El pueblo de Cuba no puede pagar la deuda generada por su mal gobierno

Elias Amor Bravo economista

Nadie sabe cuál es el importe real de la deuda externa del régimen comunista cubano, y mucho menos, que tipo de acuerdos o compromisos subyacen con acreedores. Se sabe de negociaciones para salvar los impagos, pero la reciente sentencia del juicio de Londres vino a confirmar las maniobras de un mal gobierno para no pagar.

Los actuales dirigentes castristas saben que, si no se cumple con lo adeudado, el acceso a los mercados financieros internacionales es imposible; ya de por si complicado por la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

La grave crisis de liquidez del régimen significa menos dinero para comprar bienes, petróleo, alimentos, mercancías, en fin, todo aquello que Cuba necesita y no produce. En tales condiciones, el régimen recurre a donaciones, subsidios o regalías, para ir atendiendo sus necesidades puntuales, pero vivir al día es imposible en el ámbito de las relaciones internacionales, y tiene fecha de caducidad.

Si hay que pagar lo que se debe -que no es poco- y dejarse de maniobras evasivas; carecen de sentido los debates paralelos que insinúan la opción que el pueblo de Cuba asuma la abultada deuda generada por su mal gobierno; apelando a la infantil teoría que los cubanos, bajo el régimen totalitario comunista, son dueños de los recursos y medios de producción del país.

La tesis no resiste el menor análisis, pues -siguiendo su razonamiento, el partido comunista y la cúpula militar deberían responder ante la justicia, al haber decidido endeudar a la nación y por varias generaciones, sin consultar a sus legítimos dueños. Cuando un consejo de administración pierde la confianza de los accionistas -en este caso los cubanos- debe dimitir o ser cesado fulminantemente.

¿De qué modo puede Cuba con sus actuales recursos internos y externos afrontar esos compromisos y sentar las bases para continuar endeudándose, pero de forma menos asfixiante? La cuestión es relevante y sitúa el problema en la necesidad de honrar los compromisos de pago para evitar la calificación negativa que tiene Cuba en los rankings de las agencias de riesgo. Pero el problema es ¿De dónde salen los recursos financieros o los activos que sirvan para asumir los compromisos de pago?

Persisten las dudas de que Cuba, en las condiciones actuales, pueda hacerlo. Los que defienden la urgencia de explicar a los propietarios de los medios de producción fundamentales del país, el pueblo, que tal vez haya que recurrir a los mismos para pagar las deudas, se equivocan y, peor aún, desprecian e insultan la inteligencia de millones de compatriotas empobrecidos por el comunismo.

La Constitución de 2019 es muy clara al respecto. En el artículo 18 establece que “en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal”. El pueblo como propietario parece una entelequia que rompe con las bases de la apropiación de derechos de propiedad privada que caracteriza a la economía de mercado libre.

Es muy difícil encajar una cosa con otra. Más aún, cuando el Estado -a través de la propiedad socialista de todo el pueblo, artículo 22-A, “actúa en representación y beneficio de aquel como propietario”.

El enredo es grande y de difícil solución. Lo dicho en la Constitución equivale a asumir que el patrimonio productivo de la nación (las tierras, las fábricas, el capital financiero, los hoteles, las minas, etc.) se pudiera valorar en términos nominales y dividirlo en participaciones idénticas que corresponderían a cada uno de los 11 millones de cubanos. Y luego, cada cubano cede sus participaciones al estado comunista para que gestione esos activos. Increíble y bochornoso; incluso para comunistas y revolucionarios.

Cualquier propuesta de compensar deudas por medio de la gestión que realice el Estado de esos activos; que pertenecen al pueblo, parece una quimera. Si hay ganancia en la compensación, ¿Quién sale beneficiado?, tal vez el que vende, en este caso, el Estado; y en caso de pérdida, ¿A quién corresponde asumir el quebranto? Este es solo un pequeño problema de los muchos que pueden surgir si el régimen comunista cubano decide pagar o compensar sus deudas con los medios de producción de propiedad del pueblo.

Incluso, las valoraciones nominales de los activos que se sometan a compensación de deudas pueden acarrear no pocas dificultades, porque los precios y el tipo de cambio actual plantea no pocas dificultades adicionales. Por ejemplo, qué valor pueden tener los nuevos hoteles “propiedad del pueblo” y administrados por empresas del estado, hasta centenares de empresas, también propiedad del pueblo y administradas por organizaciones estatales. No es fácil.

Argumentos políticos e ideológicos no van a faltar en el debate. Desde acusaciones de privatizar bienes del estado; a “ceder soberanía” o pervertir el socialismo por la penetración capitalista, se van a mezclar con los argumentos técnicos, lo que servirá para oscurecer la discusión. En suma, los dueños de todos los activos, los cubanos, no deben responsabilizarse del pago de una deuda no contraída por ellos. Ni siquiera asumiendo su parte de responsabilidad al haber asignado, supuestamente, al estado comunista la gestión de esos activos.

Por lo tanto, la pregunta ¿Debe el estado, en nombre del pueblo, desprenderse de los activos para compensar las deudas y poner el contador a cero? Tiene una respuesta. No. Y mucho menos por el actual estado comunista cuya capacidad de gestión es nefasta y no ha significado en 64 años una mejora en las condiciones de vida de los cubanos, sino todo lo contrario. 

Incluso aunque los activos puestos a disposición de los acreedores, en parte o en su totalidad, fueran de interés, de lo cual existen serias dudas teniendo en cuenta el estado de obsolescencia y postración de la economía cubana, tampoco estaría justificada la operación de compensación, por cuanto ello supondría un sacrificio presente no compensable por mayores ingresos en el futuro. 

Antes de “malvender” el país y utilizar activos de propiedad del pueblo para compensar deudas, hay numerosas fórmulas que se deben explorar y que el régimen no tiene en cuenta. Incluso, la privatización de los activos de la economía cubana en favor de los cubanos, la puesta en valor de toda la economía, y la superación del enfoque marxista leninista de la constitución, podría ser un buen comienzo de este proceso. Tras el derrumbe del muro de Berlín, los países del este de Europa entendieron que el excesivo peso del estado comunista en la dirección y control de las economías había sido un lastre pesado para superar sus dificultades económicas.

Por ello, en cuanto se llevaron adelante los procesos de privatización empresarial, el capital internacional comenzó a llegar a estos países generando oportunidades de empleo y desarrollo tecnológico nunca vistas. Tal vez esa sea la secuencia virtuosa que Cuba debería emprender, pero en las actuaciones condiciones y con el régimen político actual eso es impracticable.

Lo más probable es que el debate acabe en nada. Que sería lastimoso. La economía cubana necesita financiación internacional para avanzar, y eso solo será posible si se pagan las deudas. Y si ello necesita coherencia en las reglas de juego, pues adelante. Lo mismo que confianza, credibilidad y certidumbre. En definitiva, transparencia y claridad. Luz y taquígrafos porque nuevos acreedores aguardan en Londres por más de mil millones de dólares impagados.