¿Por qué la autonomía municipal saldrá mal?

Elías Amor Bravo economista

Los comunistas cubanos ha formulado una apuesta firme por una mayor autonomía municipal. Un artículo en Granma aborda esta cuestión que merece ciertas consideraciones.

Dar mayor protagonismo a los gobiernos locales y provinciales, al menos en un principio, puede ser una decisión correcta. Pero exige tener claras algunas ideas. 

Primera, que la autonomía territorial debe ir acompañada de capacidades de gasto, para las que la economía cubana no está preparada, y por lo tanto, será necesaria la reestructuración del presupuesto estatal en aquellas tareas y funciones que sean descentralizadas. 

Segunda, aceptar políticamente la existencia de territorios de primera y segunda, lo que suele ir asociado a ciudadanos de primera y de segunda, rompiendo así el principio de igualdad que tanto alardean los comunistas. No es fácil, pero se puede intentar. Y, desde luego, si se hace bien, el diseño final del estado puede salir mejorado y ser más eficiente. 

Al final, los gobiernos territoriales están más cerca de los ciudadanos y, en tales condiciones, conocen mejor sus problemas y necesidades por lo que están igualmente mejor preparados para dar soluciones. Y aquí viene la última cuestión: para lograr ese objetivo necesitan poderes de verdad. ¿Están dispuestos los comunistas cubanos a aceptar estos riesgos?

Parece que sí. El régimen parece empeñado en lograr una nueva organización del Estado y aprovecha para ello, la constitución de las asambleas municipales del Poder Popular, tras el proceso electoral de las últimas semanas. El régimen comunista pretende que estas asambleas territoriales tengan capacidad real para “engranar, fiscalizar y promover el funcionamiento integral del municipio, sobre la base del principio de autonomía” de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 de la constitución de la República, que definen la Asamblea Municipal del Poder Popular como el órgano superior del poder del estado en su demarcación.

¿Cabe esperar de este nuevo diseño del estado que pueda producirse un proceso de transformación política desde los poderes territoriales? No lo parece. El régimen se ha asegurado por medio de leyes anteriores, que las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares, sus delegados, directivos, funcionarios y empleados tienen la obligación de cumplir lo establecido en la constitución y en particular, “observar estrictamente la legalidad socialista, velar por su cumplimiento y respeto”.

Por lo tanto, estamos ante una descentralización de funciones conducente a una autonomía de pacotilla, que seguirá estando bajo control absoluto del régimen.

La Asamblea podrá ser autónoma para aprobar y controlar el plan de la economía, el presupuesto y el plan de desarrollo integral del municipio; designar o sustituir al Intendente Municipal, a propuesta del presidente de la propia Asamblea; y controlar y fiscalizar la actividad del Consejo de la Administración del municipio. Desde luego funciones de notable significado económico que podrían extenderse a lo político, pero de forma limitada.

Si los miembros elegidos en una Asamblea deciden emprender una vía propia, autónoma e independiente de la definida por el régimen, lo tienen mal. El régimen conserva instrumentos más que suficientes y potentes para amenazar y reprimir con absoluta violencia cualquier proceso de estas características, por ejemplo, utilizando los temidos poderes de la fiscalización y control.

Cierto que la Asamblea puede emitir sus ordenanzas, pero siempre con respeto máximo a la legalidad socialista. Abrir espacios para la  libertad económica en un territorio, es inviable por mucho que la demanda provenga de los ciudadanos. Los experimentos están prohibidos.

Es lo mismo que el marco de funcionamiento de la figura del delegado, también circunscrito a sus funciones en el ámbito local que quedan relegadas a actuar en la respuesta a pedidos de atención o información de los ciudadanos, cuando estos exigen y solicitan respuestas a sus preocupaciones e interrogantes, y solución a las problemáticas que los afectan. Ocupaciones administrativas, a modo de buzones ambulantes de quejas y sugerencias definen el marco de actuación de los delegados.

De hecho, Granma que es la voz autorizada del régimen lo advierte para que quede claro y dice respecto de las asambleas que “no están hechas para dar estatus a un reducido número de personas, o para empoderar a quienes las componen y dirigen, sino que, por el contrario, hablan del empoderamiento del pueblo, de todos y cada uno de los cubanos”. ¿Autonomía? No, gracias.

La agenda de estas asambleas está definida en términos de los que difícilmente se puede ejercer cualquier autonomía. Generar bienestar colectivo lo que parece problemático; responder a las necesidades más acuciantes de la mayoría, con esa función de buzón de sugerencias ambulante que se quiere atribuir a los delegados y, en fin, crear, las riquezas indispensables “para el socialismo más próspero y sostenible”. Hay que olvidarse de cualquier otro proyecto político.

Las asambleas territoriales deben sincronizar su actividad con las políticas nacionales, con los gobiernos provinciales y el máximo órgano del poder del Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esa es la autonomía que pretenden los comunistas y que acabará creando duplicidades y aumentos del gasto público que acaben creando problemas de más endeudamiento a todos los niveles, rompiendo así la trayectoria de presupuestos equilibrados e incluso superavitarios de los gobiernos locales en Cuba.

El instrumento para gastar a nivel territorial se llama estrategias de desarrollo local, una reedición de los planes económicos centrales que se deberán realizar por los municipios dentro de sus nuevas competencias. Planes para no ser cumplidos, con los mismos errores de siempre, y que trasladarán la organización burocrática de la economía a cualquier rincón del territorio.

Y así el régimen quiere que los poderes locales impulsen proyectos, se recupere la industria local, aumenten los ingresos, desarrollar obras sociales de impacto económico, generar empleos, captar profesionales crear espacios de convergencia popular y a integrar el mayor número posible de personas en función de su propio bienestar. Imaginemos todos los municipios de Cuba empeñados en estas tareas de forma simultánea. ¿Sabe alguien en que puede acabar todo esto?

Pues en un gran lío. Con territorios de primera y de segunda, con asambleas que irán hasta 100 y otras que se quedarán en 20 o menos, obligando al estado a intervenir, tarde y mal, p corregir las desigualdades. En unas zonas habrá personal especializado y competente para desarrollar todas estas funciones, e incluso será posible prepararlos de forma adecuada, y en otras no.  Cumplir el mandato conferido no podrá ser logrado en muchos lugar, de modo que el ejercicio de la autonomía será solo de boquilla, como tantas otras cosas.

¿Qué va a ocurrir al final? Pues que la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos locales irá en caída y la creciente distancia que existe con los gobernantes a nivel estatal se trasladará también a los gobiernos territoriales. Su eficacia en la gestión se verá comprometida por las mayores competencias transferidas sin respaldo de ingresos para mayores gastos. Un pésimo diseño del estado comunista que no va a servir para mejorar el estado de la economía, sino todo lo contrario, acentuando las desigualdades. Luego culparán al embargo/ bloqueo y al capitalismo de sus fracasos. Avisados están.