Elevar la productividad por medio de la distribución de utilidades no funcionará

Elías Amor Bravo economista

El optimismo de Granma no tiene límites, pero los cubanos saben que la economía no va bien. Un artículo titulado “La distribución de utilidades será un proceso más flexible”, aumentando los límites impuestos por el estado, del 30% al 50% de las destinadas a constitución de reservas, va en esa línea de crear falsas expectativas sobre el inmediato futuro de la economía. Este proceso de distribución de utilidades no deja de ser algo intrascendente en las condiciones actuales. Primero hay que ser rentables y ganar dinero. ¿Lo hacen las empresas estatales cubanas? ¿Lo pueden hacer realmente?

Conviene recordar que la Tarea Ordenamiento provocó con su aplicación, en los primeros meses de este año, pérdidas generalizadas y alarmantes en numerosas empresas, que no pudieron hacer frente al incremento de salarios, precios y tarifas, lo que las empujó a una grave situación de insolvencia. Dicho escenario obligó a las autoridades a rectificar algunas medidas, y a partir de ese momento, los enunciados a favor de la eficiencia de la empresa estatal socialista, y su defensa como eje del sistema económico, no han faltado.

Mientras tanto, los trabajadores y sobre todo los pensionistas han observado que los aumentos de rentas se han deteriorado como consecuencia de una inflación galopante que este año, hasta agosto, ha aumentado un 62,87% de acuerdo con la información oficial de la ONEI. La capacidad adquisitiva se ha quedado muy por detrás de los niveles anteriores a la Tarea ordenamiento. Los cubanos en 2021 son más pobres que nunca.

Por eso, hay que preguntarse, ¿qué ocurre con las empresas? Pues más o menos lo mismo, ya que tanto los salarios como los beneficios (utilidades) que componen el ingreso nacional se han visto afectados por la inflación y el menor crecimiento de la economía. Por ello, la norma que autoriza el aumento de los límites de distribución de utilidades, la Resolución 393 de 29 de septiembre de 2021, puede ser papel mojado si antes no se gana dinero.

Esta norma viene a añadirse a un auténtico batiburrillo de disposiciones para fortalecer la empresa estatal socialista, que se empezaron a publicar en la gaceta oficial el pasado mes de mayo, en concreto, dos decretos-leyes (34/2021 y 36/2021) del Consejo de Estado, un decreto del Consejo de Ministros (39/2021) y nueve resoluciones de los ministerios de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, y Trabajo y Seguridad Social. Casi nada. El régimen comunista cubano convencido, de que se puede mover una economía a golpe de normas y leyes. Error.

Normas que trajeron consigo una nueva regulación de los principios de organización y funcionamiento de las entidades estatales, las filiales y las organizaciones superiores de dirección empresarial que integran el sistema estatal de empresas, a la vez que se derogaban o modificaban normas anteriores para fijar unas nuevas, vinculadas con cuestiones como la seguridad social o las relaciones financieras con el Estado, de diferentes actores de nuestra economía.

De modo que, a pesar de tanta norma, el régimen no hace lo único que le puede ayudar a salvar la situación y que es desplegar un nuevo marco jurídico que facilite a las empresas ganar dinero, lo que pasa por mantener y potenciar el sistema empresarial cubano, estatal y no estatal, donde las reservas son esenciales para el funcionamiento eficiente de las entidades. Con cargo a reservas, la norma cubana establece los recursos para financiar la formación, la innovación y las investigaciones, es decir, lo que hace que las empresas funcionen y sobrevivan, al tiempo que pagan más a sus trabajadores.

Mientras que el porcentaje límite autorizado era un 30 %, no había obstáculos para que el trabajador participara de los ingresos, el problema era que la rentabilidad de las entidades no permitía acceder a esas compensaciones que en ocasiones no dependían de los responsables la dirección administrativa y los colectivos laborare, sino de órganos jerárquicos superiores.

Con la reforma hasta el 50% se pretende que aumenten los ingresos de los trabajadores, exigiendo que el respaldo sea la verdadera producción, que incremente la productividad, los bienes y los servicios, no los precios de estos, para evitar las expresiones inflacionarias. Y aquí es donde se instala el círculo vicioso que anticipamos como freno al proceso.

Cierto que de nada sirve elevar los límites si no hay producción, pero esta, en condiciones normales, no se logra si no existen incentivos y motivación suficiente para que los factores de producción incrementen sus niveles de productividad. Y ello lleva a los salarios que se pagan y la retribución del capital, y como ambas variables vienen determinadas de forma exógena por el régimen, las posibilidades de estimulear la rentabilidad son muy escasas. Además, está la cuestión de los derechos de propiedad, que gravita sobre los indicadores de gestión de entidades de titularidad estatal, con todo lo que ello supone (burocracia, jerarquía, arbitrariedades políticas, ineficiencia).

