Comida diaria e inflación: los dos graves problemas de la economía cubana sin solución

Elías Amor Bravo economista 

Los comunistas se despidieron del período de sesiones en la Asamblea nacional con dos ideas.

En primer lugar, que hay que “producir alimentos en el menor tiempo posible, para materializar el contenido y el propósito de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional”

En segundo lugar, que hace “falta una mejor actuación en el control de los precios en el país”.

Delimitados los problemas, el lío empieza cuando los comunistas plantean cómo los quieren resolver. 

Para comer todos los días y no pasar las actuales penurias, se tiene una confianza ciega en la implementación, tanto de la Ley de soberanía alimentaria, como de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, que sin embargo, como se reconoce, “no han logrado aún el impacto en la producción de alimentos que necesita el país”.

Se reconoce por los dirigentes comunistas que aún este concepto de soberanía alimentaria como la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible no es conocido, y se duda de la posibilidad de reducir la dependencia de las importaciones de medios e insumos. Mientras, la población no está para monsergas, viendo que la canasta normada apenas da para menos de una semana y la mayor parte de los productos se retrasan.

De modo que los comunistas creen que si no se avanza en estas cuestiones es por dificultades burocráticas, además del conocimiento general de los contenidos de la Ley, como por ejemplo, el funcionamiento de las comisiones, y la integración de los diferentes actores, o la lentitud en el proceso de creación de autoconsumo en las entidades de la producción y los servicios. En fin, majaderías de burócratas que no hacen otra cosa que alarmar al pueblo y también a algunos dirigentes, como Esteban Lazo en ese mismo espacio de la Asamblea.

Por si no fuera poco el daño causado, vienen curvas, ya que los comunistas están convencidos de que la soberanía alimentaria se tiene que resolver por medio del desarrollo local, como la referencia de los dirigentes comunistas a los estanques en las casas para criar peces que luego se comen, o extender a toda la población las prácticas comunes en las viviendas rurales, basadas en la cría de cerdos, gallinas, chivos, ovejos, conejos y otras aves, así como la siembra de yuca, plátano, frutas y otros cultivos en los patios. Increíble.

Meter a los comunistas a nivel territorial en el control de todo esto es poner a la zorra a cuidar de las gallinas, y no tardaremos en observar cómo aumentan las confiscaciones, las denuncias y delaciones y las prácticas represivas del régimen en cuanto se incrementen las producciones sin estar bajo control.

Los dirigentes reconocieron “los insuficientes mercados y puntos de ventas gestionados por las formas productivas y las empresas agropecuarias para comercializar directamente sus producciones y abaratar precios” pero hacen muy poco por liberalizar el sector e incorporar a los intermediarios privados como actividad por cuenta propia o las mipymes en la distribución. Y se quejaron “de la deficiente contratación a los productores, como muestra del mal funcionamiento de las empresas y acopiadores” pero eso es consecuencia, igualmente, de los obstáculos que crea el régimen para la libertad económica.

La obsesión con los sistemas productivos locales fue también expuesta por Díaz Canel que, al igual que ocurrió con la tarea ordenamiento, sigue empeñado en llevar adelante una política de traspaso de competencias económicas a los sistemas productivos locales que tiene mucho de huida adelante y de suicidio en esta situación de crisis extrema de la economía.

En contra de lo dicho por Díaz Canel que se equivoca en este asunto, no es verdad que las principales formas productivas de un territorio deban tener subordinación municipal. Falso. La producción tiene que alcanzar la escala técnica que permita obtener rendimientos crecientes a escala con costes unitarios más bajos  posibles para vender igualmente a precios bajos. La apuesta por lo pequeño y local es justo lo contrario, y no puede salir bien.

En todos los países, el desarrollo local no se debe dedicar a producir alimentos o manufacturas, sino que es una actividad promovida por los poderes públicos para compensar aquellas actividades en las que el sector privado no entra o lo hace de forma deficiente. No es posible robustecer sistema productivo local alguno con el desarrollo local. Llevar el modelo comunista del estado central a los poderes locales es un grave error que va a trastocar la estructura productiva de la nación. Paren cuanto antes esta estrategia que es francamente ineficiente.

¿De que sirve incorporar obligatoriamente a todos los organismos, entidades y organizaciones a fin de desarrollar acciones en función de incrementar la producción de alimentos si la escala de producción no es la adecuada? Pues que nadie tendrá interés en participar en actividades que no remuneren el esfuerzo. Avisamos. Esta no es la fórmula para aumentar la producción de alimentos y resolver el problema del hambre, por el contrario, puede agravar el problema y dejarlo en una situación mucho más compleja que la actual.

