Un presupuesto que no ayuda a estabilizar la economía

Elías Amor Bravo economista

El dato más relevante de la economía cubana en este primer semestre de 2023 es la inflación, y le sigue, por su importancia, el déficit fiscal del presupuesto del estado. Los dos dependen de la gestión del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, que ofreció una serie de informaciones en el pleno de la Asamblea nacional que llaman la atención.  

Para empezar, el ministro dijo que los ingresos del presupuesto del Estado alcanzaron los 245.020 millones de pesos, con un cumplimiento del 101% del plan para el año. Además, la caída de la actividad económica no ha afectado la evolución de la recaudación, que prácticamente se ajusta a la previsión. 

Unos 22.275 pesos por habitante miden la dimensión de la presión fiscal en Cuba. Tal vez se tendría que preguntar a los cubanos si están de acuerdo con destinar una cifra per cápita de esta magnitud para financiar el aparato del estado comunista.

Por otro lado, los ingresos tributarios, derivados de la aplicación normativa de los impuestos, tasas y contribuciones, fueron el 48% de la recaudación total. Todavía no llegan al 50% del total.  El resto de la recaudación, el 52%, procedió de los instrumentos no tributarios que el régimen comunista utiliza para detraer directamente valor de las empresas y organizaciones de su titularidad, sobre los que existe poca transparencia y un elevado grado de autonomía por parte del estado.

Según el ministro, en el ejercicio fiscal de 2022 se destacó "el aumento de las contribuciones asociadas a los resultados empresariales: impuesto sobre utilidades y rendimiento de la inversión estatal, tanto en valor absoluto como en su participación de los ingresos totales, lo que demuestra la prevalencia del sistema empresarial estatal como principal fuente de recursos presupuestarios". Asimismo, se obtuvieron ingresos superiores a los planificados en las recaudaciones arancelarias (la importación no comercial prorrogada hasta diciembre) y otros impuestos y derechos, estos con destino fundamentalmente a los presupuestos locales.

De modo que, aún cuando se registró un sobrecumplimiento de los ingresos planificados, el ministro reconoció que "no se alcanzaron las cifras previstas en los impuestos sobre las ventas, sobre los ingresos personales y por la utilización de la fuerza de trabajo", que son precisamente los que tienen una relación más estrecha con la actividad económica sobre todo de los actores privados.

Todo ello, vino determinado, según el ministro, por el comportamiento de la circulación mercantil minorista, que no conviene olvidar que está completamente fragmentada en un 70% en pesos y el 30% en MLC. También el ministro habló del "incumplimiento y las indisciplinas tributarias de morosidad en el pago y la subdeclaración de los ingresos obtenidos y del personal contratado". Con respecto a la gestión tributaria, el ministro dijo que se ampliaron los servicios y facilidades a los contribuyentes, lo que ha permitido orientar el pago de los tributos por las personas naturales en más de un 43%, a través de los canales electrónicos.

Sin embargo, el ministro reconoció que aun cuando se incrementaron en número las acciones de control y comprobación de las obligaciones fiscales por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), el efecto fiscalizador no se logró revertir las brechas de incumplimiento. Es evidente que el sistema tributario es ineficiente, está mal diseñado, y su funcionamiento aleja al ciudadano de sus obligaciones fiscales.

Según el ministro, esto requiere "reformular y reestructurar los planes de control tributario, potenciando la selección de contribuyentes a fiscalizar, el cruce de información de trascendencia tributaria con el sistema bancario, la Aduana General de la República, las entidades comercializadoras mayoristas y el procesamiento de los expedientes de denuncias por delitos de evasión fiscal, para contener y reducir las indisciplinas y violaciones en el pago de los tributos, que quebrantan el deber constitucional reconocido de contribuir al sostenimiento de los gastos en nuestra sociedad". Una agenda represiva y controladora que avizora unos próximos meses de dificultades para los actores económicos en sus relaciones con el fisco.

En el período que se liquida, el ministro señaló que los gastos presupuestarios ascendieron a 315.260 millones de pesos, el 99% de lo aprobado, otro ajuste estrecho. Nada más y nada menos que 29.660 pesos por cubano. Por otro lado, el gasto social ascendió a 233.424 millones de pesos, el 74% de los gastos totales, dirigidos a sostener los programas que aseguran los servicios básicos, mayoritariamente en forma de gasto corriente (sueldos y salarios, transferencias, subsidios, etc.).

Algunas partidas destacadas como Salud, el 26% del presupuesto ofreciendo 99 millones de consultas médicas en la atención primaria. Educación el 23% del gasto social. Las dos casi suponen el 50% del presupuesto. Después, Cultura un 3,2%, para ofertas culturales, desarrollo de programas y jornadas conmemorativas, ferias y eventos, y la transmisión de radio y televisión. Deportes un 1,8 %, para eventos deportivos internacionales, nacionales y de los territorios. Y asistencia social un 2,6%, para proteger a personas con insuficiencia económica y en situación de vulnerabilidad.

