Las "ilegalidades" en Cuba: un asunto de dos niveles

Elías Amor Bravo economista

En una entrada anterior nos hicimos eco de las acciones de enfrentamiento a ilegalidades que se han puesto en marcha por el régimen comunista en La Habana. La prensa estatal informó de unas acciones de control y fiscalización en establecimientos y puntos de venta de la capital en el proyecto de desarrollo local de Recreatur Paseo Marítimo 1ra y 70, del municipio de Playa, donde, entre otras “ilegalidades” se detectaron trabajadores ejerciendo sin concertar contrato, y la no licitud de 39,47 libras de langosta y cuatro kilogramos de camarones. La nota oficial dijo que igualmente, se hallaron precios abusivos y especulativos con ganancias desmedidas en productos como refrescos y cervezas enlatados, agua mineral y latas de redbull. Hay que ver qué ilegalidades tan graves.

A resultas, los llamados grupos municipales de enfrentamiento a la venta ilícita de alimentos, el acaparamiento, el desvío de recursos y los precios abusivos practicaron cuatro decomisos y aplicaron 41 multas, de ellas 37 por la Dirección de Inspección, dos por la Dirección Provincial de Finanzas y Precios y dos por la Dirección Nacional de Inspección Estatal de la Industria Alimentaria (ONIE).

Otro reporte oficial informó de que un operativo en la tienda Melones, del municipio Diez de Octubre, encontró como “ilegalidades”, que los trabajadores retenían mercancías, y había un faltante de 6.129 pesos correspondientes a las ventas de la jornada. En este caso, las autoridades comunistas decomisaron 11 paquetes de pollo, seis de picadillo, tres ruedas de cigarrillos H. Upman, 14 pomos de champú Sedal, y tres de acondicionador, que posteriormente fueron vendidos a la población.

También se realizó una inspección nocturna en las panaderías Cuba-Italia, Ciro Redondo y Gran Esfuerzo, detectando que el pan normado se encontraba bajo de peso y no cumplía con los parámetros de calidad establecidos en las cartas de normas técnicas. Por estas “ilegalidades” se impusieron a los maestros panaderos y a los administradores 8.000 pesos de multa por infringir lo dispuesto en cuanto a normas y precios.

Hubo igualmente sanciones en la zona de El Lido, en La Habana, donde los órganos de inspección aplicaron multas de 8.000 a un grupo de cuentapropistas, por la fijación de precios abusivos. Por otra parte, en el municipio de Playa se multó con 1.500 pesos al propietario de una cafetería privada que no pudo justificar con las facturas correspondientes la existencia de refrescos rones, dulces y galletas. Dos carretilleros también fueron multados con 8.000 cuotas, por establecer precios abusivos en la venta de cebolla (600 pesos por libra), tomate (300 pesos por libra), limón (250 – 300 pesos por libra), pimiento (350-400 pesos por libra).

La nota oficial informa que en el Consejo Popular Cojímar se detectó y fueron detenidos dos ciudadanos por venta ilegal de medicamentos; y en Guanabo se condujo la Policía a un individuo por venta ilegal de camarones. Finalmente, en un operativo efectuado en el Consejo Popular Víbora Park, del municipio de Arroyo Naranjo, se ocuparon en una casa-almacén 116 cartones de huevos, 43 paquetes de detergente, 34 jabones de baño, 29 paquetes de toallitas húmedas y 23 paquetes de toallas sanitarias.

La prensa oficial quiere llamar la atención sobre todas estas “ilegalidades” a las que, sin otorgar posible ejercicio de defensa de sus derechos a los sancionados, simplemente se les descabalga con multas que, en muchos casos, ponen en peligro los ingresos de un mes. 

Lo lógico es que muchos de estos productores dejen de prestar sus servicios y como consecuencia, los consumidores se encontrarán con los puestos cerrados y menos mercancía para comprar. Es el mismo cuento de los últimos 63 años, y además, el régimen comunista lo advierte hasta en la constitución: en Cuba no está permitido el enriquecimiento privado. 

