Un nuevo marco para el ordenamiento territorial y urbano

Elías Amor Bravo economista

Por medio del Decreto-ley 42/2021 del Consejo de Estado, se aprobó la creación del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, lo que supuso la extinción del Instituto de Planificación Física. La ensoñación de los comunistas cubanos por creer que en Cuba no existe un conflicto histórico en estas materias, lleva a cometer errores incalculables.

El Instituto, como organismo de la Administración Central del Estado, pasa a ser la institución encargada de proponer la política del régimen en materia de ordenamiento territorial y urbanismo. Borrón y cuenta nueva. Como si el pasado no importase para nada. Intervención directa en un sector sensible de la economía, ligada con burocracia y jerarquía, ingredientes que explican la parálisis de la economía cubana y el bloqueo que ejerce el régimen sobre el pueblo cubano.

El nuevo organismo tiene que cumplir otro papel no menos relevante, ya que se le ha encargado la lucha y depuración de las ilegalidades en el ámbito de su competencia, aspecto que supondrá vigilar para respetar lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial y urbanos aprobados por el consejo de ministros, con las sanciones oportunas.

Entre sus funciones menores, “deberá avanzar en la nueva agenda urbana, en los asentamientos costeros y las regulaciones para su adaptación al cambio climático, concluir la actualización e informatización del catastro urbano, y simplificar y facilitar los trámites de la población”.

De modo que el régimen tiene en el Instituto Nacional un instrumento armado de nueva creación, pero vieja concepción, que someterá a las delegaciones provinciales y municipales bajo su mando, poniendo fin así a cualquier indicio de autonomía territorial en la política territorial y urbanística en Cuba.

En ese sentido, la concentración de poder del Instituto trae consigo el traspaso de las direcciones provinciales del Instituto de Planificación Física (IPF) de los gobiernos al nuevo Instituto, un proceso iniciado este mes de octubre. Movimientos de burocracia, desorganización, nuevos procedimientos, sin duda, lo que más necesita la economía cubana en estos momentos para superar la grave crisis.

Los dirigentes comunistas dicen querer, con este organismo, una mayor exigencia en el cumplimiento de la política estatal en este ámbito, mayor efectividad en la fiscalización del territorio y más eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a personas naturales y jurídicas. Otra cosa es que lo logren.

Por ejemplo, conseguir una mayor credibilidad del ordenamiento territorial o del catastro en Cuba, por mucho que se invierta en información y nuevas tecnologías, es una cuestión que se tiene que resolver en el marco jurídico y los tribunales, cuando las reclamaciones presentadas por los ciudadanos que experimentaron la confiscación y expropiación de sus viviendas, sin pago de la indemnización, vean recuperados sus derechos. 

Mientras tanto, si el régimen comunista quiere jugar, que lo haga, pero teniendo en cuenta la experiencia de los países del Este de Europa, donde hubo confiscaciones comunistas tras la segunda guerra mundial que se resolvieron 50 años después a favor de sus titulares, el final es bastante fácil de predecir.

El problema con el régimen comunista cubano es que está empeñado en poner en marcha iniciativas que pueden comprometer el derecho a la devolución del capital inmobiliario expropiado. En ese sentido los anuncios de que el Instituto procederá a otorgar los solares yermos para la construcción de viviendas a las personas naturales se pueden calificar, como mínimo, de irresponsables, teniendo en cuenta de quiénes son los solares y en qué condiciones están los mismos. 

No tiene mucho sentido que una persona natural que sabe que un solar es propiedad de otra, porque esto es conocido por todos los cubanos por muchos años que pasen, se ponga a construir o edificar. Las normas paralizan la propia actividad del Instituto.

Otro tanto cabe señalar con respecto al catastro. ¿Qué sentido tiene avanzar propuestas para establecer los coeficientes para la determinación del valor catastral en los territorios cuando existe un abundante capital inmobiliario que se ha derrumbado, desaparecido físicamente, haciendo imposible su recuperación y/o estimación? ¿Qué referencias de mercado existen para los valores catastrales?

Se entiende que el Instituto será un organismo burocrático más que, lejos de aportar valor añadido a la economía con sus actividades, proporcionará a las personas naturales y jurídicas los mismos servicios (plataforma Bienestar) que el Instituto extinguido, a la vez que apaga la actividad de las direcciones territoriales, sometiendo su gestión a la estatal. Posiblemente, lo más inadecuado que se puede hacer en una política como la urbanística, muy sensible a las demandas ciudadanas más próximas a los gobiernos locales.

De ese modo, los comunistas han conseguido con el Instituto lo que más les gusta.

En primer lugar, elevar la jerarquía del sistema de ordenamiento territorial y urbano, y en particular de la gestión del suelo. Y ello, lejos de contribuir a la necesaria construcción de viviendas, lo que hará es paralizar más aun al sector. La solución a este grave problema no se encuentra en la digitalización de los servicios o los procedimientos, sino en la creación de un marco regulador (las regulaciones urbanísticas, los permisos de licencias de obra, certificados de habitable y los dictámenes técnicos) que permita al sector de la construcción despegar, sin las ataduras que existen en los últimos 62 años.

En segundo lugar, aumentar el control y la inspección en materia de ordenamiento territorial y urbano, y con ello las sanciones y la represión, aludiendo unos fenómenos que, en Cuba, con un sistema económico de planificación central funcionando 60 años, nunca debieron existir, como son las violaciones de los planes de ordenamiento, las construcciones desordenadas y las ocupaciones de espacio en edificios multifamiliares. Estos fenómenos se deben más al bloqueo que ejerce el régimen sobre la población que a prácticas delictivas organizadas, como pretenden hacernos creer.

Al mismo tiempo, se anuncia un anteproyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, listo para su evaluación y aprobación por la Asamblea Nacional. Se desconoce el contenido, pero ya nos podemos imaginar de qué va. Más estado, más control, más burocracia y jerarquía. Los comunistas dicen que responde a prácticas internacionales o al perfeccionamiento del modelo económico y social, pero es evidente que con esos dispositivos y sin cambios en el marco jurídico de los derechos de propiedad, hablar de urbanismo, suelo, ordenación territorial o vivienda, es chico pleito. Lo veremos.