Por si lo anterior no fuera suficiente, existía un mecanismo, incluso más perverso, que podía llevarse por delante las utilidades que una empresa decidía pagar a sus trabajadores. Se trata del pago de los resultados de las acciones de auditorías, que se realizan al sistema de control interno de las entidades, y, que podían invalidar totalmente la distribución de las utilidades a todo el colectivo laboral si era negativa la situación. Esto exigiría una nueva acción de control, “cuestión que se dificulta, pues no siempre está la capacidad de los sistemas auditores internos y del nacional para ofrecer el servicio de forma oportuna y comprobar que se ha cumplido un plan de medidas”.

Al parecer, la nueva norma flexibiliza el requisito vinculado a la calificación de las auditorías en beneficio de los trabajadores, pues se distribuyen las utilidades a quienes no están señalados en el acta de responsabilidad administrativa o como implicados o responsables de las deficiencias detectadas.

Además, cuando por causas ajenas a la entidad no resulte posible ejecutar una acción de recontrol al sistema de control interno, se podrá realizar la distribución de utilidades, siempre que, transcurrido como mínimo un término de seis meses de aprobado el Plan de Medidas para revertir la calificación de Deficiente o Mal, se cumplan los requisitos siguientes: Acreditar que se realizaron las gestiones necesarias con el sistema nacional de auditoría para el recontrol a la entidad, sin lograr su realización; y que el nivel superior certifique que se han cumplido las medidas contenidas en el Plan de Medidas.

Por medio de estas decisiones se favorece, tanto la distribución anual como la anticipada de la utilidad generada, que se ha extendido ahora en el cierre de cada trimestre. Con ello, el régimen entiende que el marco es propicio para la participación del trabajador en las riquezas, pero a partir de resultados reales que se generen, que sean visibles en las producciones del país. Y aquí es dónde vemos el problema. ¿Cómo se obtienen esos resultados que después se procede a repartir?

Con estas medidas, las empresas dejarán atrás prácticas consistentes en distribuir las utilidades entregando dos, tres, y hasta cinco salarios medios si sobrecumplían los indicadores directivos, estableciendo diferencias entre empresas estatales y cooperativas, que no tenían esos límites. La nueva norma lo iguala todo para todos. Y la cuestión es la misma, ¿Cómo generar las utilidades?.

Los dirigentes comunistas cubanos se enfrentan a un escenario en que solo contemplan precios e ingresos. Y estos últimos, de forma homogénea, o en todo caso, haciendo referencia a los obtenidos por los trabajadores asalariados. Pero en cualquier economía, incluso en las socialistas o comunistas, que tanto da, el ingreso se descompone en salarios y beneficios empresariales, y estos dos componentes suelen presentar trayectorias diferentes y por qué no decirlo, competitivas. La lucha por el ingreso (excedente en terminología marxista) está en el origen de la lucha de clases que ha permitido a las naciones de economía de mercado avanzar y lograr niveles de prosperidad creciente para todos.   

Si no se entiende el mecanismo de formación y obtención de beneficios empresariales, difícil será repartir nada, por mucho que se modifiquen los límites. Y esto es lo que tienen que entender los comunistas cuando dicen que no van a permitir que una empresa ponga precios especulativos para tener más ganancias, porque eso beneficiaría a un colectivo, pero afectaría al resto. Esta frase de Murillo debería ir acompañada de la explicación de qué se entiende por precios especulativos y a qué colectivo perjudican, y luego habrá que discutir su significado.

Murillo expresó de forma clara este posicionamiento, al señalar con respecto a estas medidas, “aquí estamos rompiendo un gran círculo vicioso que teníamos, que era que no podíamos subir el salario porque no hay producción que lo respalde, y no hay producción que lo respalde porque el salario no estimula”. Si las cosas están tan claras, ¿por qué no se actúa ya?

En Cuba, los dirigentes consideran el trabajo como principal fuente de riqueza, y con ello se olvidan del capital, que es otro factor que, aun cuando sea de titularidad estatal, debe ser retribuido. La vía propuesta en la Tarea ordenamiento, subir salarios y rebajar subsidios, siendo acertada, no funcionó porque previamente no se hicieron las reformas en las estructuras jurídicas de derechos de propiedad que la economía cubana demanda y exige para prosperar. El perfeccionamiento del sistema empresarial que acometen los dirigentes comunistas tiene poco que ver con lo que necesita una economía para funcionar bien. Los incentivos para elevar la productividad por medio de la distribución de utilidades no sirven, no funcionan, si antes no se genera riqueza y prosperidad en las empresas. Lo demás, aburre.