El mercado informal puede surgir para dar satisfacción a las necesidades sociales no atendidas por el estado, pero llegado un momento, las autoridades lo persiguen, acosan y eliminan de un plumazo y ya está. No hay país en el mundo en que resulte tan arriesgado dedicarse a una actividad económica privada. Si, es verdad que el régimen comunista afirma que está luchando contra “ilegalidades” que dañan a la economía nacional. No es del todo cierto.

Por ejemplo, sumen ustedes el importe de esas “ilegalidades” que aparecen en esta nota y verán que no pasa de los 200.000 pesos. Puede que ni siquiera llegue la cifra total. Estamos hablando de una cantidad ridícula  para los estándares occidentales, y que posiblemente ni cubra los sueldos de policías, inspectores y chivatos, pero en Cuba, los sancionados lo van a pasar muy mal. No les quepa la menor duda. Y esto es lo que se pretende con este tipo de acciones represoras,

Además, todo ocurre porque según el modelo económico comunista impuesto en el país, determinadas actividades se califican como “ilegales” por el gobierno, por cierto, actividades que en otros lugares no tienen dicha consideración, pero sí en Cuba donde el parámetro que se utiliza es distinto, en función de cómo se vea.

Un buen ejemplo del parámetro de “ilegalidades” en este caso, cometidas por el régimen que sanciona a los vendedores habaneros, es cómo por ejemplo, funciona el sistema de explotación hotelera de Cuba. 

Resulta que la prensa estatal de estos días se ha hecho eco de que Blue Diamond Resorts en exclusiva, inicia operaciones en Cayo Largo del Sur. La compañía hotelera canadiense Blue Diamond Resorts junto a su contraparte cubana en el negocio, el Grupo Gran Caribe, cuyo accionariado es conocido por sus vínculos con el régimen, anuncian que cuatro de 11 propiedades renovadas en Cayo Largo del Sur abren sus puertas este 4 de noviembre. Los hoteles que dan la bienvenida al renovado destino son Memories Cayo Largo, Starfish Cayo Largo y The Villas Linda Mar y Marina. 

¿Cuándo se realizó la subasta y adjudicación de este negocio? ¿Hubo algún tipo de supervisión o simplemente fue una adjudicación a dedo? Nos encontramos, así de golpe y con el más absoluto silencio, una primera "ilegalidad", consistente que en los últimos meses el régimen había estado planeando ceder los hoteles que se suponen que pertenecen al pueblo, como activos de producción, a este grupo hotelero canadiense.

Pero es que además la adjudicación se ha realizado atendiendo a los intereses globales para los ciudadanos de todo el mundo, ya que los cubanos lo tendrán difícil a los precios y con la especialización que sale esta oferta al mercado. Segunda "ilegalidad". Los cubanos no pueden disfrutar del turismo en su país.

De modo que con estas dos sonoras “ilegalidades”, fáciles de recurrir en tribunales independientes, la primera no abrir en concurso público la asignación de estos hoteles para que participen otras empresas internacionales, y la segunda, la dificultad objetiva que tendrán quienes cobran sus sueldos y pensiones en pesos cubanos para alojarse en este resorte, sin embargo el régimen comunista persigue las ilegalidades de la miseria, del eterno resolver, de las necesidades no cubiertas, en concreto a los vendedores habaneros  acusándolos de ilegalidades y destruyendo sus pequeños negocios. 

Por otro lado, el mismo régimen comunista, con "ilegalidades" de gran calibre ha logrado que Blue Diamond Resorts Cuba, se convierta en la compañía de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el país, dejando atrás a otras empresas que ya operaban con los favores del régimen.

En realidad cuando se habla de ilegalidades en Cuba se accede a todo un universo de injusticias que tienen su ejemplo más evidente en el capitalismo de amiguetes y conchabeos que existe en el sistema turístico. No hace falta pensar mucho. Alguien se habrá llevado la tajada de Blue Diamond. Tiempo al tiempo. Esas si que son ilegalidades, y multimillonarias.