Los dirigentes comunistas jugando a banqueros: ¿Qué puede pasar?

Elías Amor Bravo economista

Otro buen ejemplo del atraso sistémico de la economía cubana y de las dificultades para dejar atrás un modelo, el social comunista, ya agotado. Me refiero a la Resolución 276/2021 del Banco Central de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial del 15 de octubre, que autoriza la concesión de créditos a las personas naturales para la compra de bienes del hogar y de servicios personales.

No se trata de una novedad. En el artículo 3 letra e), del Decreto-Ley 289 “De los créditos a las personas naturales y otros servicios bancarios”, de 16 de noviembre de 2011, hace una década, se estableció la posibilidad del acceso al crédito por las personas naturales para la adquisición de bienes para su propiedad personal o satisfacer otras necesidades. En aquel momento, la norma señalaba que esta modalidad de crédito para el consumo se iría aplicando de forma progresiva, “en la medida en que las condiciones económicas y financieras del país lo permitan”.

Bueno, pues parece que los dirigentes comunistas han pensado que este es el momento que esperaban y que las condiciones “económicas y financieras” del país permiten poner en marcha, justo en este momento, la concesión de créditos por el sistema bancario. Veamos. Caída del PIB de un 10,9% en 2020,inflación hasta agosto del 62,8%, déficit público por encima del 20%, situación de impagos internacionales alarmante. Si. Un escenario ideal para esta medida.

De modo que la Resolución 276/2021 del Banco Central lo que hace es autorizar a los bancos estatales (propiedad del gobierno) a conceder los créditos al consumo a las personas naturales para la compra de bienes del hogar y efectos personales. Y solo ello, de modo que conviene no hacerse expectativas cuando se trata de otros artículos (como medios de producción) o determinados servicios. La norma establece claramente que los créditos son para comprar bienes del hogar y efectos personales. Lo que se debería poder comprar con el sueldo que un trabajador recibe para sí y su familia. En Cuba no se llega a fin de mes y hay que pedir créditos. La inflación está acabando con la quinta  y con los mangos.

Por otra parte, el Banco Central autoriza solamente a realizar las operaciones al Banco Popular de Ahorro, al Banco de Crédito y Comercio y al Banco Metropolitano S.A. No parece existir ninguna razón para que ello sea así, pero esta decisión supone que aquellos cubanos que no tengan cerca de sus domicilios sucursales de estas entidades van a tener muchas más dificultades que otros, que operen en su vecindad, para acceder a los créditos. De modo que la norma parte, desde el primer momento, de profundas desigualdades sociales en función del hábitat de residencia, al margen de las condiciones económicas, deseos y posibilidades para acceder a los créditos al consumo a las personas naturales para la compra de bienes del hogar y efectos personales.

Nada se indica respecto de la formalización de la operación. Tan solo que será por medio de un contrato de crédito al consumo, con la forma de pago aplazado por las diferentes modalidades utilizadas en la práctica bancaria. Insisto, habría sido interesante ya que el régimen interviene y autoriza todo tipo de operaciones económicas, que se apostara por fórmulas crediticias imaginativas y novedosas, que no acaben siendo un quebradero de cabeza para los que se endeuden (el revolving, por ejemplo). La cuestión de las garantías sigue siendo un asunto sin resolver en la operatoria bancaria comunista.

La norma es clara en una cuestión. Quien desee acceder a uno de estos créditos debe cumplir con el requisito indispensable de demostrar suficiencia financiera, es decir, contar con unos ingresos personales “lícitos” y disponer, al menos, de una cuenta bancaria en un banco del Sistema donde acreditar el importe del crédito, de ser aprobado. Este punto es bastante explícito.

Y habrá que saltar varias vallas de distinta altura. Empezando por la primera, hay que dar un gran salto porque se exige suficiencia financiera. Esto significa que no se podrá conceder un préstamo por encima del 30% de los ingresos acreditados. Si el salario ronda los 26.000 pesos el crédito en el mejor de los casos y con una negociación certera, no podría superar 7.800 pesos de endeudamiento real, unos 120 dólares. Ya me dirán qué se puede comprar con ese dinero. Los intendentes que ganan 108.000 pesos pueden lograr préstamos de 32.400 pesos, unos 450 dólares. Tampoco es para andar tirando cohetes.