Para producir y satisfacer las necesidades del pueblo y del resto de los destinos que estén comprometidos hay que olvidarse de la ley de soberanía, del desarrollo local y de todos estos “experimentos” y ponerse a trabajar. El autoabastecimiento por muy bien que se gestione no es la solución para paliar el hambre.

La capacidad de incrementar los volúmenes productivos de alimentos, dejar atrás el hambre y la carestía, implica más tierra en producción y de titularidad privada, mayor escala técnica de las explotaciones, recursos para financiar insumos, contratación de trabajo productivo, capital extranjero, buenos salarios en el campo, y mercados para ser abastecidos a escala nacional. Cualquier otra fórmula es un parche que no dará resultados. Por eso los indicadores del plan en la agricultura apenas llegan al 30%. Un desastre.

La segunda idea de los diputados de la Asamblea es que en el transcurso del primer semestre del presente año se ha mantenido la tendencia al alza de los precios, una peligrosa inflación que al cierre de junio mostró un crecimiento acumulado de 18% y, en comparación con igual periodo del año anterior, de 45%. Ello después de haber cerrado 2022 con un 39%. Las luces de alarma se han encendido.

Y aquí, por primera vez, se reconoció que los elevados déficits fiscales pesan y mucho sobre el comportamiento de los precios, pero el ministro de finanzas y precios justificó el descontrol del gasto en que en los últimos ejercicios económicos ha habido la necesidad de respaldar, en un escenario de crisis económica, “las demandas crecientes de gastos vinculados a las políticas y programas sociales, incluida la atención médica y la vacunación de toda nuestra población en el combate contra la pandemia de la COVID-19”. 

Bien está el argumento, pero la pandemia ya quedó atrás hace dos años y todos los países del mundo han dejado atrás aquel escenario de gastos extraordinarios. Entonces, ¿Qué está pasando en Cuba?

Pues que la expansión del déficit ya no tiene que ver tanto con el descontrol del gasto, sino con una merma de ingresos consecuencia del grave estado de la economía. Ni siquiera el escenario inflacionario en el cual se desarrolla la economía cubana en los años más recientes ha permitido obtener más ingresos, por la vía de la inflación nominal, y el efecto ha sido la depreciación del peso en el mercado informal que es el indicador más preciso del valor que otorgan los agentes económicos a la economía cubana con respecto a la mundial. De modo que el problema del régimen es que, además de ser incapaz de definir una estrategia de reducción de gastos, se encuentra con una economía que recauda cada vez menos.

Y entonces, ¿Qué plantearon los comunistas para controlar el daño causado por la inflación? Pues una vez más, opciones erróneas e ineficientes basadas en el respeto al modelo económico de planificación central que se mantiene a duras penas contra uno de sus enemigos más reconocidos.

En primer lugar, el régimen quiere una vez más que los gobiernos locales regulen los precios en una determinada nomenclatura de productos de impacto en la población. ¿Qué cabe esperar de este tipo de medidas? Pues cosas tan absurdas como que la libra de malanga cueste en La Habana el doble o el triple de Bejucal. O al revés lo que podría ser peor. Y quién arregla eso.

En segundo, volver a la concertación de precios de acopio y a la población con los diferentes actores económicos. Una propuesta que ya se aplicó pero que no sirvió de nada porque esa concertación no permite unos niveles mínimos de rentabilidad a todos los participantes en el proceso.

Tercero, vincular de forma directa las entidades presupuestadas, que prestan servicios básicos (Salud, Educación, Deporte y Cultura), para que puedan concertar precios y suministros estables. Una vez más, el recurso a la concertación apunta al fracaso, en la medida que rara vez responde a la oferta y demanda. Las entidades presupuestadas tienen dificultades para asumir los pagos de sus compromisos y pueden acabar aumentando la temida cadena de impagos.

Cuarto, una medida que puede crear graves distorsiones ha sido la aprobación por las autoridades locales de bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios en los procesos de concertación cuando se alcance una reducción estable de los precios. Vincular la concertación con los impuestos puede dar lugar a determinados comportamientos ineficientes y distorsiones en los agentes económicos.