También aumentó el presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación y al Programa de Medio Ambiente para la conservación de la flora y la fauna y del desarrollo genético.

Las transferencias del presupuesto del estado para la actividad empresarial significan el 16% de los gastos totales. De estos recursos, el 66% se destina a subsidios aprobados a los precios minoristas de bienes y servicios de alta sensibilidad para la población, entre ellos, el subsidio a la tarifa eléctrica para el sector residencial y agropecuario; el subsidio a productos alimenticios para niños y dietas médicas a embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas; los subsidios a medicamentos, entre otros. En cierto modo, un retorno a la situación que había antes de que la tarea ordenamiento llegase eliminando todos los subsidios de la economía. La vuelta atrás explica muchas de las incertidumbres de la economía.

Por lo que respecta a la financiación de inversiones y otros gastos de capital, se destinó un 69% a inversiones de infraestructura en sectores estratégicos, como los programas de vivienda, de desarrollo hidráulico y hotelero, para la transformación energética y mejorar las infraestructuras eléctrica y vial.

Además, se aseguró la amortización de créditos bancarios obtenidos en años anteriores, para obras y equipos de infraestructura del sistema empresarial, en sectores del transporte, del turismo, electro energético y en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Y por otro lado, se asignaron recursos para la recuperación de los daños provocados por los siniestros del Hotel Saratoga y el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, y fueron respaldados los gastos para atender las afectaciones por el huracán Ian, incluida la bonificación del 50 % del precio de los materiales de la construcción, para apoyar a los damnificados en la reparación y construcción de su vivienda, así como subsidios a las familias sin capacidad de pago.

De modo que, con los ingresos recaudados solo se pudo financiar el 78% de los gastos totales. Una brecha relevante de gran impacto sobre la economía. Un dato que confirma la insuficiencia de la recaudación que el régimen pretende corregir por medio del "aumento de los ingresos presupuestarios, a partir del crecimiento de la actividad económica y el perfeccionamiento del sistema de control fiscal, hasta reducir gradualmente la condición deficitaria del presupuesto". Los aspectos antes expuestos tienen marcada incidencia en el sector no estatal, y el ministro reconoció “sobre el que no se ha articulado con la efectividad requerida el sistema de control fiscal”.

El balance entre los ingresos recaudados y la ejecución de los gastos presupuestarios determinó que el resultado de la liquidación del presupuesto del Estado del año 2022 significase un déficit de 70.376 millones de pesos.

El ministro reconoció que esta cifra fue inferior a la aprobada en los presupuestos iniciales que fue de 5.451 millones de pesos, un ajuste de solo un 7%, insuficiente para estabilizar la economía y que se ha realizado sin gastar menos (los gastos se han cumplido al 99%), ni variar sensiblemente la recaudación (que ha quedado en el 101%). Desde luego, un resultado sorprendente que permitió ejecutar la demanda de financiación por medio de la emisión de bonos soberanos de la República, en valores inferiores a los previstos.

Con respecto a los presupuestos locales, donde se prestan numerosos servicios básicos a la población, así como los programas de desarrollo integral de municipios y provincias, el ministro dijo que se registró un déficit de 45.281 millones. Una cifra inferior a lo planificado, como resultado del sobrecumplimiento de los ingresos y de la no ejecución de gastos en la actividad empresarial y de las inversiones.

El ministro reconoció finalmente que los altos déficits en los presupuestos locales requieren el diseño de programas específicos que conduzcan a recortar y superar la brecha fiscal, así como la insuficiencia de recursos propios para respaldar sus necesidades de gastos y, con ello, alcanzar su autonomía financiera.

La ejecución presupuestaria se enmarca en los límites aprobados en la Ley 144, pero el ministro reconoció que “existen dificultades que conspiran contra la correcta utilización de los recursos financieros, y la capacidad de obtener mejores resultados. Superar estas deficiencias constituye una prioridad en las proyecciones de trabajo del sistema de Finanzas y Precios, y en cuya solución deben implicarse, responsablemente, todos los titulares de recursos presupuestarios”.

Por otra parte, señaló que ya empezó el proceso de elaboración correspondiente al ejercicio fiscal 2024, "trabajando sobre la base del estudio de los resultados alcanzados y del análisis crítico y propositivo de soluciones sobre las limitaciones e insuficiencias que afectan la ejecución presupuestaria".

La persistencia del déficit, su rigidez y la forma de financiación con el recurso a los bancos, plantea un escenario de incertidumbre y desequilibrio en la economía cubana que las autoridades no están siendo capaces de corregir. El ministro de finanzas y precios lo sabe: en su departamento se encuentran los dos graves desequilibrios de la economía: inflación y descontrol fiscal.