La batalla de los precios del transporte privado en La Habana; ¿Quién ganará?

Elías Amor Bravo economista

Cada cierto tiempo, el régimen despliega instrumentos de propaganda y manipulación para organizar campañas contra las pequeñas parcelas de actividad privada que surgen en la economía. Se trata de mantener una relación amor odio entre lo privado y estatal, porque  los dirigentes saben que necesitan del aporte de estas entidades privadas para atender las necesidades no cubiertas por la ineficiente oferta estatal. Pero al mismo tiempo, no se quiere que estas actividades privadas prosperen y lleguen a suponer un poder económico alternativo al político del régimen.

La polémica reciente sobre las tarifas a aplicar por los boteros en La Habana tiene mucho que ver con este tira y afloja en que desde el régimen se declara que “la posible solución pasa por disminuir el egoísmo y las miradas individuales, para aumentar las acciones concretas a favor de todos, y que ese mejor es posible no quede en meras palabras, porque el término prosperidad debe constituir un factor alcanzable, no una eterna utopía”. Hermosas palabras, sin duda, que no han servido para aplacar los ánimos.

Porque los precios del transporte privado en La Habana se fijan por las autoridades, y aquí está el problema. Según la Resolución 132 de la gobernadora provincial del poder popular de La Habana, para fijar las nuevas tarifas se tuvo en cuenta la Resolución 240 del 2020, que establecía los precios de este servicio, vigentes hasta el momento, el chequeo del comportamiento de los precios de los trabajadores por cuenta propia vinculados a la transportación de pasajeros durante 2022 y los primeros meses del presente año; así como la confección de una ficha de costo con todos los elementos indispensables por concepto de gasto. ¿De veras que todo ello se ha utilizado para fijar las tarifas? Pues trabajo perdido a conciencia. Los nuevos precios no gustan ni a clientes ni oferentes del servicio.

Ha habido disgustos para todos. Por ejemplo, se denuncia que las tarifas no han sido acatadas por la mayoría de los transportistas privados, que mantienen los precios anteriores, o han disminuido el costo de los servicios, pero no a las cifras acordadas con el gobierno de La Habana. A resultas, en la prensa estatal se denuncian malos tratos de los conductores que han reducido la oferta, es decir, el número de autos en servicio y los pocos que se mantienen no paran o reducen la distancia de la ruta habitual. Incluso algunos clientes dicen que han disfrutado de los servicios ofrecidos por los taxistas no estatales con los precios establecidos.

Hay clientes que quitan cualquier responsabilidad a los conductores de la situación, y de si cumplen o no con la resolución y cuestionan a aquellos clientes que pagan 150 o 200 pesos, pues su objetivo es llegar al destino, y esa actitud perjudica a los demás ya que estimulan el mantenimiento de altos precios. Desde el régimen se insiste en que las regulaciones han servido para controlar las tarifas, gracias a la actitud de los conductores estatales encargados de cooperar en las paradas, que cobran por su servicio. La gente, en todo caso, asume la situación de escasez y altos precios y se resiste a formular quejas, porque sabe de su escasa atención por las oficinas burocráticas, y porque se asume que la situación con el modelo actual no tiene solución.

Y si los clientes se someten a la situación, los conductores, los boteros, verdaderos protagonistas de esta situación, dicen que los intercambios con las autoridades fueron un diálogo de sordos, en que el régimen no movió ficha e impuso de forma obligatoria su posición a taxistas no estatales, que expusieron sus demandas, como los elevados costes que deben afrontar por lo insumos, o las circunstancias familiares al régimen sin éxito alguno. Las autoridades identifican a los transportistas con sector privado, ganancia, riqueza, y esto crea alarma inmediata y la necesidad de imponer criterios sin entrar en consideración alguna sobre las difíciles condiciones climáticas, cansancio físico, jornadas nocturnas. Las tarifas están para ser cumplidas y punto.

La ficha de coste es otra referencia critica para los transportistas privados, por sus características y elaboración. Respecto de lo primero la ficha es un documento estático, que no capta los cambios producidos en los costes que inciden temporalmente sobre la actividad del transporte. Los gastos en que incurren los transportistas en su jornada, como alimentación, mantenimiento, piezas de repuesto, impuestos a abonar y otros están cambiando continuamente y esto es complicado de reflejar. Además, la ficha se aplica solo a los privados,  dejando fuera a otras figuras como las gazellas, los servicios de taxi, las cooperativas 1 y 2, que también pertenecen al Ministerio de Transporte.

Los transportistas se quejan de que las nuevas tarifas se utilizan más como enfrentamiento y control en la vía por parte de los órganos competentes, y se aplica a los choferes que son detectados violando los precios el Decreto 30 de 2021 y si ejercen la actividad de manera ilegal, se actuará con mayor rigor, a tenor del Decreto 45 del 2021.

Las medidas han creado alarma en la capital en algo tan simple como el precio del servicio de transporte. No es para menos. Las magnitudes lo justifican y no se puede andar con experimentos comunistas en un sector tan importante como el transporte. En La Habana, por todos los medios de transporte, hay una demanda de transporte diaria de 600.000 pasajeros. De ellos, 536.052 son movidos por operadores estatales (89,3%), mientras que 63.948 se trasladan por otras formas de gestión (10,7%). En la actualidad existen 46 rutas de transporte de pasajeros operadas por porteadores privados, con una distancia media de 11,6 kilómetros aproximadamente.

La medida de la demanda exige una oferta responsable, suficiente y bien gestionada, donde los privados aventajan claramente a la estatal, que pese a su mayor participación, no gusta a nadie. El mercado sería un instrumento mucho más eficiente para fijar los precios y evitaría las problemáticas diarias del transporte de pasajeros, una asignatura pendiente, de las muchas, del régimen comunista.