¿Está justificada la represión económica que viene?

Elías Amor Bravo economista 

Varias noticias inquietantes apuntan a que el régimen comunista cubano ha vuelto a las de siempre: vigilancia, delación, represión y castigo. Esta vez, al hacerlo en el ámbito de la actividad económica, puede suponer un grave riesgo para la recuperación de la economía, tan necesaria como urgente.

El caso es que las autoridades de La Habana, tras detectar lo que califican de “violaciones laborales y comerciales” han iniciado un proceso de actuación contra ilegalidades, siguiendo las indicaciones de la pasada sesión del consejo de ministros.

La pax abierta durante el período de la pandemia del COVID-19 ha tocado a su fin. Díaz Canel lo dijo de forma muy clara para que nadie se llame a engaño, “lo que no podemos permitir es que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan; ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del socialismo”.

Lo primero es que está por ver que esa relación existe en Cuba. Estar en la ilegalidad en la Isla es consecuencia del modelo económico existente, que limita, coarta y prohíbe la libre elección de los actores económicos y la actividad privada independiente. No trabajar en Cuba es complicado cuando el coste de la vida se lleva por delante los míseros salarios y pensiones. La gente acepta cualquier empleo porque no puede elegir. Es probable que Díaz Canel, como suele ocurrir, estuviera hablando de otra Cuba.

La cuestión es que en ese consejo de ministros se insistió en la “defensa con orden de la revolución, y con ello estabilidad” para añadir a continuación, “nosotros no queremos que haya menos, al contrario, queremos ordenar para que todo se distribuya de una mejor manera y, sobre todo, legalmente, sin permitir espacio a la bribonería y al abuso”. 

¿Es que no se dan cuenta que esa ordenación es lo que impide que las cosas se distribuyan de forma eficiente? Lo que los comunistas llaman “bribonería y abuso” hunde sus raíces en la esencia del régimen comunista. Cuando los cubanos se ven obligados a salir del país para comprar en los mercados comerciales de Haití los enseres que luego llevan a la isla para su venta en el mercado informal, contemplan que en Haití no existen esos bribones y abusadores. El argumento del régimen se cae por su propio peso.

Por eso, han sacado los tanques a la calle, y han puesto en funcionamiento en La Habana un llamado “grupo provincial de enfrentamiento a las ilegalidades” que por lo visto entró como elefante en cacharrería en el proyecto de desarrollo local de Recreatur, Paseo Marítimo 1ra. y 70, del municipio de Playa, y no dejó títere con cabeza. 

Las acciones de control realizadas por ese “grupo represivo” al parecer fueron mucho más contundentes de lo que cabe esperar de una inspección y enfrentamiento a las presuntas violaciones, conductas de indisciplinas y descontrol que se observaron en el lugar, de modo que aplicaron 41 multas, de ellas, 37 por la Dirección de Inspección, dos por la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, y otras tantas por la Dirección Nacional de Inspección Estatal de la Industria Alimentaria (ONIE). Además, como en tantas otras ocasiones en el pasado, se realizaron cuatro decomisos, entregados todos a la ONIE.

Y aquí es donde viene la cuestión principal, porque según dice la prensa estatal, entre las principales violaciones detectadas, que en Cuba carecen del rango de presunción, y se acaban convirtiendo en delitos de forma directa, “están la de trabajadores ejerciendo sin concertar contrato de trabajo; precios abusivos y especulativos, con ganancias desmedidas en productos como refrescos enlatados, cervezas enlatadas, agua mineral, latas de Redbull; y la no licitud de 39,47 libras de langosta y cuatro kilogramos de camarones”. Las violaciones no son otra cosa que el resultado de la desesperación de la gente ante un modelo económico comunista obsoleto e ineficiente, que no es otra cosa que el origen de estos supuestos delitos.

Por si no fuera poco lo del “grupo provincial represivo”, la ONAT también se ha apuntado al carro, esta vez detectando los supuestos de impagos de impuestos, para los que tienen reservadas sanciones de embargo preventivo de cuentas bancarias. Menos mal que la ONAT sabe lo que es un embargo, no como los dirigentes comunistas que lo confunden con bloqueo y con otras cosas inexistentes.

Al parecer, la actuación de la ONAT cuenta con el apoyo del partido a todos los niveles e informará a los gobernadores provinciales y las entidades deudoras objeto del embargo preventivo, respaldado por los artículos 417 y 418 de la Ley No. 113 del Sistema Tributario.

Se recordará que para hacer frente al entorno de la pandemia, que supuso la práctica paralización de la actividad económica, el régimen decidió suavizar la angustiosa presión fiscal que ejerce sobre los actores económicos, estatales y no estatales. De nuevo, se ha vuelto a poner fin a esa etapa y el régimen anuncia desde la ONAT estos embargos preventivos a las cuentas bancarias de las entidades que no efectuaron los pagos a cuenta o parciales del Impuesto sobre utilidades y el aporte por rendimiento de la inversión estatal, correspondientes al tercer trimestre de 2022. Los bancos estatales facilitarán la búsqueda de las cuentas sin más problemas. El que no cumplió con sus obligaciones fiscales, se va a encontrar que su cuenta bancaria estará embargada, sin presunción de inocencia.

Según la ONAT ya se estuvo avisando a los titulares de las cuentas del vencimiento a través de varios canales de comunicación, se enviaron correos electrónicos a los contribuyentes, con quienes se realizaron intercambios; y se les reiteró su derecho de presentar solicitudes de aplazamiento. Al parecer no ha habido respuestas. Los cubanos no suelen estar acostumbrados a mantener un diálogo sereno y racional con sus administradores públicos, que suelen estar siempre opuestos a sus intereses.

De hecho, la ONAT anunció el pasado mes de junio, que se impulsaría la investigación de los conceptos que generan más incumplimientos para detectar posibles brechas o bolsas de evasión y se daría prioridad a la exigencia de las deudas de años anteriores.

En su momento, advertimos de las consecuencias negativas que este tipo de prácticas represivas pueden tener sobre unos actores económicos que están luchando para salir del bache de la crisis del COVID-190. No en vano, el PIB de la economía cubana sigue estando en el segundo trimestre de 2022 por debajo del nivel anterior a la crisis (todavía más del 5%). 

No es con más presión recaudatoria y persecución como se puede mejorar el funcionamiento de una economía, sino todo lo contrario. Pero el estado comunista necesita ingresos para financiar sus compromisos, y la situación está bien complicada. Más aún cuando lo que la ONAT califica de incumplimientos de las obligaciones corrientes de las personan naturales y jurídicas, pueden ser meros olvidos sin importancia ni intencionalidad, que se suelen resolver en los países con haciendas democráticas, mediante la negociación y sin medidas punitivas.

La ONAT justifica esta campaña represiva porque procederá a investigar los conceptos que generan más incumplimientos “para detectar posibles brechas o bolsas de evasión y se priorizará la exigencia de las deudas de años anteriores”. Muy bien, ¿y por dónde va a empezar?