¿Por qué los precios no funcionan en la economía cubana?

Elías Amor Bravo economista 

Desde enero de 2021 los cubanos viven una pesadilla llamada inflación. Los precios acabaron ese año con un aumento interanual del 77,3%, uno de los más elevados de América Latina y del mundo. Desde entonces, poco o nada se ha hecho en materia de políticas antiinflacionistas. Un artículo en Cubadebate titulado, “Precios estatales sin tope oficial, ¿inflar la inflación?” da buena cuenta de ello.  

El problema es que una vez más se identifican mal las causas del problema. Se hace referencia a la entrada en vigor hace dos meses de la resolución del Ministerio de Finanzas y Precios MFP que autorizaba a los jefes de cadenas de tiendas y otras entidades a aprobar precios minoristas en pesos cubanos. Dicha medida fue cuestionada como un posible detonante del aumento de los precios. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pues justo lo contrario.

A pesar de que la inflación sigue causando daño a los cubanos, el último dato del IPC correspondiente al mes de abril situó la tasa de inflación interanual en un 23,69%, claramente inferior a la registrada a finales de 2021, antes citada. Pues a lo mejor, en contra de lo que opina la prensa estatal comunista, la decisión de dar libertad para fijar los precios ha funcionado. No todo lo que sería deseable, desde luego, la inflación sigue siendo elevada, pero claramente inferior a la precedente. Y ello, a pesar de que el origen del problema no se resuelve con esta medida.

El MFP confirma así su absoluta incompetencia para corregir el problema de inflación, limitando las competencias de los jefes de las cadenas de tiendas, se insistió en la obligatoriedad de aplicar principios y procedimientos para cubrir los costos y gastos de comercialización. Una decisión que prácticamente desvirtuó el alcance liberalizador de la resolución citada.

Lo cierto es que la autorización para establecer precios con cierta libertad no es algo nuevo. Ya en 2011 se aprobó una disposición similar para dar cumplimiento a uno de los acuerdos del congreso comunista. De aquella medida, poco se sabe, salvo que algunos precios topados de productos fueron modificados y otros en cambio, descentralizados.

La Resolución 81 del pasado mes de abril dejó solo cinco “nomenclaturas de productos” con precios regulados en las tiendas en CUP. En la anterior resolución emitida en 2020 con ocasión de la tarea ordenamiento, había 209 renglones.

Hay dudas de que el momento actual sea el más adecuado para promover este tipo de medidas que pueden tener consecuencias indeseadas sobre la inflación, causando más daño a los sectores desfavorecidos, aumentando las cifras de la economía informal y la venta ilícita de divisas para poder acceder a productos que solo se encuentran en MLC. 

Además, el aumento de los costos de producción y comercialización como consecuencia de altos precios de las mercancías en el mercado internacional y la subida de los fletes hace que la medida sea cuestionada por cuanto afecta mucho más a la producción nacional, en la medida que se obtiene por una industria envejecida que trabaja con mucha ineficiencia y que es improductiva. Este es el punto a tener en cuenta.

La liberación de precios mayoristas en la agricultura o la industria, establecida por el régimen, sin contar con una oferta que reaccione trasladando cantidades suficientes a los mercados para afrontar una demanda estable, tiene poco sentido, por cuanto traslada las ineficiencias del sistema de la producción a la distribución. Si luego se tiene en cuenta que el precio topado no estimula al productor, el círculo vicioso de la economía cubana se vuelve a cerrar

El artículo indaga sobre la formación de precios en Cimex. Asombrosa.

Previamente, conviene tener en cuenta que los precios minoristas en Cuba no dependen de la oferta y demanda, sino que siguen un proceso burocrático y jerárquico. Primero, se fijan por el consejo de ministros (canasta normada y combustibles).  

Segundo, el Ministerio de Finanzas y Precios asume un papel fundamental en este proceso de fijación de precios y traslada la facultad de decidir a otros organismos inferiores, los gobiernos locales (la gastronomía popular y los productos agropecuarios, OSDEs y el sistema empresarial).

