reservas en su uso, que provocan no pocas insatisfacciones con el servicio. De esto poco o nada se informó en la asamblea.

Otros problemas destacados son las reservas que existen en el control digital de los inventarios, en la organización de almacenes, en la eficiencia de las cadenas logísticas de distribución, y el hecho de que no se logra la adecuada interoperabilidad entre las plataformas de gestión comercial y los sistemas contable-financieros, así como la persistencia de métodos tradicionales de control asociados a los pagos electrónicos que generan molestias al ciudadano y demoras en los procesos. Todo ello limita el desarrollo del comercio electrónico.

Pese a ello, las plataformas nacionales de pago electrónico, Transfermóvil y EnZona, cuentan con más de 4 millones de usuarios, y a través de ellas se realizaron, hasta septiembre de 2022, el 68% de los pagos del servicio telefónico, el 40% de la electricidad, el 50% de los impuestos y el 41% de las reservas de pasajes nacionales.

El tercer eje tiene que ver con la industria de aplicaciones y servicios informáticos con el objetivo de garantizar el proceso de informatización segura en la sociedad, asegurar las condiciones tecnológicas para la transformación digital del país, y lograr la inserción internacional y el crecimiento de la economía.

El régimen ha identificado nuevas capacidades para la exportación de productos y servicios, y se desarrollan acciones para su promoción. Al mismo tiempo, se identifican mercados complementarios para servicios de TIC; como, por ejemplo, los servicios médicos cubanos a través de telemedicina.

También se pretende avanzar en las alianzas con otros sectores estatales y privados (ya se verá en qué consiste) que permitan aprovechar mejor el conocimiento existente, acortar los tiempos de implementación, y diversificar la cartera de productos y servicios.

Por otra parte, se informó de una estrategia para consolidar un sistema de certificación en software libre, con reconocimiento internacional, como parte de la política de soberanía tecnológica del sector y, al mismo tiempo, existen varias comunidades de desarrollo vinculadas con plataformas o soluciones informáticas que promueven la gestión del conocimiento y la integración de los actores. 

¿Está lanzando el régimen el sector de telecomunicaciones al mercado mundial para obtener ingresos y sin dar la oportuna participación al sector privado? Que nadie tenga la menor duda. Pronto seguiremos con esta cuestión.