La transferencia de gestión presupuestaria a los gobiernos locales implica más déficit estructural

Elías Amor Bravo economista

¿Los comunistas cubanos van en serio con el tema de la descentralización municipal de la gestión presupuestaria? Parece que sí. Y si no, ¿por qué Marrero se habría desplazado a la asamblea del poder popular de Ciénaga de Zapata para participar en la primera sesión ordinaria de la misma?

Lo que empezó siendo una propuesta alocada, de esas que se reflexionan poco y que acaban trastocando la realidad de la economía cubana en cuanto se llevan a la práctica, sigue avanzando, de modo que los delegados de Ciénaga de Zapata aprobaron el plan y el presupuesto para 2023 en presencia de Marrero y se desayunaron con el tema de la descentralización. Todo ello muy confuso, por cierto. De todo, ha ofrecido información la prensa estatal.

Se suele afirmar que esta decisión de transferir a los poderes locales competencias presupuestarias tiene su origen en la idea de Díaz Canel de que en 2023, para lograr los objetivos previstos, se tiene que contar con lo que se pueda generar, “y eso exige un cambio de mentalidad, sobre todo de los cuadros”. Unas palabras que Marrero suscribió textualmente.

Sin embargo, no parece que esta iniciativa tenga su origen solo en ideas políticas y planteamientos más o menos elaborados. En realidad, si se analiza la evolución de los presupuestos del gobierno en Cuba y se distingue entre el gobierno central y las corporaciones locales, de forma sistemática se observa que el primero siempre cierra sus cuentas con abultados déficits que responden a diferencias significativas de ingresos y gastos. 

En cambio, los presupuestos locales en general, presentan resultados positivos, al menos así ocurrió hasta que llegó la pandemia y todo se descompuso. Los gobiernos locales obtienen ingresos de fuentes tributarias relacionadas con la actividad económica productiva y gastan con más eficacia, lo que determina una mejor gestión presupuestaria.

Hay también una mentalidad distinta entre los "gastadores" estatales y territoriales. Durante el debate en Ciénaga de Zapata, los delegados insistieron en la necesidad de ajustarse estrictamente a los gastos planificados, potenciar al máximo los ingresos, elevar el rigor en el combate a las conductas evasoras, unido a un mayor control popular. Una cultura presupuestaria que nada tiene que ver con el despilfarro  general del gobierno central.

Teniendo en cuenta esta situación, a los dirigentes comunistas no se les ha ocurrido otra cosa que seguir gastando por encima de sus posibilidades en el estado, y de forma simultánea, tratar de que los gobiernos locales asuman determinados programas de gasto, que se descentralizan territorialmente, por lo que se avizora en el horizonte nuevos y generalizados escenarios deficitarios también para los gobiernos locales.

Marrero, por ejemplo, cuestionó abiertamente la proyección superavitaria del presupuesto del municipio de Ciénaga de Zapata, a partir del balance de ingresos y gastos planificados. Y por ello, requirió “que la administración, en función de las potencialidades del territorio, le presente a la Asamblea un plan de acciones concretas, diferentes, con responsables definidos, metas e indicadores, que permitan lograr ese superávit”. 

Además, para rizar el rizo, exigió a las estructuras administrativas locales que identificaran “las insuficiencias que persisten y cómo resolverlas, y lograr una aplicación efectiva de la ciencia y la innovación, que pasa por la generalización de los resultados”.

Una iniciativa de Marrero que no tiene ni pies ni cabeza, porque necesariamente, asumir más objetivos y meter la ciencia e innovación en los procesos de decisión, implica gastar más, y eso no puede llevar a superávit, sino a todo lo contrario, déficit estructural que es el más difícil de corregir porque se acaba consolidando en las estructuras económicas.

Para Marrero, consolidar la autonomía municipal implica “fortalecer las estructuras empresariales de los territorios, a lo que se suma el aporte de los nuevos actores económicos, sobre todo si la gestión de estos está enfocada en la solución de los problemas locales”. Lo que Marrero tampoco entiende es que, si se pretende fortalecer las estructuras empresariales y permitir que crezcan para que sus bases imponibles también lo hagan, lo que cabe atender es a reducir el peso intervencionista de la actividad estatal sobre las empresas, que es justo lo contrario que están planteando.

Otro paso más hacia el desastre es la exigencia de que en cada presupuesto local “debe quedar bien definido a qué elementos de la Estrategia de Desarrollo se da respuesta, a cuántos planteamientos de la población”. La Estrategia es un documento de carácter estatal, centralista y centralizador, que en nada atiende a las características locales. También dijo que “hay que incrementar la participación de las empresas en la construcción de viviendas y en la transformación de los barrios en situación de vulnerabilidad”, como si lograr este objetivo fuera el resultado de una decisión administrativa.

En este tira y afloja de competencias, unas que se ceden otras que se quitan, que se desconoce a dónde va a llegar, Marrero anunció su intención de dar más poder a la Oficina Nacional de Administración Tributaria a nivel territorial, y exigir el cumplimiento de las directivas generales aprobadas para el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

También alertó a los delegados sobre la responsabilidad que tienen en el control de una ejecución presupuestaria eficiente, y en torno a las estrategias dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad. Debería advertir ese mismo mensaje a los que están al frente del estado, como el mismo. 

Por último, anunció que "desde el estado se planificarán las inversiones y acciones de rehabilitación y mantenimiento, con énfasis en los servicios básicos" ¿pero no habíamos quedado en la transferencia de poder a las corporaciones locales? ¿Dónde queda todo eso? Buen ejemplo de que, al igual que la tarea ordenamiento, la idea de dar más poder a los gobiernos territoriales es tan solo una estrategia del régimen para adueñarse de sus presupuestos y gastar más. Lo veremos.