Quinto, más medidas de control y exigencia a las entidades comercializadoras estatales sobre el ajuste de sus márgenes comerciales a los límites establecidos. Y quién dice qué márgenes comerciales y por qué importe. Los que se dedican a la actividad económica no ven bien que venga alguien de fuera y les diga lo que y cuánto pueden ganar.

Y en sexto, por última, se pretende intensificar las acciones de comunicación sobre los precios concertados y los resultados de los controles de precios realizados. Burocracia.

Los propios dirigentes reconocieron a los diputados que la evaluación de la aplicación de estas medidas en el periodo transcurrido desde su aprobación, muestra que los resultados son insuficientes y no logran un impacto apreciable en la población en cuanto a la presencia de productos y disminución de los precios, que favorezcan su capacidad adquisitiva. Dicho de otro modo, no sirven de nada. Y por ello, el ministro en vez de reconocer su responsabilidad, dijo que el mal funcionamiento fue debido a los sistemas de trabajo aplicados en los municipios y provincias.

Sin embargo, por ejemplo, en la concertación de los precios como ya se indicó, se cuestionó que los comités desatiendan productos y servicios básicos para la población, que prestan actores económicos no estatales. Y también la falta objetividad en la concertación de precios agropecuarios y de otros productos, determinado por la insuficiente contratación del acopio de las producciones en cada municipio donde no se alcanza el potencial productivo.

Esto guarda relación con la estrategia de traspasos de poderes a los entes locales lo que lleva a una insuficiente contratación del acopio de las producciones en cada municipio, que en la generalidad de los casos no abarca el potencial productivo ni integra a todas las formas productivas. Dejar a la oferta y demanda funcionar libremente podría ayudar a resolver buena parte de estos problemas.

Igualmente, el ministro reconoció que se acuerdan precios sobre productos agropecuarios que no tienen real presencia en la red de comercialización: mercados y puntos de venta; y no siempre se implica a los productores y comercializadores ni se reconocen los costos y los gastos en los que se incurre, sino que constituyen topes de precios que no comprometen a la producción y el acopio. Entonces, ¿Qué sentido tiene acordar este tipo de topes de precios? ¿Para qué dedicarse a una tarea que carece de valor social y que no beneficia a nadie?

El ministro justificó la limitada efectividad de las medidas aplicadas, a la aparición de los conceptos de “precios abusivos o especulativos”, que han provocado reacciones de todo tipo, y que se quieren resolver con la Resolución 148/2023, Metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas, que entró en vigor este 21 de julio. Una norma intervencionista y burocrática destinada a que el régimen meta las narices en las regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios, con criterio inclusivo para todos los actores económicos, incluidos los no estatales, como expresión de contar con un único sistema empresarial. Una clara marcha atrás en lo que debería ser el proceso de liberalización de la economía.

A estas alturas de la historia, que los comunistas cubanos crean que se pueda controlar las regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios, con criterio inclusivo para todos los actores económicos deja entrever que han aprendido bien poco de cómo funcionan los agentes de la economía, y que ir por esa vía es una pérdida de tiempo. Regular los márgenes y ganancias es peor que topar los precios. No tengan la menor duda, la producción se estancará en los próximos meses.

Pero da igual los comunistas informaron a los diputados de las acciones que van a emprender para el control de la inflación, entre las que citaron, fortalecer a nivel de gobiernos locales el sistema de trabajo para el seguimiento y control de los precios, para todos los sectores de la economía, estatal y no estatal; también, consolidar el mecanismo de concertación de precios de productos de impacto en la población; y desplegar un amplio proceso de capacitación y preparación de las instituciones y actores económicos, que asegure la implementación de la metodología.

Estas medidas se complementarán con la elaboración, aprobación e implementación de la regulación general sobre índices máximos para la formación de precios en la actividad comercial que desarrollan las formas de gestión no estatal con base en la importación; también el incremento de las acciones de monitoreo y control sobre los precios, la intensificación, por el MFP y su sistema; del programa de verificación del ejercicio de las facultades de aprobación de precios, descentralizadas a organismos, órganos y entidades empresariales y finalmente, perfeccionar el sistema de información sobre las decisiones de precios concertados y sobre los resultados de las acciones de control y enfrentamiento a las violaciones de precios. ¿Han oído hablar de oferta y demanda, de mercados libres, de ajustes flexibles? En ningún caso.

Que alguien crea que se puede luchar con estos parches contra la inflación es un grave error, que en todo caso, de conseguir frenar los precios, lo hará con un elevado coste en términos de actividad productiva. El ministro de Finanzas y Precios debería reflexionar.