El Ministerio de Finanzas y Precios tiene una lista de productos con precios regulados entre los que están el aceite, pollo, picadillo, rones y una serie de productos de limpieza y aseo de línea nacional económica).

En el caso de Cimex, los precios se fijan a partir de la definición de unos rangos máximos y mínimos, según el tipo de producto: básico o de primera necesidad (precios mínimos), intermedios (por ejemplo, ferretería, ajuares y útiles del hogar) y “suntuosos”, es decir, de lujo.

Los productos descentralizados que son sensibles por su impacto en la población (como el yogurt), fijan sus precios con la aplicación de la tasa mínima permisible con la que puede trabajar, a partir de indicadores basados en cálculos de racionalidad.

Para no sufrir pérdidas, el precio fijado debe cubrir los gastos asociados al pago de tributos, además de los costos operacionales (salario de los trabajadores, arrendamiento de local, pago de electricidad, transportación). También debe generar un nivel mínimo de utilidad para crecer, porque nadie trabaja en un punto de equilibrio, o sea, donde no se gane ni se pierda. El precio de venta debe cubrir entonces esas obligaciones calculadas en un 25,5%.

Se establecen unos rangos máximos, fijados por todos los actores económicos, incluyendo el sector privado, así como el mercado internacional. En los lácteos hay un mercado interno compuesto por las empresas minoristas, productores, agros, actores privados y la “bolsa negra” (se reconoce esta actividad) y en esa selección del mercado se define cuál se toma como punto de comparación.

Como es un mercado que se está formando, con la incorporación de nuevas formas de gestión, se toma de referencia el mercado de importación y se analiza el coste de importar un producto con similar calidad de no ser producido en el país. Entonces se busca una media que compense y se fija como precio máximo.

Con los precios (elevados) del grupo de los “suntuosos”, donde están incluidas las bebidas alcohólicas, cigarros y tabacos, Cimex compensa lo que deja de ganar en aquellos productos que le causan pérdidas, como el aceite, cuyo precio sigue intacto pese a que en el mercado internacional se ha disparado por la situación en Ucrania.

En los productos “suntuosos” la restricción la pone el propio mercado. Si el cliente no está dispuesto a pagar el precio se genera un inventario inmovilizado y, por tanto, un dinero congelado. En este caso se observa al mercado y se ve cómo está (el precio) para fijarlo por debajo. Pero ¿Qué señales puede dar ese mercado en formación donde convergen actores económicos que se rigen por una tasa cambiaria de más de cuatro veces la oficial? ¿Más distorsión?

En el actual escenario de incremento de los costos, los productores tienen dos alternativas: o traspasan el aumento a los precios o lo asumen como pérdida. Anteriormente la diferencia era asumida por el presupuesto estatal, pero ahora los subsidios fueron eliminados y la ineficiencia del proceso empresarial se traslada al costo, y al precio de venta a las cadenas y estas lo trasladan al cliente. Las decisiones de liberalizar los precios para los jefes no van a conseguir frenar la inflación, porque no van al origen del problema.

En la tarea ordenamiento se afirmaba, como una justificación, que para frenar el aumento de precios había que conseguir que la producción nacional en CUP fuera más barata que la importada; sin embargo, en algunos productos ocurre lo contrario. Tras la subida del precio de la leche, el kilogramo de queso blanco hecho en Cuba le cuesta a Cimex 341 pesos, tres veces más caro de lo que le cuesta importar el “gouda”, de mayor calidad. La falta de competitividad de la economía es lo que se tiene que arreglar.

Si se decide no comercializar dicho producto se crea un déficit y esto origina la aparición del mercado negro, con precios más elevados. Por eso es mejor vender, aunque esté un poco más caro, siempre buscando que la industria se reanime y baje sus costos, porque deben ser competitivos.

Se reconoce finalmente que las tiendas en CUP actualmente ofertan muy poco, en cantidad y variedad, pero para suerte de los bolsillos domésticos, si es que la inflación lo permite, la mayoría de los productos en venta son los que el Ministerio de Finanzas y Precios todavía regula, antes citados.

Los precios no pueden funcionar con eficiencia en una economía que mantenga este diseño.