Víctimas colaterales de la guerra contra las ilegalidades: con fuego no se juega

Elías Amor Bravo economista

El régimen comunista cubano ha desatado recientemente una campaña agresiva contra lo que denominan ilegalidades, delitos y todo tipo de actividades ilícitas, casi siempre en el ámbito de los mercados informales y del comercio. 

La prensa estatal se dedica a tratar estos temas, ofreciendo solo la versión oficial, lo que impide conocer la opinión de quienes son objeto de denuncia, investigación, confiscación y represión. Sería bueno que en alguna ocasión se incluyeran las dos versiones de los hechos, que las hay.

Ahora resulta que la policía nacional revolucionaria ha descubierto que en las redes sociales circula un delito consistente en proponer la venta o compra ilícita de divisas, en su mayoría, a menor precio que el fijado para su comercialización. Es decir, el tocomocho cambiario en el siglo XXI, y a lo cubano.

El timo, o lo que sea, consiste en la sustracción de grandes cantidades de dinero a las víctimas, y a tal fin, el timador contacta con las víctimas para realizar el canje, generalmente en edificios altos, lugares apartados o viviendas con varias entradas y salidas, dice la nota en la web de la policía revolucionaria. 

Esto da una idea bastante aproximada del nivel de desesperación de la gente por conseguir las divisas y además hacerlo a precio de ganga, que es el anzuelo que sirve para atrapar a la supuesta víctima. Es evidente que si el cambio oficial fuera más adecuado, los cubanos no tendrían que recurrir a estas operaciones ilegales, pero nadie asume responsabilidades en el régimen castrista, solo la policía, actuando con dureza contra estos robos mediante el ardid o engaño, en los que según dicen, también se suele producir “la intimidación de las personas, la fuerza física, el empleo de armas blancas u otros objetos”. 

En realidad no debe ser para tanto, pero la seguridad del estado quiere alertar a la gente de que en determinados casos puede ocurrir. El que la gente utilice estos servicios y los busquen, dice justo lo contrario. El régimen lo justifica aduciendo que los timadores son personas de “buena apariencia física y características empáticas, que hacen que las víctimas confíen en que todo irá bien en el cambio”.

La mano de la policía no ha dudado a la hora de perseguir estos supuestos delitos, y así, se informa que a las personas detenidas se les ha aplicado “el debido proceso, recibiendo las garantías legales y medidas penales correspondientes como consecuencia de sus actos; otras, por su presunta participación, están en proceso de instrucción o a la espera de la vista del juicio oral”.

La amenaza encubierta se dirige a transportistas y propietarios de viviendas, que ofrecen su domicilio para la realización del acto ilícito, lo que los convierte en cómplices del delito y han de pagar por ello, en un claro ejemplo de cómo se resuelve este tipo de asuntos en la isla comunista.

Lo más curioso es que en Granma reconocen que “las investigaciones realizadas registran un número de hechos que no les consta denuncia” y entonces, desde la seguridad del estado se hace un llamado a la ciudadanía “a acudir a las estaciones de la PNR cuando sean víctimas de estos delitos, en función de su investigación y esclarecimiento”. La búsqueda de delatores no cesa. La nota concluye diciendo que el régimen seguirá actuando con la máxima energía ante delincuentes que pretenden enriquecerse mediante la afectación económica a las familias cubanas. Lo mismo que hace 63 años. No cambian.

Pero no contentos con ello, la prensa estatal ha informado que continúa enfrentamiento a ilegalidades en La Habana, y a resultas de ello se han decomisado 2.000 litros de aceite, 800 kg de pollo, más de 400 paquetes de salchichas y casi 200 jabones de la canasta básica, entre otras mercancías. 

El “éxito” de esta actividad lo ha logrado ese estrambótico Grupo de Control y Fiscalización del Gobierno de La Habana, del que ya se ha hablado en entradas anteriores de este blog, y que al parecer sigue haciendo de las suyas con todo el apoyo de la organización comunista detrás. De seguir así las cosas, en el enfrentamiento a las ilegalidades, con énfasis en el acaparamiento de productos para su reventa, no va a quedar títere con cabeza.

Los hechos sucedieron el pasado martes 8 de noviembre, en el municipio de Cotorro, cuando en una operación conjunta, las fuerzas de la PNR, la Dirección de Inspección Municipal y Provincial, y la Dirección de Inspección Estatal de Transporte “detuvieron dos ómnibus marca Girón, con matrículas B 025691 y B 209360, arrendados por las Cooperativa de Producción Agropecuaria Flor de Cuba y José M. Duarte, respectivamente, ambas pertenecientes a la rama azucarera del municipio de Colón, en la provincia de Matanzas”.

Como informa la nota oficial, en dichos ómnibus "viajaba un grupo de ciudadanos con grandes cantidades de productos alimenticios, de aseo y uso, adquiridas de manera ilegal en el barrio de La Cuevita, ubicado en el municipio San Miguel del Padrón".

Granma detalla los decomisos de las autoridades: 799.92 kg de pollo, 446 paquetes de salchichas, 291 litros de aceite, 150 tubos de picadillo, 81 paquetes de detergentes, 11 bolsas de trigo, 395 sobrecitos de comino, 312 unidades de caldo de pollo, 181 paquetes de refresco, 11 bolsas de fideos, 141 mini dosis de mantequilla, 700 chambelonas criollas, 1.065 tabletas de chocolates caseros, 156 jabones de baño (de los que se comercializan en la canasta básica), 660 u de cervezas, 83 bebidas energizantes Redbul. 

Si, han leído ustedes bien. Comida y productos de limpieza doméstica, y alguna chuchería infantil. Si. Esto es lo que se confisca por el régimen comunista cubano como si se tratase de oro, diamantes o joyas de gran valor. En Cuba se monta un operativo de la seguridad del estado de un coste económico desconocido, para confiscar alimentos, detergentes y chambelonas. Esto es lo que hay. Da para una película del gran Gutiérrez Alea.

Y, después, el trofeo dicen que es entregado por el grupo municipal de atención a los decomisos, del Consejo de la Administración Municipal a centros atendidos por la Seguridad Social. Y los destinatarios, lo más probable es que no reciban nada, porque casi seguro, que por el camino, alguien o varias personas, se lleven su “jabita”. 

Este suele ser el resultado de estas actuaciones de los grupos municipales de enfrentamiento a ilegalidades, destruir la economía, hacer imposible la obtención de beneficios, en el único ámbito en que ello es posible, que es el informal. Y ¿saben cuál es el resultado de toda esta operación? Pues que los cubanos que iban a comprar esas mercancías confiscadas por la seguridad del estado se quedan sin nada y vuelta a pasar privaciones.

Dentro de la actuación contra las ilegalidades, no se salva nadie. La nota de Granma explica cómo fueron penalizados el gerente, el jefe de piso y el responsable del almacén de la unidad comercial Ultra perteneciente a la cadena Cimex, donde se encontró otro valioso tesoro: 190 tubos de picadillo. La persecución se extiende, y llega a las tiendas estatales detrás de las que hay intereses militares y de la seguridad del estado, a los que no gusta que les pisen los callos. ¿Cómo puede acabar todo esto? Vaya usted a saber. Los comunistas cubanos no saben qué hacer. La guerra desatada contra las ilegalidades puede acabar con victimas colaterales imprevistas.