Estas estimaciones relativas a la “suficiencia financiera” se tienen que poner en relación con los importes mínimos de los créditos, que según la resolución tendrán un importe mínimo de 5.000 pesos cubanos y además, es obligatorio gastarlos en el mercado minorista que opera en pesos cubanos. El régimen quiere que el dinero se invierta dentro de la economía en el flujo comercial estatal que controla y además, al temer que la inflación haga imposible llegar a fin de mes a muchas familias, no se le ocurre otra cosa que autorizar el endeudamiento para que se tapen agujeros. Inconcebible que el modelo social comunista de Fidel Castro haya acabado dando estos tumbos.

La segunda valla a saltar es demostrar que se trata de ingresos “lícitos” y aquí tropezamos con la “legalidad socialista”. ¿Qué pasará con unos ahorros de debajo del colchón, o con una remesa de cierto importe de la familia de Hialeah?. ¿Se aceptarán como lícitos? ¿Qué dirá el comunista local cuando estas rentas afloren y reciba la información del agente bancario? Tal vez lo mejor sea dejar las cosas como están.

La tercera valla no es menos alta y complicada ¿Quién abre cuentas en los bancos del estado y, sobre todo, para qué? La idea del régimen es reforzar la bancarización de la economía y que la gente deje de utilizar moneda en efectivo, pero tal vez deberían entender que no es con créditos al consumo como se consigue este objetivo, sino con confianza, estabilidad y seguridad, aspectos que en la economía cubana son imperceptibles.

La norma establece que el importe y el plazo de la amortización del crédito será el resultado del análisis de riesgo que realicen los bancos a partir de la capacidad de pago del solicitante, las características del bien a financiar, vida útil y las garantías que se ofrezcan. Desde el punto de vista de la operatoria bancaria no supone novedad alguna. Esto es lo que se suele hacer, pero las condiciones pueden y deben variar en función de otros muchos factores que la resolución no incluye, como la negociación entre las partes, y en todo caso, una sugerencia que funciona muy bien en la economía de mercado libre: la confianza.

Otro aspecto que merece atención es la disponibilidad del dinero por la persona que finalmente obtiene el crédito. El banco no proporciona efectivo, sino que se pone a disposición del deudor mediante tarjetas magnéticas u otro instrumento de pago establecido en la legislación vigente, distinto al dinero en efectivo, conforme se pacte en el contrato de crédito. Esta exigencia coarta plenamente la libertad de la persona que solicita el préstamo y se endeuda, por lo que puede ser otro factor que retire a mucha gente de estas operaciones controladas por el estado. Sin duda otro aspecto que viene a confirmar que el interés del régimen no es ayudar a las personas a superar la crisis actual, sino a retirar efectivo y aumentar la bancarización de las operaciones, entendiendo que, por esa vía, pueden reducir la cantidad de dinero en circulación y moderar las tensiones inflacionistas en la economía.

Los dirigentes comunistas quieren jugar a ser banqueros profesionales del sistema financiero y crediticio, cuando no tienen capacidad y conocimiento, conduce a experimentos como este cuyo resultado es incierto. No hay ningún motivo, ni interno ni externo, que indique que esta vez, el enésimo experimento, va a salir bien. El anterior, como ya se expuso, el Decreto-Ley 289 “De los créditos a las personas naturales y otros servicios bancarios”, de 16 de noviembre de 2011 no funcionó y buen ejemplo de ello es que la estadística oficial ONEI no ofrece información de ningún tipo sobre créditos o financiación, y lo que ha ocurrido desde entonces ha sido una expansión sin precedentes de la cantidad de dinero en circulación hasta situarse en un 125% del PIB, la más elevada del mundo.

Este descontrol monetario tiene mucho que ver con la falta de confianza de los cubanos en la economía, y sobre todo, de la capacidad de sus dirigentes para encontrar una salida dentro del modelo. Si la economía cubana contase con un marco jurídico estable, predecible, de máximo respeto institucional para lo privado y estatal, no injerencista y donde los actores económicos pudieran tomar sus decisiones en función de los precios, todas estas medidas podrían dar efectos positivos. 

El sistema financiero es una de las asignaturas pendientes que se tiene que modificar en 180º en Cuba, porque su diseño y gestión actual es ineficiente, no realiza operaciones que son fundamentales para promover la riqueza y el bienestar, y es necesario que deje de depender de la propiedad estatal cuanto antes. Con diseños estándares, genéricos, sometidos a controles ajenos a la relación económica entre las partes, no es cómo trabaja el sistema bancario. La banca se basa en la relación personal, en la creatividad, en la adaptación a las necesidades de cada cliente y, por supuesto, el respeto a la regulación. En Cuba esta segunda opción es impensable en las condiciones actuales. Si esto no se supera, los cubanos no recuperarán la confianza en la banca.